Reservas al toque de queda

Por Redacción de CLARIDAD  

La organización Kilómetro Cero y el Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR) -por separado- expresaron reservas respecto a la Orden Ejecutiva emitida por la gobernadora, Wanda Vazquez Garced, que establece un toque de queda como una de las medidas para atender la epidemia del coronavirus. 

En comunicado de prensa Kilométro Cero, expresó que luego de haber examinado la orden con su equipo y asesores, con la mayor amplitud y flexibilidad intelectual que requiere la seriedad de la emergencia encontró que la orden carece de los elementos claros y puntuales sobre las restricciones de las libertades fundamentales. 

Kilómetro Cero declaró que le preocupa en particular las intervenciones de los agentes de ley y orden durante el periodo de queda. “Lamentablemente, los toques de queda crean más condiciones para que estos agentes intervengan, arresten e incluso utilicen la fuerza particularmente contra personas pobres, marginadas o estigmatizadas”. Según la portavoz de Kilómetro Cero hay ejemplos de estos casos documentados de intervenciones discriminatorias, excesivas y violentas cuando se hizo un toque de queda después del huracán María, en 2017.

Atribuyó que en lo ordinario, la Policía, como institución, no ha demostrado estar apta para intervenir legal, constitucionalmente con la ciudadanía. “En momentos de medidas extremas, amplias y confusas como esta, el escenario se presta para intervenciones aún más discriminatorias y violentas por estar aún menos sujetas a la observación pública y a procesos de rendición de cuentas. Es decir, se presta para más violaciones de derechos contra personas negras, pobres, contra inmigrantes, contra miembros de la comunidad LGBTTIQ, contra víctimas de violencia de género, contra personas sin hogar (incluyendo personas que perdieron sus hogares en los terremotos), personas con salud mental comprometida, entre otros. Por lo mismo, el momento también se presta para engrosar la cultura de impunidad que todavía permea en la agencia”. 

La organización hizo un llamado a que el Estado provea garantías para que los derechos de las personas intervenidas se respeten y se eviten las intervenciones discriminatorias contra quienes ya están marginadas social, racial o económicamente. 

Mientras el presidente del CAPR licenciado Edgardo Román, reparó que la orden de toque queda se impone luego de que el mismo gobierno no tomó precauciones previas que permitieron el contagio. “No se intervino en los puertos ni en el aeropuerto a tiempo; no se tomaron pruebas diagnósticas; se menospreció la peligrosidad de la pandemia; y se permitieron eventos multitudinarios. La intervención pronta del gobierno pudo haber evitado o, al menos, reducido significativamente las posibilidades de contagio”.

EL CAPR calificó que la orden ejecutiva tiende a parecer más una ley marcial, que limita de manera drástica derechos fundamentales como la congregación religiosa, el acceso a la justicia, la libertad de movimiento, el flujo de negocios, entre otros. “Las medidas necesarias y serias para atender la difícil situación salubrista no pueden ser pretexto para desprender a la ciudadanía de sus derechos más básicos, desde el poder del Estado”. 

Aun cuando el CAPR admite que la orden de cierre de la actividad de gobierno, los centros comerciales, cines, eventos públicos, desde una perspectiva de protección de la salud pública, es una medida correcta advierte que el texto legal de la orden ejecutiva adolece de serios defectos.

Entre estos defectos según el CAPR es que la orden está fundamentada en lo dispuesto por la Constitución en su Artículo VI, secciones 5 y 6. Esas secciones nada tienen que ver con el asunto y no sostienen la validez constitucional de la orden ejecutiva. 

La orden dispone el cierre de los centros comerciales, cines, parques de diversiones, casinos, teatros, etc. y estará vigente desde el 15 al 30 de marzo, hasta nuevo aviso. Dispone que solo podrán transitar de cinco de la mañana a seis de la tarde personas debidamente identificadas que estén en tareas de trabajo ya sea públicos, o privados, personas para adquirir alimentos, medicinas y servicios médicos, ya sea cita médicas, laboratorios y hospitales. 

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