Rechazo contundente al nuevo miembro de la JCF

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El rechazo al nombramiento de Justin Peterson como integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene que ver con denuncias de conflictos de intereses tanto con bonistas como con los dos partidos políticos de mayoría en la isla.

La nominación del nuevo integrante, quien no tiene preparación formal en finanzas, procesos de quiebra o economía, fue dada a conocer por el presidente Donald Trump el pasado seis de octubre. Aun con la designación de Peterson, todavía siguen vacías tres de las siete posiciones en la JCF: los puestos de José Ramón González y Carlos García, quienes renunciaron en agosto, y la del juez Arthur González, quien renunció el ocho de octubre.

El presidente de la JCF, José Carrión, rehusó a continuar en la Junta al concluir su término, también en octubre. En esa misma semana, el resto de los miembros de la Junta seleccionó a David A Skeel como el nuevo presidente. Llama la atención que todo sucedió a un mismo tiempo.

Respecto al nuevo integrante de la JCF, el licenciado Luis José Torres Asencio, presidente y portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD), denunció “El Sr. Peterson y su compañía DCI han dirigido campañas bien agresivas contra el mejor interés del pueblo de Puerto Rico para lograr el pago de los bonos de sus clientes, fondos buitres, como el Grupo Ad Hoc de Fondos GO. Durante el proceso de quiebra, se han opuesto a la auditoría y reestructuración de una deuda claramente insostenible, e incluso, a la impugnación de bonos de COFINA que violaron el tope constitucional. Sus estrategias han incluido métodos tan cuestionables e inescrupulosos como la contratación de políticos locales del PPD y PNP como cabilderos. Y ahora, figura como donante para candidatos como la comisionada residente, Jennifer González”.

Precisó que en este momento el Grupo Ad Hoc está en la mesa de negociación con la JCF para el próximo plan de ajuste de la deuda del Gobierno central, que incluye recortes abusivos a las pensiones. “Este nombramiento se da justo cuando la Junta no ha llegado a un acuerdo con los bonistas en la revisión del plan a la luz del impacto de la pandemia en la economía de la isla y a nivel mundial. De esta persona llegar a la Junta va a provocar mucho dolor para el pueblo de Puerto Rico” añadió Torres Asencio.

El portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda (CCAD), José Rivera Santana, también llamó la atención a que “los bonistas GO, y clientes del Sr. Peterson, han sido los acreedores más agresivos, pidiendo el pago del 100% de su deuda, la mayoría emitida de forma ilegal y sin tener el país capacidad alguna de pago. Ahora tendrán a su cabildero como parte de la Junta. El conflicto de intereses es terrible. El nombramiento de Peterson tendrá serias implicaciones sociales para la isla, todavía en recuperación por el paso del huracán María, terremotos y ahora el COVID”.

Ambas organizaciones reclamaron que la única salida viable para el proceso de quiebra sigue siendo la auditoría de la deuda y la cancelación de aquella emitida de forma ilegal, ya que el insistir en planes de pago insostenibles a los bonistas solo mantendrá a la isla en un proceso de impago eterno.

Por su parte, la licenciada Eva Prados Rodríguez, candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también repudió el nombramiento: “El Sr. Peterson y su compañía, DCI, han trabajado directamente y durante años con los fondos buitres de forma totalmente inescrupulosa y sin importarle las implicaciones sociales y económicas del pago de una deuda insostenible en la economía de la isla. Esta persona solo va a la Junta a lucrarse y buscar el pago de sus clientes, representando un serio conflicto de intereses”.

Al igual que Torres Asencio, apuntó a la “casualidad” de que el nombramiento se dé a la par que la JCF revisa el plan de ajuste de deuda con los bonistas del Gobierno central.

Sobre los vínculos de Peterson con el PPD declaró: “Como ha sido reseñado y denunciado, entre las estrategias del Sr. Peterson y DCI para lograr el pago de los bonos de sus clientes fue contratar en el pasado a Roberto Prats y Héctor Ferrer para que ellos cabildearan en su lugar dentro de la administración popular de Alejandro García Padilla, denuncia que fue filtrada a los medios y donde el actual candidato a la gobernación por dicho partido, el Sr. Charlie Delgado, optó por defender a Prats y Ferrer, en lugar de cuestionar este tipo de influencias indebidas. Incluso tildó de traidores a los que cuestionaron estos vínculos.”

La candidata a la Comisaría Residente por el MVC, Zayira Jordán Conde, también denunció los vínculos de Peterson con el PPD y el PNP: «DCI Group ha representado por varios años intereses contrarios a los de la mayoría del pueblo de Puerto Rico y han sido los responsables de campañas y decisiones negativas contra nuestra gente. Mientras esto ocurre, el liderato del PNP y PPD han servido de colaboradores para este grupo de cabilderos».

En el caso del PNP, dijo que DCI Group, incluyendo el propio Peterson, han sido donantes de las campañas de múltiples candidatos, entre las cuales figura la campaña de la comisionada residente, Jennifer González.

 

 

 

 

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