Reubican redacciones de GFR por alquiler de oficinas a FEMA

El consorcio de las empresas GFR Media, que publica los diarios, El Nuevo Día y Primera Hora, acaba de tomar una acción que pone en entredicho su capacidad de la llamada “libertad de prensa” e “imparcialidad”, al alquilar la primera planta de su edificio a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la responsable de aprobar todos los desembolsos para la reconstrucción del país luego del paso de los dos huracanes Irma y María.

El alquiler ha sido a costa de trasladar las redacciones de ambos diarios a la segunda planta del edificio donde se encuentran como “salchichas en lata”, describieron algunos compañeros. El contrato que no ha sido dado a conocer públicamente ni por FEMA, ni por sus “landlords”, se concretó antes de que se les comunicara a los mismos trabajadores.

A preguntas de CLARIDAD la presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Damaris Suárez, calificó el hecho de “preocupante por el efecto que pueda tener en la política editorial en el periódico con respecto a qué decide publicar o no y que pueda ser más leniente con una agencia que está y va a estar en el ojo público por muchísimo tiempo durante la recuperación del país”. Añadió que espera que los dueños de la empresa que son los que toman la decisión del alquiler y de lo que se publica o no en sus diarios, tiendan a no obviar asuntos de interés público que puedan afectar, ser adversas, o no ser del agrado de la agencia.

Suárez, recalcó lo preocupante de esta situación dado a que FEMA tiene en sus manos el proceso de aprobación de todos los contratos del gobierno, de cada centavo que se utilice para la recuperación por lo que no es poca la importancia que pueda tener para la opinión publica la citada agencia.

“La relación contractual entre la agencia federal que tiene la última palabra en la otorgación de miles de millones de contratos en Puerto Rico durante los próximos años para la recuperación del país no debe incidir, no puede incidir y sería lamentable para la libertad de expresión y el derecho de la gente para tener la información tal y como es”.

En tanto el profesor de Derecho Constitucional, doctor Carlos Ramos también expresó sus reservas. “Pienso que obviamente todas las instituciones incluyendo los periódicos en tiempos de crisis están buscando ingresos de todas partes, se están tratando de transformar, no me extraña que parte de sus instalaciones hayan decidido alquilarlas a un tercero eso no es problemático. El problema es que cuando la empresa es una empresa periodística y cuando la función es obviamente informar dentro de la objetividad que se pueda sobre los acontecimientos de lo que sucede en el país, el problema es que cuando tú se la alquilas a una entidad gubernamental, pública, te estás limitando en tu capacidad o por lo menos la percepción pública que va a haber de tu capacidad para ser critica a esa entidad que ahora mismo tiene un rol increíblemente importante”.

En particular llamó la atención a que por exigencias del Congreso en la práctica el gobernador Ricardo Rosselló le acaba de entregar a FEMA la administración de todos los fondos que lleguen a la Isla para la reconstrucción; “Por lo tanto ese cuarto poder que se dice es la Prensa y que tanto la necesitamos en situaciones de emergencia de ser particularmente crítico con las instituciones sobre todo gubernamentales que están tomando decisiones importantes sobre el país, va a requerir de ellos un esfuerzo extraordinario de critica y de información periodística que convenza a todos sus lectores de que no está comprometido su trabajo”.

Aun cuando dijo que en un sentido la acción de GFR Media minimiza o diezma la percepción de la capacidad que tiene ese medio de ser objetivo, le dio el margen de la duda al expresar; “habrá que ver la capacidad que tiene de separar sus intereses editoriales, de su deber de critica e información de una entidad como ésa, ya veremos de lo que son capaces de demostrar”.

“A Fema… anda … según el gobernador FEMA va a administrar los fondos que nos den, FEMA es la agencia que está bajo escrutinio público por los servicios que tiene que prestar y hay en estos momentos un gran malestar por el desempeño de FEMA hasta ahora”, reaccionó en primera instancia el analista político y veterano columnista de CLARIDAD, licenciado Carlos Gallisá.

A juicio de Gallisá independientemente de las justificaciones que puedan ofrecer las empresas GFR Media, de ser una empresa y que su asociación con FEMA es una de negocios; “Realmente hay un choque entre los intereses de la familia Ferré Rangel y el periodismo libre e independiente. Por eso es que hay que hablar de la libertad de los dueños de periódicos que quieren hacer ver al país de que son objetivos y neutrales en las controversias públicas”.

Por su parte el presidente del Colegio de Abogadas yAbogados (CAPR), Alejandro Torres Rivera, acotó que la acción cae dentro de lo que es el derecho de cada entidad, corporación o persona de hacer el negocio que entienda propio con lo que son sus propiedades. No obstante levantó que su única preocupación es que eso no sea el resultado del desplazamiento de los periodistas y otro personal que trabajaba en GFR como una medida para poder justificar el uso del espacio para alquilar “pero aún así eso es una determinación que toma cada cual en su negocio”.

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