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Se opone Jaresko a asignar dinero para la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia

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ccotto@claridadpuertorico.com

 

En otra acción dirigida a asegurar el pago a los bonistas y en perjuicio de la gente pobre de Puerto Rico,  la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, se opuso a que se apruebe el proyecto de la Cámara PC 2310 que asigna fondos para servicios legales para las personas con bajos ingresos.

 El PC 2310 que fue aprobado sin oposición en la Cámara de Representantes en la pasada sesión ordinaria ordena  a los bancos a transferir el dinero de cuentas no reclamadas a la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ). En entrevista, la directora ejecutiva de la Fundación, licenciada Amaris Torres Rivera,  indicó que la carta firmada por Jaresko, con fecha del 10 de diciembre, les tomó por sorpresa;  se enteraron de la carta  la semana pasada. 

 Según Jaresko, el proyecto sería  perjudicial para las Cooperativas de Ahorro y Crédito. La  licenciada Torres Rivera, aclaró que el lenguaje de la medida fue enmendado por consenso con el Senado, la Cámara y La Fortaleza para excluir  a las cooperativas. “Jaresko, en su posición por escrito, se basa en el proyecto original; o sea, que también está diciendo unas cosas que ya no están en el proyecto”.

 Después de la supuesta defensa de las cooperativas de ahorro y crédito, la postura de Jaresko es de rechazo total al proyecto, y ordena que el  dinero no reclamado que poseen las instituciones financieras   pase en su totalidad al Fondo General en el Departamento de Hacienda (DH).

 En la actualidad, los ingresos  de la Fundación,  creada mediante la Ley 165 del 2013, son  producto de unas cuentas de  fideicomiso de abogados y abogadas, que generan intereses. Entonces, los bancos transfieren esos intereses a la Fundación. Esta recibe, además, el 25 % de los recaudos de los sellos de suspensión que los abogados tienen que presentar en los tribunales al radicar una moción de suspensión.

 La licenciada Torres Rivera expresó que debido a que los tribunales han cerrado durante la pandemia, el Fondo “ha tenido una merma muy fuerte, drástica, en cuanto a los ingresos por esa vía. Por eso, estamos haciendo todo lo posible, como ese proyecto de ley, para poder atajar la merma de ingresos que hemos  sufrido”.

 Al presente la ley dispone que luego de cinco años el dinero de cuentas bancarias inactivas que no haya sido reclamado pase a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y de ahí al Fondo General. De acuerdo con la ponencia de OCIF sobre el proyecto, en el último año fiscal había $17 millones en cuentas inactivas. El PC 2310 propone que el dinero vaya una mitad al Fondo y la otra a la institución de Fondos Unidos de Puerto Rico (FUPR). “Obviamente  esa cantidad de dinero es ínfima en comparación con los presupuestos de las agencias del Gobierno”.

 Torres Rivera también rebatió el argumento de Jaresko de que se va a afectar el dinero del Fondo General.  “Pero es que esos dinero no son del Gobierno, esos dineros son de personas privadas. Ese dinero ahora va a OFIC y, eventualmente, cuando nadie lo reclama a los cinco años, entonces es que van al FG. En ese sentido, es pretender que cuentan con ese dinero no siendo público. Nos parece una interpretación desacertada. No es correcto decir que afectará a las cooperativas, porque están eliminadas por completo del proyecto”, recalcó.

 Por otro lado la directora ejecutiva de la FFAJ reclamó que  “el Gobierno tiene el deber de garantizar el acceso a la justicia como un derecho humano fundamental. Tiene que haber destinados fondos de parte del Gobierno para esto”.  Añadió que la no aprobación de la medida pone en peligro proyectos del Fondo que ofrecen servicios a mujeres víctimas de violencia doméstica, servicios notariales a pacientes con cáncer —la gran mayoría terminal—, personas en riesgo de desahucio por ejecución de hipotecas y personas afectadas por los huracanes y los terremotos.

 La licenciada Torres Rivera afirmó que han  estado muy pendientes al proyecto y que llevan varios meses esperando que la ley se aprobara. Luego de que fuera aprobado en la Cámara y quedar suspendido en el  Senado, el proyecto fue a consenso, tras lo cual fue incluido en la primera sesión extraordinaria convocada por la gobernadora. El proyecto iba dirigido a su aprobación hasta la aparición de la carta de Jaresko.

 Como suele hacer la JCF, al final de la carta dirigida a los presidentes de ambos cuerpos y a la gobernadora, Jaresko  amenaza con acudir al Tribunal si el  proyecto es aprobado.

 

 

 

 

 

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