Se va el 2020:Temblores, cenizas, robos y pandemia

 

CLARIDAD

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Luego de un verano delirante, combativo, el resto del año 2019 transcurrió con los usuales contratiempos y enfrentamientos políticos entre facciones intra partidos y entre los dos partidos que hasta hace unas semanas eran mayoría en el país.

Dentro de nuestra mente, en el horizonte de nuestro Puerto Rico no creíamos que nada más duro podría suceder luego del huracán María en el 2017, y el verano del 19. Nada más lejos de la realidad que estaba destinada.

Esta reseña que presentamos de eventos ocurridos -hasta unas semanas antes de que se termine este año 2020- no pretende ser una exhaustiva. Los eventos aquí reseñados son los considerados más relevantes cubiertos por Claridad en materia ambiental y aspectos relacionados pero a juicio definitorios en nuestra vida colectiva.

 

Tiembla la tierra

Este año 2020 se presentó con violencia, tanta que la tierra comenzó a temblar en el área sur de la isla desde finales de diciembre. Desde el 28 de diciembre comenzó un patrón creciente de sismos, no solo en magnitud, sino en secuencia. Los movimientos sísmicos comenzaron con uno grande 4.7 después siguieron más pequeños 3.5 luego se aplacó, luego siguieron unas réplicas de secuencia de 4., de 4.5, después de 5.8 réplicas, hasta el sentido en la madrugada del martes siete de enero de 6.4, todos causaron daños.

En entrevista en aquel momento el doctor en geología José Molinelli Freytes advirtió que era imposible predecir cuánto tiempo más, ni a qué hora, ni de qué magnitud continuarán las réplicas de los sismos experimentados. El hecho es que en el área sur la tierra ha continuado temblando al menos hasta mediados de agosto, de acuerdo a información de la Red Sísmica, claro en menor intensidad.

Mientras en un estudio preliminar -en febrero – el economista José I Alameda estimó que la actividad sísmica había dejado daños en la infraestructura por $160 millones, y una pérdida en el producto interno bruto (PIB) por $1,196 millones para un total preliminar en costos de $1,356 millones.

La Pandemia

Cuando aun el país no se había repuesto de los temblores (tan así que todavía a finales de este año hay familias sin hogar) cuando apareció la plaga del coronavirus (Covid-19) la cual nos mantiene al día de hoy en vilo. Mientras la pandemia avanzaba por todo el planeta el entonces secretario del Departamento de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado tomaba el asunto a la ligera y llegó a a decir que el ‘coronavirus no llegaría a Puerto Rico’.

No fue hasta el mes de marzo en que la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced comenzó a tomar medidas para enfrentar la temible enfermedad con una primera Orden Ejecutiva -del 15 al 30 de marzo- que disponía el cierre de los centros comerciales, cines, parques de diversiones, casinos, teatros, etc. solo podían transitar de cinco de la mañana a seis de la tarde personas debidamente identificadas que estuviesen en tareas de trabajo ya sea públicos, o privados, personas para adquirir alimentos, medicinas y servicios médicos, ya sea cita médicas, laboratorios y hospitales.

Al momento de redactar este recuento las personas contagiadas por Covid- 19 en la isla sumaban 56,746 contagiados: 1,925 casos probables; 43, 358 casos sospechosos; y 1,192 muertes.

 

El robo de la salud

En medio de la emergencia nacional de salud que vivía y vive el país por los contagios de Covid -19 el pueblo se enteró del intento de fraude al gobierno de la compra por $38 millones de pruebas para la detección del coronavirus (COVID 19). Esta situación quedó desplegada al inicio de la pandemia durante una investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Si el intento fallido de fraude dejo demostrado la corrupción gubernamental está quedó sepultada cuando este pasado mes de noviembre tras meses de investigación el Departamento de Justicia dio a conocer que no referiría a ninguno de los implicados al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFI). En otras palabras los delitos quedarían impunes.

La fiesta de derroche del dinero del pueblo de la AEE

En el mes de marzo organizaciones ambientales y la Unión Independiente de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), radicaron una moción al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), para que este reconsiderase la aprobación de una propuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la instalación de unos generadores de emergencia por los cuales pagaría $70 millones mensuales, por 18 meses. Los generadores serían instalados en la planta de Costa Azul, la cual se encontraba fuera de servicio desde el temblor de tierra del siete de enero. Los grupos ambientales y la UTIER denunciaron que la AEE no había considerado otras opciones, como reparar la generatriz Costa Sur, que según expertos podría repararse por $30 millones.

Tras la presión de los grupos ambientales e intervención en el NEPR el 30 de mayo el entonces director ejecutivo de la AEE, Jose Ortiz , anunció que la AEE había decidido abortar el proceso.

El contrato de Luma

En agosto salió a la luz pública que la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AP3, como suele abreviarse), establecieron un llamado “acuerdo”, que no es otra cosa que la privatización de la AEE.

