Que se posponga la restructuración de deuda

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

cotto@claridadpuertorico.com

La Junta de Control Fiscal ha hecho una petición de posponer los procesos judiciales de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del Gobierno central ante la emergencia de salud provocada por la epidemia del coronavirus (COVID-19). Con ello da visos de que empieza a ver el asunto de manera diferente. 

Según el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, representante legal de la UTIER en el pleito contra la ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal (JCF), el 21 de marzo la JCF anunció que radicaría una moción para solicitar el aplazamiento de la audiencia de consideración del plan de ajuste de la deuda del Gobierno central y el 26 de marzo hizo lo mismo para la entrega de todos los alegatos relacionados con el acuerdo de la deuda de la AEE. 

“En realidad, yo creo que la situación ya estaba complicada antes del coronavirus. Ese era nuestro planteamiento público, que la economía no había crecido como debería crecer y que por tanto los planes fiscales, todos, están mal. Entonces explota lo del coronavirus cuando ya es evidente que las consecuencias económicas van a ser brutales”. 

A su juicio, el presidente de la JCF, José Carrión, “salió asustado porque todo el mundo en que su vida descansa se puede derrumbar. Él está en el mundo financiero de los seguros, y eso es lo más frágil de la economía. No es lo mismo que las compañías que fabrican cosas tienen maquinaria, tienen capital, tienen obreros. El sistema financiero es el primero que colapsa”. Se refiere a que Carrión hizo expresiones públicas en su carácter personal en el sentido de que habría que revisar todos los planes, incluyendo el recorte a las pensiones. 

El experto en casos de quiebra dijo creer que a la JCF no le va a quedar de otra que revisar tanto los acuerdos de deuda y el plan fiscal “porque los números no le van a cuadrar con el golpetazo que va a coger la economía”. Ya desde antes de que surgiera la situación de la epidemia la Junta había empezado un proceso de revisión del Plan fiscal que le había enviado el Gobierno. 

Añadió que considera que, en última instancia, las circunstancias van a obligar a la JCF a volver a la mesa a negociar. La posibilidad de que la cuarentena se extienda por más tiempo, el golpe que van a recibir las personas que no pueden trabajar y las ayudas federales que no se sabe cuándo van a llegar son factores que le parece que tarde o temprano la Junta va a tener que reevaluar. Todo  eso lo que va a obligar a unos acuerdos diferentes. 

Una parte importante es que los acuerdos tienen unos tiempos límites. En el caso de la deuda del Gobierno central, la declaración de divulgación del acuerdo tiene que estar aprobada en agosto y en el caso de la AEE, el plan tiene que estar confirmado para el año que viene.  “Eso, como van las cosas, no va a pasar. Esto obligaría a un nuevo acuerdo porque si los acreedores se retiran, se acabó el juego. Estamos en esa posición de cambio”. 

Preguntado por CLARIDAD sobre qué le parecían las declaraciones de la JCF en el sentido de que la seguridad y la salud del pueblo de Puerto Rico eran “primero” y que se habían asignado casi mil millones para atender la emergencia, Emmanuelli Jiménez, tronó que ese dinero no da  para nada. Mientras, la Junta tiene $9 mil millones en bancos reservados para los acreedores. Afirmó que la Junta sabe que esa cantidad no da para generar lo necesario para que la economía se parezca al menos a la de antes de los terremotos. 

En cuanto a las peticiones de la JCF al Tribunal, dijo que ha estado monitoreando la página de la Corte del Distrito Sur en Manhattan, donde está la jueza, y cada vez están poniendo medidas más estrictas relacionadas con la epidemia, lo que ha bajado el volumen de radicaciones de manera significativa.  “Los bufetes que generan todo esto están en compás de espera. La toma de decisiones es más difícil porque los clientes no están tan disponibles como antes, las agencias que cerraron a veces tienen que suplir información a la Junta y no están trabajando. Yo creo que esto eventualmente va a trancar el proceso de los casos de PROMESA hasta que se levante el toque de queda de manera segura”.  

A la luz de la situación, dijo esperar que haya un cambio de postura de la Junta y hasta del mismo Gobierno en términos de defender y definir cuáles son los servicios esenciales. “Todo esto nos lo podemos evitar si se atiende el problema de definir los servicios esenciales. Eso es vital para que luego de este pandemonio se sepa exactamente cuánto sobra para fines de límites de pago”.  

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