Por la Redacción
La Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT), expresó su respaldo a la periodista Celimar Adames Casalduc, en sus reclamaciones de discrimen por edad y género, que ha presentado en los foros legales y enmarcó que su caso es otra violación más a la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, a las leyes laborales existentes, y de desigualdad de género.
“Cuando creíamos que las estaciones de televisión de Puerto Rico habían aprendido la lección de equidad de género que años atrás dejaron casos como los de Ratty Izquierdo, del Canal 6, Sylvia Gómez de Telemundo y Luz Nereida Vélez, de su propia casa, el Canal 4, ha incurrido en la misma conducta que violenta la dignidad de una periodista con un largo historial de eficiencia y que es muy querida por el público”, declaró Josefina Pantoja Oquendo, portavoz de la OPMT, en comunicado de prensa.
Añadió que el caso de Adames Casalduc es el vivo ejemplo de que, en violación a la Sección 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico y de la legislación laboral existente, ya que las trabajadoras puertorriqueñas reciben menos ingresos que los hombres por trabajos iguales o comparables. “Esta ha sido una denuncia constante de las organizaciones que, como la nuestra, luchan en contra de la desigualdad en el ámbito laboral. En este caso en particular, periodistas varones que realizan labores similares reciben mayor paga, además de que factores como la edad y la apariencia física son utilizados como criterios más importantes que su capacidad en el caso de las mujeres”, abundó Pantoja Oquendo.
La reconocida activista destacó que la actuación discriminatoria de la televisora es más grave aun porque tomó represalias laborales cuando la empleada denunció el discrimen y defendió sus derechos. La OPMT reiteró su solidaridad con la periodista y exigió del Canal 4 que mostrara respeto por la equidad de género.
La OPMT también expresó su respaldo a la joven Génesis Aguilar, sobreviviente de violencia doméstica, quien recientemente denunció a través de las redes sociales y de la prensa los ataques físicos de que fue víctima por su ex pareja, así como las amenazas que contra su vida éste le hizo, sin que el sistema de justicia tomara acción sobre el particular. “La actitud valiente de la joven, así como las conmovedoras fotografías reveladas por ella que muestran los golpes recibidos y los mensajes enviados por el individuo, lograron que finalmente la Policía iniciara una investigación.
El caso de Aguilar deja en evidencia las denuncias de violencia institucional -expuso la OPMT- que implica la falta de acción de las entidades gubernamentales que tienen la responsabilidad de proteger la vida de las mujeres. Aun cuando la joven siguió los procedimientos correspondientes cuando acudió a las autoridades, buscó y obtuvo la Orden de Protección, ésta no fue diligenciada por la Policía hasta semanas después. Mientras tanto, el agresor cuyo certificado de antecedentes penales muestra varias convicciones por Violencia Doméstica, amenazaba y acosaba a Génesis impunemente. “Esperamos y exigimos que la Policía, el Departamento de Justicia y la Administración de los Tribunales, asuman sus responsabilidades con prontitud y eficiencia para que sobrevivientes de la violencia de género puedan vivir en paz, como es su derecho”, expresó Marta Elsa Fernández, otra de las portavoces de la OPMT.
Rechazan enmiendas a la Oficina de la Procuradora de la Mujer
La organización feminista además llamó la atención y condenó el proyecto de ley 2261, que pretende enmendar la Ley 20 que creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). La medida iniciada por José (Pichi) Torres Zamora en la Cámara de Representantes (CR) fue ya aprobada en ambos cuerpos con la oposición de las minorías. “Esta legislación le ha puesto la tapa al pomo en cuanto a la independencia y distanciamiento del partidismo político que debe tener la OPM. Esta fue la intención de las organizaciones de mujeres que impulsaron la medida cuando se redactó y aprobó en el 2001. Casi dos décadas después, el Partido Nuevo Progresista que tanto ha menoscabado la entidad con los desacertados nombramientos que ha hecho para ocupar la Procuraduría a partir de la gobernación de Luis Fortuño, se propone establecer que cuando el puesto quede vacante, quien lo ocupe lo haga por diez años y no por el tiempo que le quedaba de dicho término a la Procuradora saliente. De esta forma el partido gobernante garantiza una persona de su confianza y fidelidad en la OPM, aunque no responda a los intereses y reivindicaciones de las mujeres, como ocurrió con la hoy gobernadora Wanda Vázquez y con Lercy Boria, actual Procuradora. Se pretende además, que quien deje el puesto recomiende a su sucesora. De esta forma todo queda en familia y margina a nuestras organizaciones del proceso”, explicó Josefina Pantoja.
Aun cuando puntualizó que la OPMT considera que la Procuraduría ha dejado de ser un instrumento que sirva a los intereses de las mujeres en Puerto Rico por el partidismo político que la ha secuestrado a través de los nombramientos hechos y de la mala ejecución de las personas designadas, tienen la responsabilidad de denunciar la acción descarada de ocupación política del puesto, “…para que las generaciones futuras conozcan cuál fue la verdadera historia”.
Al momento como parte del trámite legislativo la medida fue devuelta al primer cuerpo legislativo para que concurra con los cambios introducidos por el Senado.
