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Reflexiones: el PPD, el estatus y las artes de la vacilación en la década de 2000

 

La discusión del estatus en el ámbito estadounidense o federal, como se acostumbra a identificarlo en el país, durante la década de 2000 mostró un giro interesante. El 23 de diciembre de ese año, el presidente Clinton ordenó la creación de un “Comité Interagencial del Congreso” para tratar el asunto. Entre las responsabilidades ‘del grupo estaba el deber de rendir un informe durante los primeros meses del 2001: la impresión de que el nuevo siglo estimular el debate y adelantaría una solución era mucha.

Una digresión me parece necesaria: no era la primera vez que ocurría algo parecido. La Carta Autonómica de 1897 había sido esperanzadora para una parte de la clase política porque podía interpretarse como una emanación de la celebración de la hispanidad representada en las fiestas del cuarto centenario del “descubrimiento”, así como un buen augurio para el siglo por venir. Los juristas nacionalistas de la década de 1930 la interpretaron como un acta de soberanía e independencia y algunos investigadores del 1950, Loida Figueroa Mercado por ejemplo, la apropiaron como el cumplimiento de la promesa de Leyes Especiales incumplida desde 1837. La autonomía de 1897 siempre ha significado mucho, quizá demasiado, para un significado sector del independentismo puertorriqueño, sin duda.[1] Desde mi punto de vista la autonomía de 1897 fue algo más vulgar: una decisión ajustada a la situación precaria de la geopolítica del Reino de España y a la amenaza de los separatistas cubanos y filipinos con el respaldo moral (e interesado) de Estados Unidos.

La candidez progresista de un sector de las elites intelectuales y políticas puertorriqueñas también se manifestó en otros momentos. Cuando la Gran Guerra, luego Primera, asomaba a su fin camino y Estados Unidos intervenía en la conflagración de camino al 1918, la imaginación de la clase criolla independentista confió en que las paces adelantarían la conclusión del coloniaje. Y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 fue el mojón del cual se abrazó Muñoz Marín como punto de referencia para pronunciar la promesa de que la independencia estaba al voltear la esquina. En los tres momentos las circunstancias traicionaron el apetito libertario: en 1898 Estados Unidos ocupó el territorio; en 1917 se impuso a los portorriqueños una ciudadanía estadounidense especial que no incluía la incorporación del territorio a la unión y se eliminó la portorriqueña; y desde 1943 el PPD abrazó el lenguaje de las reformas entre el dominio, el self-government y la vieja autonomía administrativa, actitud que allanó en camino hacia la configuración del ELA.

La candidez progresista seguía allí en el 2000 a pesar de todo. El sucesor de Clinton, el presidente republicano George W. Bush, hijo (1946- ), extendió en abril de 2001 el periodo de trabajo del Comité Interagencial hasta el mes de agosto. El sentido de urgencia respecto al estatus de Puerto Rico parecía dominar al ejecutivo federal. No se trataba de que la conciencia anticolonial hubiese comenzado a afectar a demócratas y republicanos. La postura oficial de ese gobierno es que su relación con Puerto Rico no es colonial sino territorial y que, en última instancia, se trata de un asunto doméstico que no es de la competencia de la comunidad internacional. El sentido de urgencia más bien tenía que ver con el giro neoliberal de la economía y el tipo de ajuste que habría que hacer a la relación fiscal entre las partes la cual, en efecto, contradecía numerosos principio reguladores neoliberales. Por eso la empresas 936 iban camino al olvido y las exenciones tributarias a beneficios obtenidos por inversores estadounidenses en el territorio no incorporado serían más difíciles conseguir. Todo eso estaba relacionado con el estatus pero, en realidad, nunca ha sido necesario convertir a Puerto Rico en un estado o admitir su independencia, con tratado de libre asociación o sin él, para asegurar los intereses del capital estadounidense aquí. El hecho de que el Comité Interagencial ya no tenga en su agenda la cuestión del estatus en 2021 cuando el presidente Joseph R. Biden, hijo (1942- ) lo convoca, ratifica lo que llevo dicho. Claro está, el componente de la quiebra de las finanzas del ELA y su deuda impagable combinado con el fin definitivo de la economía liberal de posguerra, permite comprender cualquier inactividad en torno al dilema de estatus hoy.

