Mario R. Cancel-Sepúlveda
La debilidad del PPD, la ambigüedad y la vacilación de la política estatutaria de aquella organización a lo largo de la década de 2000, explica en parte por qué el plebiscito de 2012 recibió el carácter de urgencia que le imprimió la administración del PNP encabezada por el abogado corporativo y gobernador Luis G. Fortuño Burset (1960- ). Este líder constituyó una pieza clave en el intento fallido de romper con lo que algunos denominaban rossellismo, problema que metaforizó en la imagen de un “cáncer” que “carcomía” la organización estadoísta[1]. El exabrupto y la cadena de “disculpas” entre las partes fue “sobrecogedora”: solicitada la excusa y concedida por el ofendido, en 2014 Ricardo Rosselló Nevares (1979) perdonó a Fortuño Burset por un insulto a su padre que en nada cambió la situación del estadoísmo puertorriqueño en aquel momento.
A nivel global en el entorno neoliberal el populismo conservador, considerado de derecha, había ganado una significada fuerza, situación que exacerbó el populismo liberal, considerado de izquierda. El perfil de “derecha” siempre ha sido más fácil de precisar que el de la “izquierda” pero ese tema requeriría un discusión más cuidadosa. Puerto Rico no fue la excepción. El reforzamiento del soberanismo de todo tipo en el seno del PPD ha sido la expresión más clara de ese fenómeno.
Fortuño Burset justificó la consulta estatutaria por varias vías. La primera era puramente estadística: la victoria electoral apabullante del PNP en las elecciones de 2008 con el 52.84% de los votos, ante un candidato del PPD, Acevedo Vilá, débil y con una imagen devaluada incluso en el seno de su propio partido, fue patente. El defensor de la asamblea constitucional de estatus, un salida radical solo en apariencia, acabó marcado por una acusación federal por corrupción durante una campaña electoral de la cual, al cabo del proceso, no resultó “inocente” sino “no culpable”. El proceso ocupó los medios de comunicación masiva entre marzo de 2008 y marzo de 2009.
Acevedo Vilá, acusado por las autoridades federales en un caso con fuertes visos políticos que involucraba a la fiscalía federal y los sectores republicanos del PNP, impuso su candidatura a pesar de que numerosos alcaldes, soberanistas y no soberanistas, presionaron para que retirara sus aspiraciones. Me consta de propio conocimiento, conversé con ellos, que un grupo de alcaldes identificados con el soberanismo habían articulado un plan para que Acevedo Vila no fuese el candidato a la gobernación. Desde mi punto de vista aquellos alcaldes, sin duda, participaban de una lógica pírrica: si el PPD iba a perder las elecciones que fuese con un candidato “fresco” y no con uno “quemado” por los medios. La candidatura de Acevedo Vilá le daba municiones a la campaña del PNP y, en un país en el cual los “federales” son tan irracionalmente respetados, aquello iba a tener un alto costo político.
En aquel entonces nadie esperaba que Acevedo Vilá volviera a postularse para un puesto público después de aquel atropellado proceso. Sin embargo, en 2020, apoyado por el azar, volvió a imponerse para la comisaría en Washington con resultados similares. Acevedo Vilá representaba la semilla de una nueva gerontocracia de populares influyentes que apoyaba su influencia en posturas teóricamente más progresistas y avanzadas que las de Hernández Colón y sus acólitos. Se trataba de una condición siempre incómoda de la cual figuras como Muñoz Mendoza y Calderón Serra, se liberaron muy bien.
De una parte, la crisis gubernamental y fiscal de 2006 bajo la administración Acevedo Vilá, que condujo al cierre temporero del gobierno y a la imposición del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) del 7 %; y el déficit presupuestario que forzó al gobierno del ELA a tomar prestados 500 millones de dólares para pagar la nómina de sus trabajadores, completaron un cuadro incómodo que hablaba mal del cuatrienio de Acevedo Vilá. Uno y otro proceso estaba profundamente imbricados: los ingresos del IVU debían actuar como fuente segura de repago de la deuda.
