CLARIDAD
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Líderes y activistas ambientales exhortaron a ejercer presión pública sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) para que investigue sobre el contrato de la empresa DebrisTech con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y para que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cumpla con su deber ministerial de detener las intenciones de talar 9,925 mil árboles y la poda de otros 15,001.
Según dio a conocer el Nuevo Díael 15 de noviembre, el DRD solicitó a FEMA una extensión de 90 días para completar los trabajos de poda y tala en las instalaciones de la Compañía de Parques Nacionales (CPN). La fecha fijada por FEMA para terminar los trabajos era hasta este 30 de noviembre.
En entrevista con CLARIDAD,el exdirector de la Compañía de Parques, licenciado Samuel González, reaccionó molesto ante la noticia de la pretensión de continuar con la masacre ambiental y reprobó la conducta del secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo Maldonado, de responsabilizar a la secretaria de Recreación, Adriana Sánchez, por el trabajo. González apuntó que Machargo tiene bajo su jurisdicción la responsabilidad en ley —la ley 1 de la Ley de Bosques— de la protección de los bosques.
González, quien se mantiene activo en la denuncia de la tala de los árboles por la empresa DebrisTech expresó que siente particular preocupación por el Monte del Estado de Maricao, en el cual no hay veredas ni caminos, por lo que puede correr la misma suerte de corte indiscriminado como sucedió con el Parque Monagas de Bayamón.
“Tengo información de funcionarios que me han dicho que es totalmente innecesario lo que van hacer porque estos fondos se piden para recoger escombros luego del huracán María. Y en el área de Parques Nacionales, donde va a ir la gente, en el caso del Monte del Estado, que son las cabañas y el área de acampar, ya eso lo limpiaron los empleados. El centro vacacional estaba listo para abrir”, reveló.
González recordó que gran parte del bosque de Maricao sufrió un fuego hace unos años atrás “y aquí nadie fue a recoger escombros de los árboles que se quemaron. Ese bosque está rehabilitado y, ahora, a los palos que están partidos o viraos por Irma y María, esta gente quiere meter tractores, jirafas… para sacar dinero”.
Expuso que el efecto ambiental de que se corten árboles y se meta maquinaria en el bosque, cuando no se tienen caminos hechos, va a provocar problemas de escorrentías y erosión. “La naturaleza tiene sus procesos de rehabilitación, que ya pasaron”.
Otra instalación en la cual denunció hay irregularidad es en el balneario de Boquerón, en Cabo Rojo. Allí los árboles no están demarcados todavía y ya la empresa ha movido dos camiones canastas al área.
Es muy posible que la información que le ofrecieron a FEMA para que se diera el permiso fue que se habían identificado 9 mil árboles. Por eso el exdirector de la Compañía de Parques insiste en que FEMA tiene que investigar si eso es correcto o no. Añadió que incluso en el zoológico de Mayagüez llevan tres semanas impactando áreas que no son accesibles al visitante.
En tanto, en entrevista por separado, Juan Camacho, portavoz del grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente (TDA) también responsabilizó al secretario del DRNA.
“Nos parece que esto es una muestra más de la incompetencia del DRNA, que hace ya décadas dejó de ser la entidad que proteja y ayude a fortalecer los recursos naturales y ambientales”.
Al igual que González, subrayó que el secretario de Recursos Naturales está delegando funciones “debido a su incompetencia. Ese trabajo de la tala de árboles le corresponde a los arbolistas, taxónomos de Recursos Naturales. Entonces, viene una empresa privada. Son los que determinan lo que van a cortar, y es la misma empresa la que los corta sin ninguna intervención del DRNA, que es la que tiene la función ministerial de atender esa situación. Eso es una falla grave. Eso trae el conflicto de intereses con empresas privadas, que vienen a ejercer las funciones que le toca al DRNA”.
Añadió que cuando dieron a conocer sobre la situación en Cerro Gordo detectaron que la empresa había pedido permiso para talar 14 árboles y tumbaron 1,110, muchos de ellos en peligro de extinción, y nadie del DRNA se personó al lugar para verificar.
Los activistas denunciaron que el DRD no tiene un plan de mitigación para reemplazar los árboles o la vegetación que se corte.
Tanto González como Camacho expresaron su rechazo a la posibilidad de que el actual secretario del DRN permanezca en su puesto. “Lamentablemente, ha demostrado una ausencia, que es fundamental en un funcionario público, en la apertura a la comunicación. Y cuando tú tienes un jefe de agencia que no tiene la capacidad, transparencia, no está facultado para dirigir una agencia”, apuntó González.
El grupo Toabajeños en Defensa del Ambiente tiene una página en la WEB, Dile no a Machargo para secretario de Recursos Naturales, en la cual exhorta al público a apoyarlos con su firma.
Mientras, el portavoz de Ciudadanos del Karso, Abel Vale, señaló que ya hay conocimiento dentro de FEMA de que alguien en la agencia se hizo de la vista larga de lo que pasó en Cerro Gordo. Por lo tanto, este es el momento oportuno para que antes de dar ninguna extensión FEMA llame a todas las partes e investigue qué es lo que está pasando.
“Uno puede entender que pueda haber unas necesidades en los distintos parques nacionales que hay que resolver, pero no es cortando la cantidad de árboles que dicen, y todo por el hecho de que hay dinero envuelto. Que sean ecólogos y ecofisiólogos los que realmente determinen cuáles son las necesidades reales y que, basado en esas necesidades y con la supervisión adecuada, se hagan los trabajos y no pase lo que pasó en Cerro Gordo. Esa es una forma de FEMA actuar responsablemente. Si FEMA no actúa de esa forma, se vuelve cómplice de las agencias que han actuado totalmente irresponsablemente”.
Vale cuestiona de dónde la empresa o el Departamento de Recreación determina la cantidad de árboles a cortar si nadie ha visto los estudios que lo sustenten. “Pero cuando se mira la cantidad de árboles a cortar, ¿me van a decir que después del huracán María, tres años después que ya literalmente la vegetación está en un proceso de rehabilitación, hay que tumbar 9 mil y pico de árboles? Obvio, la cantidad, aquí lo que hay es una situación donde hay unos fondos disponibles. Mientras más yo digo que hay que cortar…”
También dijo que era cuestionable que se utilizaran criterios de país templado, de los bosques de Estados Unidos, y no criterios de un país tropical, como lo es Puerto Rico.
“No es comparable que si los árboles tienen las raíces por fuera eso sea un peligro. Pues habrá que cortar todas las ceibas en Puerto Rico. Hay otras especies…que si la inclinación de los árboles los hace muy peligrosos. ¡Es rara la palma de coco sea derecha! Son unos criterios que debieron adaptarse a la realidad ecológica de un país tropical y no a la realidad de un país templado como lo es Estados Unidos”.
El portavoz de Ciudadanos del Karso fue otro que cuestionó el que el DRNA haya cedido su deber ministerial al DRD, acción que está cuestionada en el tribunal por el Municipio de Toa Baja y un grupo de usuarios del Parque Monagas.
Una vez más recabó la necesidad de la presión pública sobre FEMA para que se investigue lo que se está haciendo y permita a los expertos hacer planteamientos con los criterios que deberían tenerse en consideración antes de dar una extensión.
En un reportaje de junio de este año, CLARIDAD dio a conocer que según información de la Oficina del Contralor, el primer contrato con DebrisTech se firmó en marzo de 2019, por la cantidad de $1,850 mil. En marzo de este año se enmendó por la cantidad de $8,834.116.30 y en junio se volvió a enmendar para extenderlo hasta diciembre. por la cantidad de $9,337,466.30.