Algo que no debe pasarse por alto es que los cambios de gobierno tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico siempre han afectado la discusión del escabroso tema de las relaciones jurídicas entre ambos países. El estatus es siempre un acápite central en el programa de los partidos políticos más visibles en un orden electoralista, bipartidista y, me permito el neologismo, estatuscéntrico como este. El hecho de que en las elecciones puertorriqueñas la cuestión del estatus fuese en 2000, todavía lo es en alguna medida, una de las municiones más eficaces a la hora de llamar la atención del elector común tiene mucha relevancia. De igual modo, las minorías puertorriqueñas, la llamada “diáspora” en Estados Unidos, una población que supera la que vive en el país, son una tajada apetecible para demócratas y republicanos continentales a la hora del voto estatal que luego puede ser echado al olvido. El puertorriqueño de la diáspora ha sido reducido por la demagogia política electoral estadounidense a la caricatura de un latino alegre y fiel que puede “vivir la estadidad” mejor que otras minorías porque le impusieron la ciudadanía en 1917.

En las elecciones de 2000 el triunfo de Calderón Serra sobre el ingeniero Pesquera parecía certificar que el estatus no estaría en issue por aquellos cuatro años. La moderación de la gobernadora y el hecho de que el tono de la discusión pudiera lesionar la imagen del PPD no era, sin embargo, compartida por todo el liderato de la organización. La presión de Washington condujo en enero de 2001 al comisionado residente Acevedo Vilá a proponer que su organización política adoptara la táctica de la Asamblea Constituyente con el objetivo de enfrentar el centenario dilema estatutario. Detrás de ello estaba la intención expresa de crear un espacio de discusión aséptico capaz de atraer tanto a activistas populares como no populares sobre la base del mito del PPD como “casa grande”, “centro”, “tercera vía” o “frente amplio” abierto para todos, cosa que había dejado de ser desde la década de 1940. Desde mi punto de vista la validez de aquel reclamo se apoyaba en dos premisas.

  • Una tenía que ver con el pasado del PPD porque, después de todo, una Asamblea Constituyente avalada y vigilada por el gobierno de Estados Unidos había servido para construir el ELA entre 1950 y 1952. Presumir que sus reconocidas carencias o “déficit de democracia”, la frase era del teórico moderado Hernández Colón, podían ser superadas por otro ejercicio similar apelaba a la tradición de los populares remisos para los cambios radicales.
  • La otra estaba relacionada con la necesidad política y práctica de atraer las simpatías de los electores o activistas antiestadoístas que no fuesen populares en especial aquellos independentistas amigos del PPD, los denominados “melones”; y a los sectores no afiliados o “flotantes” para quienes las preferencias electorales se apoyaban en consideraciones de la inmediatez. Lo cierto es que un segmento influyente del liderato independentista que había sido testigo del 1952 había respaldado la táctica de la asamblea constituyente. El caso más notable era el del mayagüezano Mari Brás, quien había hecho pública su propuesta en un panfleto publicado en 1986[2].

Los populares soberanistas o libre asociacionistas, siempre ha constituido un reto nombrar a este sector tan pletórico de ambigüedades, obtenían con la asamblea constituyente una propuesta plausible entroncada en el derecho internacional que les permitiría evadir la adopción del lenguaje de la libre asociación que, en general, atemorizaba a los soberanistas más blandos y a los populares conservadores. Para los populares conservadores el sector soberanista representaba una “amenaza interna” que recordaba la vitalidad tanto del “Congreso Pro Independencia” como del “Grupo de los 22”. El historiados cultural de la política tiene ante sí una red de interconexiones que todavía espera ser formulada con propiedad.

Lo cierto es que la idea de negociar un tratado desde la soberanía y en igualdad de condiciones con Estados Unidos nunca ha sido simpática para la mayoría de los populares. La insistencia de los estadoístas y estadolibristas moderados en que ello equivale a una “república asociada” otro concepto ambiguo y torpe, ha penetrado a un pueblo con escasa cultura política y mesurado en extremo que no le gusta poner en riesgo lo poco que le garantiza la relación colonial. Desde un punto de vista histórico, la libre asociación no es muy diferente de la república con protectorado, otro tipo de república asociada, soñada por De Diego Martínez a principios del siglo 20. También es difícil distinguirla o de la independencia en “buenos términos” con Estados Unidos que dominó el discurso de ese sector por lo menos hasta la década de 1930.

La situación del PPD en el 2001 poseía sus peculiaridades. Aquella era una maquinaria desgastada por los años con un discurso cada vez más anacrónico. Su liderato sabía que necesitaba votos de opositores a la estadidad que no fueran populares para volver a ganar las contienda electoral. Los plebiscitos de 1967, 1993 y 1998 habían demostrado que el apoyo del al ELA se había reducido a menos del 50 % durante ese periodo de tiempo. Por lo bajo, debían reconocer que el PPD también había perdido la confianza de las autoridades federales desde el fin de la Guerra Fría.

