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Se va el 2020: La lucha contra la violencia de género

 

 Que el concepto de “perspectiva de género” haya sido uno de los temas ventilados durante esta campaña electoral no fue un hecho silvestre. Desde el 2018 el Movimiento Feminista está reclamando del Gobierno que declare un estado de emergencia por  violencia de género.

 De acuerdo a datos del Observatorio de Equidad de Género, al 1 de diciembre, 55 mujeres habían sido asesinadas en Puerto Rico. En el transcurso de cuatro semanas —del 15 de septiembre al 19 de octubre— ocurrieron 17 feminicidios.  Esto constituye más del 36% de los feminicidios en lo que iba del año.

 En lugar de declarar un estado de emergencia, como reclama el movimiento feminista, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien ocupó la dirección de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) y fue secretaria del Departamento de Justicia, emitió el 25 de noviembre una orden ejecutiva que declara como “servicios prioritarios la lucha contra la violencia a las mujeres en Puerto Rico”. La orden incluye otras disposiciones de proyectos enviados a la Legislatura: enmendar el Código Penal para tipificar como feminicidio para incluir circunstancias adicionales bajo las cuales se entenderá cometido asesinato en primer grado cuando la víctima es una mujer; enmendar el Código Penal para definir y tipificar en sus distintas modalidades el delito de trata humana; que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identifique en las peticiones presupuestarias una partida para cumplir con la política pública contra la violencia a las mujeres y, por último, que cada agencia de gobierno separe también una partida de su presupuesto para esos fines.

 La portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), profesora Sara Benítez, a preguntas de CLARIDAD sobre las medidas,  declaró que  en términos generales le parecían bien, pero destacó que es importante  que estas estén en congruencia con las  definiciones de feminicidio que ya se están manejando a nivel internacional y con la forma en que se recopilan los datos, de manera que se puedan tener bases de datos confiables y comparables con otros países.

“Junto con eso, desde el 2018 hemos estado pidiendo un estado de emergencia, y la gobernadora se ha negado a hacer este tipo de declaración. En su lugar, hace esas órdenes ejecutivas que son importantes, pero que no están integradas a una política pública coherente y que de verdad envíe el mensaje claro  de que esa la política pública del Gobierno de Puerto Rico”.

 Sobre la medida que dispone que cada agencia dedique una partida para la prevención, educación e intervención  en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, también dijo que es un elemento importante,  pero resaltó que “el presupuesto con perspectiva de género es algo más allá de eso.  Es cómo todo el presupuesto del país responde a las necesidades de atender de forma puntual y con fondos las necesidades de las mujeres y la comunidad trans. Así que eso es una partida, pero no es tampoco un  proyecto realmente integrado. Es como poner elementos para supuestamente atender la situación,  pero no hay un proyecto coherente integrado”.

 Insistió en que el  presupuesto es la forma en que se lleva a cabo la política, y tiene que ir más allá de una partida,  “no estoy diciendo que eso no está bien, pero no es suficiente para lo que hemos estado reclamando en el país”.

 En tanto, la coordinadora del Observatorio de Género, doctora Irma Lugo Nazario, también objetó que la gobernadora no haya atendido el reclamo de declarar un estado de emergencia por violencia de género.  Trajo a la atención que en el 2018  las organizaciones feministas participaron de varias reuniones en La Fortaleza y se discutieron unos puntos con los cuales las organizaciones  estuvieron de acuerdo. Al dar a entender que luego de esa reunión no hubo ninguna otra gestión por parte del ejecutivo señaló que la creación ahora de una Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer, un comité que dijo ya tenía la OPM y al cual no se le dio  seguimiento, “lo que vemos que se le quitan poderes a la Procuradoría”. Considera que hay que estar atentos a cuál será la voluntad del nuevo gobierno de darle seguimiento y cumplimiento a las directrices que deja la gobernadora.

 Lugo Nazario también denunció  que la aprobación del proyecto de feminicidio sin que se hayan incluido en la exposición de motivos las definiciones elaboradas por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “deja ver el poder de los grupos fundamentalistas y la macharranería que también hay entre los representantes de gobierno, lo que también cuestiona la preparación de los legisladores”.

 Sobre la declaración de emergencia, la coordinadora del Observatorio de Género recalcó: “Es importante que la gente entienda que desde el gobierno está el ejercicio de poder sobre las diversas instancias gubernamentales que responden a las necesidades de la población. Por eso es importante que desde el Gobierno central se dé este tipo de declaración y se le dé seguimiento y no sea solo algo que se hable y luego se invisibilice hasta que surja la situación”.

 

 

 

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