Rechazo a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica

Por Cándida Cotto/CLARIDAD
ccotto@claridadpuertorico.com
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), junto a la Junta de Control Fiscal (JCF), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y en esta ocasión junto al Negociado de Energía (NEPR), entidad  que se supone vele por los consumidores, se confabularon para pactar la privatización de la citada corporación pública a espaldas de los y las consumidoras(es) del pueblo de Puerto Rico.
Este lunes 22 de junio en un anuncio inesperado la JCF dio a conocer que había aprobado el acuerdo alcanzado por AAPP para ceder a la empresa LUMA Energy la operación del sistema de transmisión y distribución de la AEE. Aunque el anuncio de la privatización no es sorprendente ya que ese es uno de los fines manifiestos de la JCF, de la actual administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) que fue la que aprobo la ley así como de miembros del Partido Popular Democrático (PPD). Lo que perturba es que el Negociado de Energía según dijo la JCF había aprobado hacia una semana el acuerdo. EL NEPR nunca dio a conocer al público que tenía ante su consideración el citado acuerdo.
Según informó la JCF la AEE retendrá la titularidad de los activos del sistema de transmisión y distribución, en tanto LUMA Energy se encargará de las operaciones del sistema, lo que incluye el servicio al cliente y la facturación. El contrato incluye un periodo de transición de 12 meses, antes de que entre en vigencia el contrato por 15 años. Este periodo de transición es con el propósito de la AEE complete su proceso de la negociación de su deuda bajo el Titulo III de la ley Promesa.
Frente a este desarrollo las organizaciones agrupadas bajo la propuesta de Queremos Sol repudiaron la privatización la cual calificaron como el de una transacción carente de transparencia y participación pública, que solo beneficia a intereses particulares.
“La contratación, que compromete otros $1,500 millones del pueblo, se suma al largo trayecto de transacciones irregulares y desacertadas que han lacerado la imagen y capacidad de esa corporación pública y que retrasan la agenda hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, ubicada principalmente en techos. El contrato es leonino y no protege los intereses del pueblo”, dijo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO.
Las organizaciones instaron a los ciudadanos y ciudadanas a expresar su rechazo a la transacción, así como a orientarse sobre la alternativa democrática y sostenible que ofrece Queremos Sol. “Hemos compartido la propuesta con comunidades y otras organizaciones. Es importante que cada ciudadano y ciudadana sepa que Puerto Rico tiene opciones más costo efectivas para todos. Debemos reclamar al gobierno que desista de la privatización y considere nuestra propuesta con seriedad”, expresó Adriana González, coordinadora de Sierra Club.

Mientras el licenciado Pedro Saadé Lloréns describió el acuerdo como “otro más en la trayectoria de malas transacciones de gobierno que perjudican al país y enriquecen a intereses privados con el potencial de aumentar el costo de energía a los consumidores”. Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración, reparó en el que si el contrato fuese una buena transacción para el pueblo no hubiesen tenido que ocultarla del escrutinio público como hizo la alta gerencia de la AEE. El grupo destacó además que, lejos de contar con una visión energética abarcadora y de largo plazo, la propuesta de privatizar la AEE fue utilizada como subterfugio por el gobierno de Ricardo Rosselló ante su desastre en el manejo de la emergencia y el restablecimiento rápido del sistema eléctrico.

En esa línea se expresó el doctor Agustín Irizarry, catedrático del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (PR-M) y una de las máximas autoridades en el tema energético en Puerto Rico.
“Aquí los directivos de la AEE y el gobierno deciden abdicar en su deber de administrar los bienes públicos ante su propia incapacidad en el manejo eficiente y efectivo de esa corporación. Los servicios esenciales, como es el servicio eléctrico, no pueden estar a la merced del mercado ni sujeto a motivaciones de ganancias. Esto aumenta la vulnerabilidad de nuestro pueblo, particularmente de las comunidades más necesitadas”.
En tanto el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que el proceso dejó fuera a los empleados de la AEE, cuya plantilla ha sido reducida en los últimos años como estrategia para favorecer a intereses corporativos y justificar la venta de la utilidad. “Ahora, los trabajadores están expuestos al riesgo de perder sus trabajos a discreción de la empresa contratante. De igual forma, el contrato abre la puerta para la quiebra del Sistema de Retiro de los empleados. Un proceso de transformación serio hubiese integrado a los trabajadores que conocen de primera mano las necesidades y las oportunidades de proveerle a Puerto Rico un sistema eléctrico confiable, costo-efectivo y sostenible”, indicó.
El presidente de la Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Abraham García Román, también rechazó expresiones vertidas por directivos del gobierno que indicaban que los empleados de la AEE estaban complacidos con esta transacción. “Este nefasto acuerdo traiciona al pueblo de Puerto Rico, la confianza y lealtad de los empleados de la AEE que, a pesar de todas las dificultades por falta de mantenimiento, materiales y equipo, nos mantuvimos trabajando y logramos levantar el sistema eléctrico hasta el último cliente luego del paso del huracán María, el terremoto y que hoy lo mantenemos a pesar de la pandemia del COVID-19”.

Por otro lado, Federico Cintrón, director de El Puente sentenció que la transacción representa otro retraso en la agenda de transformación del sistema hacia la eficiencia y la energía renovable distribuida, pues se perpetúa el modelo centralizado. Advirtió que la empresa contratada se especializa en generación centralizada y en infraestructura de transmisión a gran escala, no en la generación distribuida, que es el modelo más conveniente para Puerto Rico.
Otra de las participantes de Queremos Sol, la licenciada Ruth Santiago argumentó que el contrato es contrario a la propia política pública de lograr que las y los ciudadanos sean productores de energía a través de sistemas fotovoltaicos en techos, baterías, eficiencia energética y otras alternativas a las grandes plantas centralizadas que tanto dependen de un sistema de transmisión y distribución vulnerable a los huracanes y a tormentas cada vez más frecuentes e intensas.
Las organizaciones adelantaron que continuarán alzando la voz para que quienes gobiernan entiendan que Puerto Rico no está dispuesto a dejarse engañar más y que próximamente darán a conocer nuevos esfuerzos en busca de evitar que el gobierno siga hundiendo al país con más proyectos y contratos nocivos para el pueblo.

El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y candidato a la gobernación licenciado Juan Dalmau Ramírez, también hizo expresiones de rechazo a la privatización. “este gobierno le entregó a una corporación extranjera la administración de un servicio esencial y necesario para todos, residentes y comerciantes. El impacto será aumento en las facturas, ya no solo por la determinación del acuerdo de la Juez Swain sobre la AEE en la fase de la generación, sino porque ahora la distribución se privatiza. Son dos aumentos señalados que causan enorme daño al bolsillo de los consumidores residenciales y aumenta los costos operacionales de los pequeños y medianos comerciantes”, advirtió.

El nuevo partido político Victoria Ciudadana es otra de las voces que han rechazado el acuerdo de privatización. “Por décadas hemos visto lo nefasto que han resultado las políticas de privatización. Servicios que antes ofrecía el gobierno se le dejan al sector privado, pasan de ser un bien público para convertirse en una empresa más en búsqueda de ganancias. Cuando el fin es la ganancia, el servicio y los costos para los consumidores pasan a ser consideraciones secundarias. Quizá el caso más dramático sea el del sistema de Salud”, expresó el candidato al Senado por acumulación, Rafael Bernabe, en comunicado de prensa. La entidad exhortó a un frente común para exigir que se cancele el contrato.