Dado que no podían contar con los nacionalistas moderados o radicales, los pipiolos socialdemócratas o tradicionales, las izquierdas radicales violentas o no violentas o las emergentes organizaciones no partidistas de la sociedad civil, se vieron precisados a pescar en el río revuelto del independentismo esquivo, desconfiado, pragmático, pesimistas y propenso a la desafiliación que se había ido consolidando tras el fin de la Guerra Fría. La lógica de los tiempos de cambio les decía a los populares más astutos que aquellos sectores estarían más dispuestos a colaborar con el PPD por consideraciones de “realismo político” aunque no fuese posible elaborar una alianza formal con ellos. Lo que ideólogos como Acevedo Vilá buscaban era fortalecer la lucha por obtener más soberanía en el marco de las relaciones existentes, sin que ello resultara inquietante para el popular común que se resistía a todo tipo de cambio. Pero también buscaba quitarle protagonismo a cualquier soberanista exigente que retara su concepción práctica de aquel proyecto.

Los resultados fueron paradójicos. Entre 2001 y 2008, aparte de la discusión esporádica en torno al “método” apropiado para resolver el estatus, no se tocó el tema en ninguna de las dos administraciones populares. Calderón Serra (2001-2005) y Acevedo Vilá (2005-2009) evadieron el asunto a pesar de la presiones desde adentro y afuera del PPD. Las fuerzas que detonarían la crisis que hoy se vive, aunque eran inseparables de la cuestión del estatus, fueron mantenidas en otra parte. El periodo de gracia para que el ELA se ajustara a una situación inédita -subsistir sin el sostén de los depósitos de las empresas 936 y demostrar su pertinencia en la posguerra fría y el neoliberalismo- se agotó. La deuda pública, que había comenzado a acelerarse desde 1993 bajo la administración de Rosselló González quien la dejó en 27.6 billones de dólares, se había duplicado al cabo de la administración de Acevedo Vilá llegando a la suma de 53.8 billones.[3]

La presión a favor de una discusión serena y sistemática del estatus provenía, como era de esperarse, de los populares soberanistas y los defensores francos de la libre asociación. En el seno del PPD los alcaldes soberanistas ganaban presencia e influencia pública. En los márgenes del PPD, el independentismo no afiliado, los “melones” y los “flotantes” que habían colaborado con la causa popular, esperaban una “radicalización” del reclamo de soberanía que no maduraba. Desde la oposición, como era de esperarse, el PNP y el PIP insistían en el más convencional discurso “anticolonial”.

La impresión que me producen aquellos ocho años es que el liderato popular, moderado o no, utilizó la carnada del estatus para ganar adeptos para las elecciones cuidándose de cumplir con el compromiso de resolverlo una vez en el poder. Los sectores moderados del PPD, que defendían la legitimidad del ELA con los argumentos de la “Nueva Tesis” de Hernández Colón, pudieron evitar que se debatiera el estatus mientras estuvieron en el poder. La diferencia era que lo que en 2008 resultaba “económicamente inconveniente” para la relación con Estados Unidos era el ELA y que el dilema no se resolvería a menos que ese régimen fuese revisado radicalmente y, en consecuencia, dejara de ser un ELA. El proverbial callejón sin salida estaba allí ante los populares. Ello explica que la ansiedad por la consulta estatutaria alcanzara proporciones extraordinarias entre estadoístas e independentistas, como había sido lo usual desde 1967.

 

[1] Prueba al canto de ello es el hecho de que el 26 de octubre de 1997, de cara al centenario del 1898, se celebró una conmemoración de la Carta Autonómica en San Germán. El acto lo auspiciaba el Círculo de Recreo de la ciudad y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. El promotor del acto, el sociólogo Juan Hernández Cruz (1938- ) identificado con el independentismo, esperaba contrarrestar los posibles excesos de una recordación oficial edulcorada del 1898. Lo recuerdo porque fui uno de los panelistas con una discusión en torno a la “ideologización” y “tergiversación” del 1897. Véase Juan Hernández Cruz, editor (1998) Centenario de la Carta Autonómica (1897-1997). San Germán: Círculo de Recreo / Fundación Puertorriqueña de las Humanidades / Academia Puertorriqueña de la Historia.

[2] Juan Mari Bras (1986) La Asamblea Constituyente. El destranque del tranque político puertorriqueño. San Juan: Informática Caribeña.

[3] Recomiendo a los interesados el archive Marc D. Joffe y Jesse Martínez (2016) “El origen de la crisis fiscal de Puerto Rico”. Arlington: Mercatus Center, George Mason University. Traducción Mariola Montequín.
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