De otra parte, los informes del Comité Interagencial del Congreso de 2005 y 2007, ambos emitidos bajo la administración del presidente republicano Bush, hijo, dieron continuidad a las conclusiones del “Informe John Bennett Johnston” (1989) y del “Proyecto Donald Young” (1996).
En 2005 cualquier observador más o menos informado debía reconocer que el ELA, tal y como se había formulado en 1952, ya no era una opción válida para el futuro de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. Curiosamente, no fue hasta el 13 de mayo de 2016 que el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia Gauthier (1964- ), en medio de la discusión para la creación de una Junta de Supervisión (asesoría o control es indistinto) Fiscal para el ELA, afirmó que “En EE.UU. nadie cree en el ELA”. El subtítulo del parte de prensa no debía sorprender a nadie: “El presidente del Senado dice que no ha encontrado una persona en ese país que crea que la relación entre Puerto Rico y Washington puede seguir como ahora”[2]. El planteamiento pudo haber sido hecho en los mismos términos en el 2000 o en el 2005, sin lugar a duda, pero en aquel entonces ni siquiera los populares soberanistas más arriesgados se hubiesen aventurado a afirmarlo.
En 2007 el Comité Interagencial había propuesto una consulta de estatus en dos fases. La primera, cuestionaría la deseabilidad o no de continuar como territorio no incorporado, entiéndase, colonia o ELA. De ganar el “Sí”, terminaba el proceso y se aceptaría esa expresión para legitimar la condición colonial. De ganar el “No”, como era de esperarse, se celebraría una segunda consulta. El propósito de aquella no sería decidir sobre el futuro político del país sino sobre el método a utilizarse para resolverlo: o un plebiscito o consulta entre una variedad de opciones o una asamblea constituyente como proponía Acevedo Vila.
La fase final del proceso -la solución- era un territorio abierto para la imaginación. Me parece innegable el hecho de que el ELA ya no estaba bien aspectado en Washington desde la década de 2000 y que su funcionalidad se había reducido durante el tránsito y desarrollo del neoliberalismo. La respuesta del PPD al imperativo moderado fue radical y de principios: no reconoció legitimidad a los informes de 2005 y 2007 porque representaban la posición republicana. La actitud era comprensible dada la debilidad organizativa y la crisis de liderato que les aquejaba, pero aquella implicaba tomar distancia de un asunto que requería mayor atención.
Cuestiones de retórica ¿cómo lo vamos a preguntar ahora?
El plebiscito del 6 de noviembre de 2012 auspiciado por Fortuño Burset y el PNP, combinó las elecciones generales con la consulta de estatus. La mayor parte de los observadores reconoce que el estatus y la política cuatrienal están vinculadas. La práctica de separar una discusión de la otra ha respondido al hecho innegable de la heterogeneidad de la militancia de los protagonistas del bipartidismo. Lo cierto es que no todos los votantes del PNP son estadoístas y el PNP no atrae a todos los estadoístas convencidos: el voto flotante y los estadistas radicales son ejemplo de una y otra situación. De igual modo, no todos los populares son estadolibristas bona fide y no todos los votantes del PPD asumen la defensa de una forma de autonomía que consideran caduca: los soberanistas y el llamado voto “melón” son ejemplo de una y otra situación. Uno de los riesgos de integrar el plebiscito con la contienda electoral en 2012 era que la imagen de Fortuño Burset en 2012 ya no era la misma que en 2008. Algunos observadores, entre los que me incluyo, apuntaban que la táctica de apelar al asunto del estatus se elaboraba con la esperanza de ganarle apoyo electoral para una reelección que muchos consideraban dudosa.
