Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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BDO Puerto Rico, una firma de contabilidad involucrada en esquemas de corrupción durante el verano pasado, sigue teniendo credibilidad ante el gobierno insular. Esto no debe asombrar, pero debería molestar o, al menos, incomodar.
La semana pasada, la gobernadora Wanda Vázquez Garced vetó la R. C. de la Cámara 655, una resolución que fue aprobada por la Cámara y el Senado para detener los cambios en el actual Sistema de Retiro de Beneficios Definidos de los empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Los cambios en el Plan Fiscal de la UPR se fundamentan en estudios realizados por BDO, información que, consecuentemente, ha sido suministrada a la gobernadora y sobre la cual se toma esta decisión, catalogada por la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (HEEND) como traición a empleados, profesores y pensionados de la UPR.
El veto fue justificado en el respeto a la autonomía universitaria y la crisis fiscal de la UPR. Una autonomía que, por ejemplo, depende de ese tipo de relaciones como las que ha mantenido la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Zoraida Buxó, con la firma de cabilderos World Professional Group. O los contratos dudosos del presidente de la JG-UPR, Walter Alomar, con el Gobierno mediante la compañía DBPR Legal LLC.
Según la HEEND, el análisis sobre la estabilidad del plan de retiro fue acomodaticio porque solo contempló un escenario con un sistema cerrado y no en plena operación, como es al presente mediante el Fideicomiso del Sistema de Retiro.
Eduardo Berríos, presidente de la Junta de Fideicomiso de Retiro de la UPR (Junta de Retiro), ha manifestado en ocasiones anteriores que: “Todos los escenarios actuariales reflejan que el cambio provocará la insolvencia del Fideicomiso del Plan de Pensiones y debilitará las precarias finanzas de la UPR, arriesgando su acreditación y futuro como el primer centro de educación superior en Puerto Rico”.
La Junta de Retiro ha recomendado que se adopte para la deuda actuarial de la UPR el método de amortización cerrada a 30 años para mantener la solvencia del Plan de Pensión de la UPR y evitar la destrucción de su Fideicomiso. Berríos explica en una columna publicada por El Nuevo Día, el 10 de abril de 2020, que: “El Plan de Pensión de la UPR es el único sistema de pensión gubernamental solvente con ganancias millonarias ($141 millones en 2017 y $113 millones en 2018), con un patrimonio sólido logrado por el extraordinario rendimiento de sus inversiones y los múltiples ajustes en beneficios diseñados por la Junta de Retiro de la UPR y avalados por sus participantes”.
La presidenta de la HEEND, Jannell M. Santana Andino, señaló que ante la crisis del COVID-19 los participantes de planes de contribución definida están sacando su dinero por la dependencia directa de estos sistemas a la bolsa de valores. “Aquí el país tiene que empezar a preguntarse cuál es la prisa de la administración en cambiar el sistema de retiro de la UPR en medio de una emergencia mundial, quién saca ventajas de esta acción, a quién o quiénes se beneficia”, apuntó la líder sindical en un comunicado de prensa.
Así como la HEEND, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) pidió a la legislatura que pase por encima del veto a la R. C. de la Cámara 655. La decisión de la gobernadora sería discutida por la Cámara y el Senado este lunes, 27 de abril.
Sobre la justificación de la gobernadora, el presidente de la APPU, Ángel Rodríguez, expresó que es increíble que la gobernadora hable de autonomía universitaria cuando sigue las recomendaciones de la Junta de Control Fiscal.
“Nos parece cínico, falto de seriedad e insensible con los sectores universitarios que trabajamos todos los días en la Universidad del pueblo de Puerto Rico”, dijo Rodríguez, quien además descartó que la gobernadora tuviese un interés real por la crisis fiscal de la UPR, pues de otra manera no se le seguiría recortando fondos a la institución.