El contrato tan celebrado hasta hoy por la administración gubernamental e incluso la Junta de Control Fiscal (JCF) le concede a Luma Energy, LLC la Operación y Mantenimiento (O&M), del Sistema Transmisión y Distribución (T&D) de la AEE durante los próximos 15 años. Luma cobrara una Tarifa Fija Anual que comienza en $70 millones, la cual aumentara a $105 millones a partir del cuarto año hasta el año 15. Cobrará además una “tarifa de incentivo” la cual se pagará cuando el operador cumpla con ciertos indicadores de rendimiento. Esta tarifa el primer año será de $13 millones y aumentará a $20 millones para cada uno de los años del 4 al 15.

Por si fuera poco la JCF logró que la jueza Laura Taylor Swain permitiera que se le adelantara a Luma la cantidad de $136 millones por “gastos administrativos”. Entre los meses de junio a agosto Luma facturó $26 millones lo que incluyó un total de $283,492 en honorarios de abogados, $150,000 en publicidad y $301,237 para sus ejecutivos. Estos gastos incluyen el pago del alojamiento en hoteles de los ejecutivos de Luma.

Masacre de áreas naturales

Aprovechando el encierro provocado por la pandemia ya entrado el año el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) bajo la excusa de reparar daños causados por el huracán Maria- a tres años- desató en sus instalaciones y en las de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), balnearios municipales, en los bosques del estado, literal una masacre de árboles de manera indiscriminada.

El balneario de Cerro Gordo, en Vega Alta fue el primero, en Dorado, en Vega Baja, en el Monte del Estado en Maricao, el Parque Urbano Julio Enrique Monagas, en Bayamón entre otros lugares fueron algunas de las víctimas.

No conforme el 15 de noviembre el DRD le solicitó a Fema (Agencia Federal para el Manejo de Emergencia) una extensión de 90 días para completar los trabajos de poda y tala en las instalaciones de la CPN. La fecha fijada por FEMA para terminar los trabajos era hasta este 30 de noviembre.

La empresa beneficiada con la desatada faena ambiental es Debristech . El primer contrato fue firmado en marzo de 2019 por la cantidad de $1,850 mil. En marzo de este año se enmendó por la cantidad de $8,834.116.30 y en junio se volvió a enmendar para extenderlo hasta este mes de diciembre por la cantidad de $9,337,466.30. (Leyó bien millones).

La amenaza a Mar chiquita

En junio el Senado de Puerto Rico aprobó por descargue el proyecto 1643 titulado “Ley del Corredor Costero de Manatí” de la autoría del presidente Thomas Rivera Shazt.

La Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc (SOPI) dio la voz de alerta de que el proyecto eliminaría protecciones ambientales y alteraba los planes de uso de terrenos vigentes afectando de manera adversa ecosistemas importantes en Mar Chiquita, Laguna Tortuguero, y otras áreas costeras de alto valor ecológico. Las acciones propuestas en el proyecto resultarían en la fragmentación y degradación de sobre 35,000 cuerdas de hábitats, eliminando recursos esenciales para la vida silvestre endémica y migratoria de Puerto Rico.

Tras la denuncia y la presión ciudadana el proyecto fue retirado, aunque SOPI instó a su membresía y a la ciudadanía a no bajar la guardia.

Siguen ardiendo las cenizas

En una lucha que se extiende las comunidades de Guayama, Salinas y Peñuelas, reiteraron su rechazo a la planta de carbón AES y al deposito de cenizas. Con siete meses de tardanza el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llevó a cabo tan reciente como este cinco de noviembre una vista pública en Peñuelas en donde presentó para evaluación el reglamento sobre la prohibición del depósito y disposición de cenizas en Puerto Rico.

En la vista los líderes comunitarios enviaron un mensaje de advertencia al gobernador electo Pedro Pierluisi, quien fue cabildero de AES a que no se le ocurra revertir la Ley 5 aprobada el 2 de enero de este año.

“A nombre de las personas que han muerto a causa de las cenizas de carbón; de las personas que han enfermado por condiciones respiratorias y cáncer; de los acuíferos, aire y mar que han contaminado; que sepa Pedro Pierluisi que vamos a inaugurarlo llevándole en cualquier momento y donde sea, el mensaje de que hay que cerrar la planta de carbón y que esa compañía AES no vuelva jamás a contratar con el gobierno. Al gobernador y al presidente de AES, ¡nos vemos en la calle!”, expresó Yanina Moreno Febres Pérez, de Peñuelas.

Los activistas dijeron que esperaban que el reglamento se aprobase antes de que acabe el año. “No podemos dejar en manos del cabildero Pierluisi este asunto, pues él tiene un serio conflicto de interés. Ya propusimos nuestras enmiendas al reglamento, ahora a seguir en la calle, porque la verdadera mayoría está en la calle”, manifestó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.

 

 

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