Por Manuel de J. González/CLARIDAD
La gobernadora Wanda Vázquez destituyó hace unos días a Erik Rolón, secretario de Corrección, luego de que murieran tres presidiarios y un guardia penal, ¿qué debe ocurrir antes de que despidan a José Ortiz, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica?
Además del gabinete completo de Ricardo Rosselló, el “nuevo” gobierno de Wanda Vázquez se ha quedado con buena parte de sus malas costumbres y una de las más sobresalientes es esperar a que estalle una crisis para despedir a algún funcionario. A pesar de que la evidencia que retrata la incompetencia, la negligencia o la corrupción se acumula, se le pide la renuncia cuando estalla algún escándalo o cuando la mala gestión se desborda. Lo que hizo Vázquez con Beatriz Zayas, la de Ciencias Forenses, y con Erik Rolón, el de Corrección, se parece mucho a lo que ocurrió con Ricardo Ramos en la AEE, con Julia Keleher en Educación, Héctor Pesquera en Seguridad y muchos otros.
La negligencia de Ricardo Ramos que, con la contratación de Whitefish rayó en lo criminal, era patente a solo días del azote del huracán María. No obstante, se le despidió en medio de un coro de protestas cuando ya el deterioro del sistema eléctrico era irreversible. En cuanto a Julia Keleher las denuncias sobre su gestión se acumulaban, pero cuando se le “renunció” en la misma conferencia de prensa se anunció que permanecería como “asesora” y que continuaría cobrando $250 mil anuales, aunque ya no sería secretaria. La cancelación del contrato se produjo cuando trascendió que, como parte de la investigación criminal que conducía el FBI, se había intervenido con sus cuentas bancarias.
La lista de Rosselló es larga y lo mismo se puede decir de Héctor Pesquera quien a pesar de que sobre su incompetencia se habían acumulado decenas de reportajes periodísticos, agotó su contrato y se fue con el “agradecimiento” del gobernador. Peor ocurrió con Ángela Ávila, aquella que estuvo a cargo del sistema de salud hasta el día después de su testimonio ante el gran jurado que eventualmente ordenó su arresto. En cuanto a los contratos que ella otorgó a la empresa de contabilidad BDO, se cancelaron luego de que su presidente también fuera arrestado y prestara fianza.
La “novedad” del gobierno de Wanda Vázquez la vimos hace algunas semanas cuando finalmente actuó con Beatriz Zayas, directora del Negociado de Ciencias Forenses, la tercera persona que Rosselló había nombrado a dirigir esa agencia y quien la mantenía en el mismo estado calamitoso que la tuvieron los anteriores. Sólo cuando trascendió que no era capaz ni siquiera para gestionar la documentación que permitiera utilizar varios vehículos especiales que costaron $2 millones, ordenó su despido.
Tras Zayas, el turno le tocó a Erik Rolón, una de las estrellas de Rosselló. Luego de fungir en Fortaleza como uno de los portavoces del derrumbe moral que terminó con su jefe, regresó tranquilamente al Departamento de Corrección donde empezaron a acumularse las noticias y la evidencia de su pobre gestión. Finalmente tuvieron que morir tres presidiarios y un guardia penal para que Vázquez lo renunciara. Además de las muertes se sabe que está activa una investigación criminal relacionada con subastas, pero fue el último deceso lo que produjo el despido y no la sospecha de corrupción.
Ante esa “tradición” lo que todo el mundo se pregunta es qué tiene que pasar para que José Ortiz, el director ejecutivo de la AEE, sea despedido. Este individuo será recordado como uno de los funcionarios más mentirosos que han pasado por administración alguna y, sobre cada una de sus mentiras existe amplia documentación.
La última de sus mentiras quedó retratada hace unos días cuando, tras el arresto de quien fungió como presidente de Cobra Acquisition, la empresa a la que la AEE contrató por $1,845 millones, se apresuró a decir que el contrato había quedado cancelado desde el pasado mes de marzo, cuando se supo de la investigación criminal contra la empresa. Una revisión del registro de contratos (y de cancelaciones) en la Oficina de la Contralora demostró que era otra de sus mentiras. Entonces “aclaró” que, aunque no hubo la cancelación, no se le estaban solicitando nuevos trabajos. Tal vez pronto sabremos que esa es otra mentira porque no es la primera vez que Ortiz dice un embuste para intentar tapar otro. Además, desde el punto de vista legal no es lo mismo cancelar un contrato que dejarlo “inactivo” porque las obligaciones que surgen del mismo siguen presentes.
La mentira reiterada es razón suficiente para prescindir de cualquier funcionario, sobre todo cuando cada acto mentiroso queda evidenciado en el récord público. Pero en el caso de Ortiz la conducta mendaz casi siempre encubre algún comportamiento nebuloso dirigido a beneficiar a un amigo o a un familiar. Recientemente, cuando se apresuró decir ante los medios que era urgente otorgar un contrato por $450 mil, la atención de todos se centró en la mentira que contenía el anuncio porque, cuando la gobernadora Vázquez le ordenó detener la contratación, entonces dijo que ya no era necesaria debido a una acción de FEMA. Luego la entidad federal aclaró que eso también era mentira. Esa cadena de mendacidad no era lo peor. Más grave es la información de que el contrato beneficiaría a la empresa a la que Ortiz estuvo vinculado antes de ir a la AEE y en la que ahora trabaja su hija.
El mismo tufo de corrupción despiden los contratos otorgados a José Pérez Canabal, su socio en pasados negocios, y quien, a su vez, estuvo imputado por actos fraudulentos. En esta ocasión, como en otras, a pesar de la denuncia la contratación se mantiene y Pérez Canabal sigue mandando y cobrando.
La historia de Ortiz, con sus denuncias y sospechas, es más dramática que la del recientemente renunciado Erik Rolón. Además, su cargo es mucho más importante que el de este último porque está al frente de la entidad que produce la energía que mueve la economía del país, manejado miles de millones de dólares cada año. Cualquier gobernante debiera estar atento a funcionarios como éste y disponerse a actuar ante la primera señal. Sin embargo, la podredumbre se acumula sin que la “nueva” gobernadora actúe.
