Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, debió vetar el proyecto de la llamada Reforma Electoral, en lugar de devolverlo a la Legislatura. El proyecto de Reforma Electoral (PS 1314) siguió el mismo proceso que el nuevo Código Civil: una sola vista pública, sin consenso entre los partidos políticos y sin participación de otras entidades de la sociedad.
El PS 1314 es creación del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. De acuerdo con el registro legislativo, la medida fue presentada en junio de 2019, fecha en que hubo la única vista pública. Entre noviembre a febrero del 2020, la medida estuvo en comités de conferencia de ambos cuerpos legislativos. El proyecto fue aprobado finalmente el pasado 3 de marzo, firmada por el presidente del Senado el 16 de marzo. El 11 de mayo fue firmada por el presidente de la Cámara de Representantes y enviada a La Fortaleza. La gobernadora tenía hasta este 15 de mayo para vetar el proyecto y así evitar que este se convirtiera en ley.
En su lugar, Vázquez Garced devolvió el proyecto a la Legislatura, luego de conversaciones con el presidente del Senado, por lo que el proyecto de la llamada Reforma Electoral continúa vivo. Las objeciones de la gobernadora a la Reforma Electoral, según se desprende de sus declaraciones públicas, se limitan a la disposición del voto electrónico y no a las demás deficiencias de participación de todos los partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“La gobernadora debió haber vetado el proyecto. Por otro lado, el proyecto es un golpe de estado a lo que queda de nuestra democracia. En ese sentido, no debe ser considerado en una próxima sesión legislativa”, afirmó a CLARIDAD Héctor Manuel Alejandro, el comisionado electoral de Victoria Ciudadana (VC).
El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, también reaccionó: “La Gobernadora responde solo al reclamo del peligro del voto electrónico porque el norteamericano lo dice; pero no escucha los múltiples reclamos de nosotros los puertorriqueños, entre los que se encuentra la eliminación de las minorías. Para que Wanda entienda bien: el proyecto de la reforma no es enmendable”.
Asimismo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAPR) se expresó en contra del proyecto.“Es notable que no se trata de un proyecto de consenso ni del resultado de un diálogo de país”, sentenció el presidente Edgardo Román Espada, en una segunda carta enviada a la gobernadora recientemente.
Al igual que otros sectores, el CAPR cuestiona la implementación del voto por internet, tan temprano como en estas próximas las elecciones 2020. El proyecto además contempla que el voto por internet sea, junto con el voto por correo, el único método de votación en Puerto Rico para el 2028: “El sistema electoral debe constituirse mediante legislación consensuada, de manera que dé confianza en el resultado electoral y, con ello, reconocimiento a la voluntad del soberano, es decir, del Pueblo de Puerto Rico”, subrayó el licenciado Román Espada.
El presidente del CAPR recalcó que, al tratarse de una ley que regiría el proceso electoral que se celebrará en menos seis meses, no debe haber interrogantes sobre la confianza en el método de votación o la confiabilidad del escrutinio, así como con el depósito electrónico. Insistió en que todas estas dudas deben contestarse mediante un diálogo franco y de búsqueda consensuada con todos los actores políticos del proceso electoral.
Por su parte, el senador del PIP, licenciado Juan Dalmau Ramírez, a la luz de la aprobación en ambos cuerpos del proyecto, le solicitó a la gobernadora, mediante carta, una reunión para continuar las conversaciones que ya habían sostenido en septiembre de 2019 con respecto a la medida. En la misiva le advirtió sobre la peligrosidad y los daños que la aprobación del proyecto ocasionaría a las garantías de seguridad y confiabilidad en el proceso electoral: «Aunque es un paso importante el que usted haya devuelto al Senado de Puerto Rico la medida para atender el asunto del voto por Internet, entiendo que existen otros asuntos de medular importancia y de potencial peligro a las garantías de confiabilidad en la administración del proceso electoral. En particular, aquellas disposiciones que excluyen y marginan la participación de los partidos de la oposición política. Me parece necesario que usted, como la persona que evaluará en última instancia la medida y determinará si la convierte en ley o la veta, conozca del alcance y repercusiones de esta en cuanto al proceso electoral».
Dalmau Ramírez subrayó que, en particular, la medida excluye a la oposición de los procesos internos de la CEE y limita el que los comisionados, como en el pasado hizo el PIP, puedan llevar a cabo investigaciones administrativas similares a la realizada en el caso de los vagones o que puedan acudir a los tribunales, como lo hicieron por el vaciado de listas o los manejos irregulares de electores que se transfirieron ilegalmente a votar donde no les correspondía.
