CLARIDAD
La Comisión Ciudadana para la Auditoria Integral del Crédito Público (CCAICP) considera que nunca es tarde para hacer una auditoría de la deuda, pero rechazas que sea la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OC) el ente indicado para llevar a cabo dicha tarea.
La advertencia de la Comisión es en reacción a la anunciada propuesta del gobernador, Pedro Pierluisi, de delegar en esa Oficina la auditoría de la deuda y sus implicaciones de los planes de ajustes.
“Recibimos positivamente cualquier propuesta que adelante una auditoría independiente de la deuda pública. Sin embargo, la misma no puede ser un ejercicio simbólico fútil, sino una auditoría integral, independiente, transparente y con amplia participación ciudadana, para que tenga credibilidad al pueblo. La oficina del Contralor no cuenta con las herramientas para hacer una auditoría forense de la deuda, como se necesita. Su experiencia ha sido con auditorías de cumplimiento. Además, la actual directora, Yesmín Valdivieso, se ha expresado en contra y ha rehusado constantemente realizar esa auditoría de la deuda, como el pueblo ha pedido en los pasados cinco años”, denunció, José González Taboada, CPA, y vice-presidente de la Comisión.
A preguntas de CLARIDAD,el profesor de Contabilidad en la Universidad de Puerto Rico (UPR,Recinto de Río Piedras) subrayó que nunca es tarde para hacer una auditoría, independiente de lo que pueda pasar con la negociación de la deuda, debido a que el pueblo de Puerto Rico necesita saber qué sucedió y cómo fue que de la noche a la mañana el país se montó en una deuda incontrolable. Apuntó que no solo se refiere a la deuda de obligación general —los llamados bonos generales—, sino también a la deuda de COFINA, la cual en un periodo de menos de siete años se trepó a $17 mil millones. También están los bonos del Sistema de Retiro, “un dinero que básicamente se esfumó; o sea, hay muchas peguntas que no se han contestado, hay mucha gente que no ha rendido cuentas. De manera que decir, por ejemplo, que ya no hay tiempo porque pronto hay que finiquitar una negociación con los bonistas, que la Junta (se refiere a la Junta de Control Fiscal) va a hacerlo no es razón para hacer la auditoría”.
De acuerdo con lo divulgado por la JCF, se supone que el 10 de febrero se presente ante la jueza LauraTaylor Swain, un plan de ajuste de la deuda de los bonos generales. González Taboada reparó en que una auditoría como la que la Comisión ha estado exigiendo hace casi cinco años no se hace de aquí al 10 de febrero, pero aun si la juez de quiebra tomara unas determinaciones y se llegara a unos acuerdos, comoquiera, hace falta la auditoría. “Con los bonistas de COFINA se llegó a unos acuerdos muy malos para el pueblo de Puerto Rico; pero eso no quiere decir que no debamos investigar. Así que mi posición, y estoy seguro que de toda la Comisión, es que queremos que se haga la auditoría. No es solo un asunto, sin minimizar la importancia de identificar deuda que no se debe pagar. Eso es importante, pero no es el único asunto que nos concierne”.
González Taboada defendió que el beneficio principal de la auditoria sería identificar los errores que se cometieron para que no se repitan: “De nada vale salir de una deuda y que luego continúen las malas costumbres que nos llevaron a donde estamos”. Continuó con que no se puede validar lo que se hizo mal, por lo que hay que crear los mecanismos para evitar que vuelva a suceder. Trajo que, por ejemplo, hubo deuda que se emitió, que de hacerse una auditoría va a revelar que se emitió fuera de la cláusula constitucional. “Hay que asegurarse de que cuando el Gobierno quiera volver a emitir deuda tenga que cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales —son muchos los beneficios que produciría esta auditoría para el pueblo de Puerto Rico— y evitar que volvamos a caer en este asunto”.
Respecto a la oposición a que sea la OC la que pueda hacer una auditoría, González Taboada reiteró que una auditoria como la que busca la Comisión Ciudadana requiere unas destrezas de investigación forense que no necesariamente tienen los oficiales de la OC. Describió que la OC lo que fundamentalmente busca es ver el cumplimiento de los contratos. “No estoy diciendo que no lo puedan adquirir, pero ahora mismo no tienen el peritaje necesario para hacer este tipo de auditoría”.
La Comisión Ciudadana hizo además un reclamo de acceso a la información sobre la deuda. “Es el pueblo de Puerto Rico a quien le toca pagar esta deuda, y somos los que menos acceso tenemos a los datos e información relacionada con esta”.
En relación con la resistencia del Gobierno a proveer información, González Taboada trajo a la atención que cuando la comisión se creó por ley, fue por encima del deseo del gobernador de entonces, Alejandro García Padilla. Luego, cuando llegó Ricardo Rosselló, este desmanteló la Comisión. Paraél es obvio que “no hay ningún interés de que se investiguen las cosas y, claro, el gobernador Pierluisi está diciendo lo que le conviene decir: que ahora sí se va hacer una auditoría, que la deuda ilegal no se va a pagar. Pero para mí, eso es con las muelas de atrás”.
La Comisión Ciudadana ha sometido solicitudes de información tanto a AFFAF y a la AEE sobre la deuda pública, que no han sido contestadas. Por ello, han requerido recurrir al Tribunal.
Aun así, la Comisión sigue trabajando. “Tenemos el mayor interés en continuar defendiendo que se haga una auditoría. Sería bueno que la nueva Legislatura vuelva a crear una comisión por ley; pero aparentemente no es lo que quiere Pierluisi. El gobernador no tiene poderes sobre el contralor, es la Asamblea Legislativa. Este tendría que pedirles que la ordenaran. Espero que la Asamblea Legislativa mire a ver si en efecto la OC cuenta con los recursos y el peritaje necesarios para hacer esa auditoría. Espero que cuando eso llegue a la Asamblea Legislativa se hagan vistas públicas para que los ciudadanos interesados en ese proceso acudan a deponer”.