El entonces candidato a la gobernación, un joven García Padilla, fue quien dirigió la campaña de los populares. Las circunstancias le favorecían. Su pasado político llama la atención del observador cultural de inmediato. Entre el 2005 y el 2007 había actuado con secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, la figura central de la economía neoliberal. Su gestión lo convirtió en una figura muy popular entre la gente y en los medios de comunicación. La argumentación principal del director de campaña del Partido Popular Democrático (PPD), Irving Faccio en una entrevista de 2012, ante los señalamientos de falta de experiencia del candidato vertidos por el director de campaña del PNP Marcos Rodríguez Ema, era insistir en llamar la atención sobre su “su récord en DACO”[3]. García Padilla había refundado el populismo de batey de Muñoz Marín con cierto neopopulismo de gasolinera y medianos comercios. El también abogado provenía de una familia de profesionales vinculados a la educación, la política y a la industria de los seguros de salud. Su hermano, Luis Gerardo, administraba Medicare y Mucho Más (MMM); su otro hermano, Antonio, fue presidente de la Universidad de Puerto Rico entre 2001 y 2009; y Juan Carlos ha sido alcalde de Coamo desde el 2000.
La consulta plebiscitaria de 2012 fue diseñada de acuerdo con las recomendaciones del Comité Interagencial del Congreso de 2007. Pero la segunda fase de la recomendación de aquel cuerpo fue revisada y transformada en dos preguntas que debían responderse en dos papeletas distintas. La primera papeleta, siguiendo la fórmula de un referéndum cualquiera, inquiría en torno a un “Sí” o un “No” al Estatus Territorial, es decir, al ELA el territorio no incorporado o la colonia. El “Sí” obtuvo 828,077 votos o 46.03 %. El “No” obtuvo 970,910 votos 53.97 %.
Aquel 46.03 % que favorecía el Estatus Territorial planteaba numerosos problemas interpretativos. ¿Eran colonialistas sinceros o populares conservadores fieles a su partido? En cuanto al 53.97 % que se oponía al Estatus Territorial eran más fácilmente discernible. La lógica contextual sugería que se trataba de una coalición de estadoístas, independentistas, soberanistas y/o defensores de la libre asociación, ambiguamente identificada a veces como ELA soberano o república asociada. Del total de 1,775,893 de votos emitidos, 65,863 fueron en blanco y 13,160 papeletas fueron protestadas. Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que aquella resultó ser la primera victoria histórica de un “No” al ELA. La tasa de participación alcanzó un significativo 78.19 % del electorado.
La segunda papeleta no preguntó por el método de solución de estatus sino por la preferencia futura entre la estadidad, el ELA soberano y la independencia. La estadidad obtuvo 834,191 votos o $61.16 %, la independencia consiguió 74,895 votos o 5.49 %, y el ELA Soberano 449,679 votos o 33.34 %. En blanco se contaron 498, 604 o el 28.07 %, suma que algunos analistas consideraron como el equivalente de los populares fieles y moderados que votaron de acuerdo con la dirección de la campaña. Un total de 18,357 papeletas fueron protestadas.
Lo más relevante, desde mi punto de vista, fue que la indicación de dejar en blanco la segunda papeleta, postura oficial del PPD, no fue atendida como esperaban los elementos moderados de esa organización, incluyendo a García Padilla. El ELA soberano, considerado por muchos un equivalente de la libre asociación, había obtenido un respaldo inesperado en el proceso. La opción de la estadidad se impuso por la división de los populares, aunque ello no debería ser interpretado como una debilidad de esa propuesta libreasociacionista. Las mayorías votaron por la estadidad y esa parecía ser la preferencia de un número cada vez más significativo de electores en el país. Desde 2012 en adelante el sentido de urgencia que le había impuesto Romero Barceló a la estadidad a fines de la década de 1970 como un proyecto estatutario que buscaba la “igualdad”, un derecho natural, se profundizó. Aquella fue la victoria ideológica más significativa del caudillo estadoísta fallecido en 2021.
