Por Cándida Cotto/CLARIDAD
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Como una ejecución terrible, nefasta, corrupta, deficiente fueron varios de los adjetivos con que diversos activistas ambientales describieron la ejecutoria de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), licenciada Tania Vázquez Rivera, quien renunció a su puesto, efectivo este siete de noviembre, en medio de revelaciones de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realiza una investigación en el Departamento por actos de corrupción.
En entrevistas por separado, los líderes ambientales coincidieron en reclamar que la secretaria debía renunciar y en afirmar que las revelaciones de que el DRNA era objeto de investigación confirmaban sus denuncias de que la funcionaria no cumplía con su función de proteger el ambiente y los recursos naturales.
El planificador ambiental José Rivera Santana describió la ejecutoria de Vázquez Rivera como un “desastre”. El reconocido activista ambiental y exmiembro de la Junta de Planificación (JP) puntualizó que la única actuación positiva que se le puede reconocer a Vázquez Rivera es la posición de rechazo del DRNA a los cambios en los Mapas de Calificación. No obstante, hizo la salvedad y reveló que la opinión del DRNA no la escribió la Secretaria, sino un comité técnico del departamento. “Ni protegió los recursos naturales, ni fue custodia de las normativas para manejar la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ni la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS)”.
Por su parte, la portavoz de la Coalición Contra la Incineración, Myna Conty, dijo que las revelaciones de las investigaciones no le sorprendían. En ese sentido, trajo a la atención que los grupos activistas se opusieron a su nombramiento desde el momento de la nominación, primero, porque iba a dirigir dos agencias que tienen conflictos en sus funciones y, segundo, que como abogada de la agencia de la JCA, “ya se sabía por dónde iba”.
Conty fue enfática en afirmar que la hoy exsecretaria, “no sabía nada de recursos naturales” y cuestionó, por ejemplo, el qué harán las agencias –se refiere al DRNA y a la JCA– con los permisos de la propuesta del incinerador en Arecibo, los cuales están engavetados sin que la Secretaria haya tomado ninguna acción. “El proyecto no está muerto, está en coma; todavía no le han revocado los permisos a la incineradora, en cualquier momento se puede traer”.
Mientras, el portavoz del Comité Ambiental de Salinas, Víctor Alvarado, también trajo a la atención que en el 2017 los grupos de resistencia contra la quema de carbón y el depósito de cenizas habían denunciado y hecho público un documento, el cual le enviaron al entonces gobernador, en donde pedían la destitución de Vázquez Rivera, no solo por el mal manejo del depósito de las cenizas, sino por otros reclamos, ante la falta de cumplimiento de la función principal del DRNA de proteger los recursos naturales y el ambiente.
“Eso lo hemos visto a través del cuatrienio”. Por ejemplo, la inacción del DRNA para proteger la derogación de siete reservas naturales por parte de la JP. La Secretaria ni siquiera acudió a unas vistas públicas en que se consideró un proyecto presentado por el senador independentista Juan Dalmau para que la JP restableciera las reservas. Alvarado recordó que incluso en ese momento hubo alcaldes y un senador por el distrito sur que le pidieron la renuncia.
El asesor ambiental de la delegación del PIP en la Legislatura llamó la atención a la postura de la funcionaria con relación al depósito de cenizas. Narró que en la última ponencia que hizo del DRNA sobre el PC 1221 para enmendar la Ley 40 y prohibir de verdad el depósito de cenizas, la Secretaria dio un giro de ciento ochenta grados en su posición de estar en contra del proyecto a favorecer los argumentos de los grupos ambientales. Alvarado atribuyó el cambio repentino de la postura de Vázquez Rivera a que la actual gobernadora apoya el proyecto. El proyecto está todavía pendiente en la Cámara.
“Eso nos da entender que bajo su mandato, Recursos Naturales no ha tomó posiciones basadas en datos científicos, ni en términos legales, sino que ella respondía a lo que piensa el gobernador de turno”, denunció Alvarado. Reparó en que los grupos ambientales llevaban dos años peleando con la secretaria diciéndole que Puerto Rico podía ser más estricto en el reglamento de las cenizas y la funcionaria decía que no, que eso es un campo ocupado, y de repente, en la última ponencia, asume la posición de los grupos comunitarios en contra del depósito de cenizas.
Al igual que los otros consultados, Alvarado censuró el que hace tiempo que en Puerto Rico no se tiene una agencia ambiental, ya que el DRNA se ha convertido en protector de la planta de carbón y de otros proyectistas, además de que la fusión de la JCA, de la ADS y la Administración de Parques Nacionales (APN) al departamento no funciona.
“Al fin y al cabo, pensamos que debió ser destituida hace mucho tiempo. Esperamos que venga una persona que cumpla con la función del Departamento, no una que sea peor que ella”, expresó.
En tanto, el portavoz de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, Timmy Boyle, sentenció respecto a la ejecutoria de Vázquez Rivera, que independiente de los actos de corrupción, su acción de defender intereses económicos particulares por encima de la salud y el sufrimiento de los demás es una manera de corrupción.
“Se supone que la ley en Puerto Rico determina que la salud va por encima de intereses económicos y en caso de duda se tiene que demostrar que no hay daño. Nosotros la catalogamos como corrupta. No solo era corrupta en sus actuaciones. Como funcionaria demuestra que esta administración está corrupta desde Fortaleza, está en todos los niveles del gobierno, unos más que otros. El no ejercer sus funciones en bienestar del pueblo es una manera de corrupción”.
No le contestaba a nadie
Otra organización que criticó el desempeño de la funcionaria fue el Sierra Club de Puerto Rico (SCPR). “Nosotros siempre calificamos como muy deficiente el trabajo de la Secretaria”, afirmó la coordinadora del SCPR, Adriana González. Destacó que contrario a administraciones pasadas con las cuales el SCPR había podido establecer vínculos, nunca se pudieron reunir con la exsecretaria, ni con ninguno de sus asesores. Las peticiones del Sierra Club –dijo– se han hecho junto a otros grupos que trabajan con el tema de las cenizas, las costas, los mapas de calificación, entre otros.
Toabajeños por el Ambiente es otra de las organizaciones que se ha manifestado de manera consistente contra la ejecutoria de la funcionaria y que ha pidió su renuncia. Juan Camacho, portavoz, describió el trabajo de la secretaria como uno pésimo. No mantenía comunicación, no quería reunirse con ningún grupo y no tenía contestación para nada. “El trabajo de Recursos Naturales es pésimo aun antes de María (el huracán), aun antes de Tania Vázquez; pero se ha complicó con su incompetencia.
Dio a conocer que por ejemplo, luego del huracán, el DRNA no tomó ninguna acción de protección de las áreas naturales, cuando incluso ya en enero del 2017 el senador Juan Dalmau había presentado un proyecto dirigido a la protección de las costas (PS 129). Los grupos comunitarios le enviaron una carta a Vázquez Rivera en la cual le planteaban de la necesidad de que el DRNA se uniera apoyar esa gestión y ella ni contestó la misiva. “La verdad es que ha sido un fracaso”, reiteró.
