Se tiene que ir: Renuncia o residenciamiento

Por Denis Márquez/Especial para CLARIDAD

Evidenciadas las asquerosas acciones del gobernador y su grupo de cómplices en el Telegram PNP, no cabe duda de que Ricardo Rosselló debe desaparecer del gobierno de Puerto Rico en respuesta al reclamo del país. Debe renunciar porque no merece estar un día más en Fortaleza. En su defecto, como a todas luces y sin criterio propio ha elegido “atornillarse” a su puesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico tiene la obligación política y moral de iniciar un proceso de residenciamiento para expulsarlo o provocar su renuncia inmediata.

A todas y todos nos asquea el contenido del Telegram PNP: desde la homofobia hasta el desprecio por figuras de la oposición –vivas o muertas– como el compañero Carlos Gallisá, el carpeteo político a Juan Dalmau y su familia, insultos a periodistas y artistas o el desprecio a ciudadanos privados. Desgraciadamente, todo eso igualmente lo manifiestan y ejecutan como propuestas de legislación en sus acciones gubernamentales, que se traducen en políticas públicas de presecución y desprecio a la disidencia y a nuestros derechos.

Llevamos décadas planteando que la corrupción pública está basada en el clientelismo e inversionismo político presente en todos los gobiernos PPD y PNP. No podemos olvidar, en el caso de la Cámara de Representantes del pasado cuatrienio, los arrestos de los allegados y jefes de campaña de David Bernier. Este cuatrienio, los arrestos por corrupción de la ex Secretaria de Educación, Julia Keleher, de Ángela Dávila, ex Directora Ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, y contratistas en dos áreas de servicios esenciales que representan el 50% del presupuesto del país.

En el inaudito caso particular de Keleher, desde su nombramiento advertí que sería nefasta para Puerto Rico y la denominé como la “empresaria que dirige el Departamento de Educación”. Solicité su interpelación en la Cámara por el cierre de escuelas, las mismas que cerró con la ayuda de los que hoy están acusados junto a ella. Maltrató a cientos de comunidades escolares y contrató a sus compinches. La denuncié un sinnúmero de veces y hasta la referí a Justicia y Ética Gubernamental, mientras azules y rojos le reían las gracias en la Legislatura.  Vino a destruir la educación, las escuelas, nuestros estudiantes y al sistema de educación pública del país.  Ahora se confirma que, desde el principio de su incumbencia, llegó a lucrarse y a enriquecerse, tanto a ella como a sus allegados.

Estos esquemas coloniales en que se fusionan (con/funden) partido político y gobierno, demuestran el único interés de preservar, a toda costa y sin principio alguno, el exiguo y limitado poder que queda en Puerto Rico para beneficiar a unos pocos en perjuicio de la estabilidad social y económica de los muchos. Pero la base de la principal corrupción que nos azota es producto del estatus colonial que oprime y corrompe con la imposición de leyes y estatutos aprobados por un gobierno extranjero, en perjuicio de nuestros intereses más básicos.

Estas nefastas acciones dejan al descubierto la irresponsabilidad gubernamental y fiscal, la incapacidad colonial que mantiene en descalabro la economía del país y que provocó la aprobación de la ley PROMESA. El imperio, velando por sus intereses, ahora protege a sus bonistas y buitres, poniendo al Gobierno de Puerto Rico en sindicatura federal en fondos relacionados con la salud y la educación. En otras palabras, el imperio, en su esplendor, está apretando las tuercas de la colonia de Puerto Rico.

Desde la Cámara, seguiré insistiendo en cumplir con la responsabilidad política de llevar a cabo el residenciamiento del gobernador Ricardo Roselló. La indignación debe continuar, pero ante todo debe traducirse en la accion política de provocar la salida del gobernador y su pandilla. Todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados en invitar, emplazar y llevar el mensaje al país, a los votantes, de que el independentismo estará presente en las próximas elecciones, como lo ha estado por décadas, a través del Partido Independetista Puertorriqueño y su proyecto de descolonización e independencia, con un programa de gobierno de avanzada en economía, ambiente, equidad, derechos humanos, solidaridad y justicia social. Pero, además, con una trayectoria de genuina honestidad y verticalidad. 

El autor es representante a la Cámara por el Partido Independentista Puertorriqueño.