La consulta de 2012 se caracterizó por la ambigüedad del lenguaje estatutario. La legitimidad de sus resultados ya estaba comprometida cuando se contó el último sufragio. Por un lado, se alegó que el lenguaje jurídico no se había ajustado al derecho internacional por el hecho de que el “ELA Soberano” era un concepto extraño a aquel. Por otro lado, las condiciones de la estadidad y la independencia por la cual se votaba no habían sido precisadas. ¿Requerirían una transición negociada? ¿Requeriría la concesión de privilegios de ambas partes para su consolidación como había sucedido con el Proyecto Tydings de 1936? ¿Cómo se manejarían asuntos tales como la deuda pública a lo largo de un proceso hacia la estadidad o una forma de independencia? La ausencia de ese tipo de discusión siempre resta credibilidad a procesos de esa envergadura y alimenta la impresión de que se trata de un ejercicio fútil. Por último, los resultados volvieron a ser contradictorios. El “No” al Estatus Territorial no fue tan masivo como se hubiese esperado y es bien probable que el grueso del voto “No” proviniese de estadoístas, penepés y no afiliados. No solo eso, el PPD consiguió movilizar a una parte significativa de su militancia de votar “Sí” al Estatus Territorial, el territorio no incorporado, el ELA o la colonia, dando con ello la impresión de que para mucha gente todo estaba bien.
Las lecciones políticas más complejas del plebiscito de 2012 son varias. Por una parte, El estadoísmo no representaba todavía la mitad más uno del electorado: su crecimiento desde 1990 al presente, se ha lentificado por consideraciones que habrá que discutir en otro momento. El PPD no pudo convencer a su militancia de que rechazara el “ELA Soberano” o la libre asociación que, en efecto, obtuvo 449,679 votos o 33.34 % en la segunda papeleta. Los resultados, en cierto modo, expresaron cierto disgusto o apatía con el liderato tanto en el PNP como con el PPD. A la luz del proceso eleccionario, el poder de convocatoria de García Padilla también quedó en entredicho: su condición de estadolibrista moderado actuaba contra él y los resultados podían animar a los soberanistas del PPD a adoptar un actitud más agresiva en lo sucesivo.
El bipartidismo después del plebiscito de 2012
La consulta, ejecutada en medio de la crisis fiscal y económica, propició una reestructuración parcial de las fuerzas políticas involucradas. En el PNP se levantó un nuevo liderato estadoísta exigente animado por cierto populismo de derecha comprometido con la revolución neoliberal. Rosselló Nevares, sobre la base del grupo “Boricua Ahora Es” (BAE), organización fundada sobre la base del mito del unionismo, el aliancismo y los frentes amplios, presentó un reto moderado a las estructuras del PNP. En una “Asamblea de Pueblo” celebrada en octubre de 2014, se planteó exigir la estadidad mediante la articulación del “Plan Tennessee”. Durante aquellos actos se habló de la posibilidad de crear un nuevo Congreso Pro-Estadidad (CPE) como había ocurrido en la década de 1930.
Para los que conocemos las asimetrías y el frágil balance ideológico entre las alternativas estatutarias que se dieron en el seno de la Unión de Puerto Rico, la Alianza Puertorriqueña y el Frente Amplio que aspiró ser el PPD, la propuesta resultaba ilusoria. La única diferencia era que aquellos tres modelos habían manifestado un visible sesgo en favor de cualquier forma de autonomía y BAE hacía lo mismo en favor de la estadidad. BAE serviría, dije al sociólogo y colega Michael González Cruz, quien se me acercó por aquel entonces a conversar sobre el tema, como una plataforma apropiada para fortalecer la imagen política de Rosselló Nevárez para fines electorales como en efecto sucedió.
Tan pronto como en 2015 Rosselló Nevares hizo pública su aspiración a la candidatura a la gobernación a pesar de que Pedro R. Pierluisi Urrutia (1959-), Comisionado Residente del PNP, confiaba en obtener la nominación al cargo sin oposición. En Rosselló Nevares la innovación y el retorno a lo mismo se combinaban muy bien. Su apertura ideológica con anticolonialistas no estadoístas, el hecho de que compartiera la tribuna con figuras de reconocido pasado independentista, su apelación a tácticas de lucha olvidadas desde hacía tiempo, su capacidad para mimetizar y amoldar la discursividad anticolonial nacionalista a la causa estadoísta, llamaba la atención. Incluso el argumento de la juventud como defecto que la campaña de Pierluisi Urrutia usó contra su figura e incluso, el pasado de su apellido, favorecieron su escalada política.
Pierluisi Urrutia, por su parte, reclamó sin éxito la estadidad en el Congreso sobre la base de los resultados de la consulta de 2012. La competencia entre Rosselló Nevárez y Pierluisi Urrutia por la candidatura a la gobernación, se sostuvo sobre la base de cuál de ellos ejecutaba más esfuerzos, fructíferos o no, por adelantar la estadidad. La actitud de ambos ratificaba la tendencia visible de 2012 en adelante: la ansiedad por la estadidad ha crecido significativamente en medio de la crisis fiscal y económica. De hecho, la petición de Pierluisi Urrutia no fue tomada en consideración en el Congreso por lo contradictorio de los resultados obtenidos en la consulta. En respuesta a la presión, en 2013 el Comité de Recursos de la Cámara de Representantes pidió a la Oficina de Contraloría General (GAO) un informe sobre el costo de un Puerto Rico Estado 51 para el Tesoro Federal. El informe circuló en 2014 y no fue favorable para el movimiento estadoísta.
En el PPD los soberanistas se nuclearon alrededor de Acevedo Vilá y de Cruz Soto, una figura femenina entonces vigorosa y dinámica que se constituyó en la “esperanza” de los soberanistas bona fide del PPD. El ELA Soberano como eufemismo de la libre asociación, se ha esgrimido como un recurso apropiado para enfrentar la crisis fiscal y económica, mientras que la entonces denominada Asamblea Constitucional de Estatus acabó por consolidarse como el mecanismo jurídico para alcanzar ese fin. Acevedo Vilá fue muy enfático en la necesidad de comprometer al Tesoro Federal para que refinanciara la deuda en su panfleto Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado (2014)[4]. Cruz Soto fue mucho más proactiva y radical a la hora de cuestionar una relación política que había perdido eficacia, si algún día la tuvo, y en oponerse al recrudecimiento del coloniaje que representaría la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal que cogobernara la colonia.
Las fisuras en el seno de rojos y azules no produjeron rupturas mayores en esas organizaciones en aquel momento: eso vendría más tarde. En 2012 no parecía probable que los soberanistas abandonasen en masa el PPD por todo lo que esa estructura significa en términos de acceso al poder. Tampoco era probable que los expulsaran como ocurrió con el Congreso Pro-Independencia en 1946. Por otra parte, parecía poco probable que hubiese otra división en el PNP equiparable a la de Romero-Padilla en 1983. Otras condiciones tendrían que madurar para que la praxis del bipartidismo fue minada desde adentro, como se verá más adelante.
[1] Yaisha Vargas y Rebecca Banuchi, AP (10 de marzo de 2008) “Fortuño vence a Roselló en primarias puertorriqueñas” [2] Véase el texto en Estado51PRUSA.com. Benjamín Torres Gotay (13 de mayo de 2013) “En EE. UU. nadie cree en el ELA” en El Nuevo Día-Noticias [3] Cibernews (2012) “Defiende gestión de García Padilla en el DACO” [4] Refiero al lector a Mario R. Cancel-Sepúlveda (2015) “La refundación del ELA y un panfleto de Aníbal Acevedo Vilá”
