Servicios Legales de Puerto Rico rechaza expresiones de las Uniones sobre usos de fondos

Nota Editorial

CLARIDAD da paso a las expresiones de la Lcda. Hadassa Santini respondiendo al artículo que circuló en nuestra página web(www.claridadpuertorico.com) la pasada semana bajo el título: Servicios Legales: Trabajadores, abogados y abogadas en paro indefinido.

La directora ejecutiva de Servicios Legales (SLPR), Hadassa Santini Colberg, rechazó por falsas todas las expresiones de los directivos de la Unión de Abogados y Abogadas (UAASL) y de la Unión Independiente de Trabajadores (UITSL) vertidas en el periódico CLARIDAD alegando mal uso de los fondos de la institución.

“Ante la falsedad de los planteamientos, es nuestro deber indicar que jamás hemos recibido ningún señalamiento por el uso de los fondos que se asignan a nuestra institución. Vale la pena aclarar que, durante la pasada administración sí hubo señalamientos en un informe de la Legal Services Corporation. Todos los informes de auditoría fiscal realizados durante nuestra incumbencia han estado libres de hallazgos.  El uso de los fondos asignados a Servicios Legales está determinado en un presupuesto que prepara y autoriza la Junta Directiva y los desembolsos se realizan de acuerdo al mismo.  Son mentiras, además, las expresiones en el sentido de que estamos subiéndonos los salarios”, indicó Santini Colberg.

La directora ejecutiva señaló que la institución siempre ha contado con asesores legales para todo tipo de asunto laboral, incluyendo negociaciones colectivas. Actualmente la representación legal ha sido contratada también para defender y proteger a la organización de los cargos infundados y demandas improcedentes que han presentado las uniones o exempleados, y que hubiesen representado una erogación de fondos en detrimento de la organización que es sin fines de lucro.

“Las uniones han presentado 12 cargos ante la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo durante este proceso de negociación y en ninguno han prevalecido.

Recientemente, radicaron un cargo adicional, el cual está en etapa investigativa. Además, los representantes legales atienden las negociaciones, demandas o las más de 25 querellas activas presentadas ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo. Tan reciente como ayer, recibimos un laudo del Departamento del Trabajo desestimando una demanda de exempleadas que hubiese costado más de $3.5 millones a la organización, dinero que no tiene SLPR. Eso sí hubiese sido perjudicial para quien necesita nuestros servicios y recibe de esta institución su representación legal. Previamente, obtuvimos dos sentencias del Tribunal a nuestro favor en demandas que ascendían a más de $300,000. Tenemos que defender al Programa de demandas y querellas que, como bien ha determinado el Tribunal o el foro correspondiente, no procedían y confirman que el Programa actuó correctamente”, señaló la directora.

Sobre la aplicación de la reforma laboral a los convenios colectivos, la directora ejecutiva manifestó que son falsas las expresiones de ambos sindicatos.  “Nuestras propuestas son mucho más abarcadoras que lo dispuesto en la reforma laboral.  Basta con revisar las disposiciones de la reforma para darse cuenta de que no es lo que estamos aplicando en los convenios colectivos. Por ejemplo, en nuestra propuesta de la licencia por vacaciones, un empleado sujeto a la reforma laboral debe haber trabajado 15 años y nosotros le estamos reconociendo esa acumulación desde el primer día de empleo.  Lo mismo ocurre con la de enfermedad, se reconoce desde la primera hora de trabajo del mes, sin el requisito de 130 horas trabajadas, como establece la reforma”, sostuvo.

Por otro lado, la directora ejecutiva recalcó que la Unión de Abogados y Abogadas se equivoca al interpretar que por ser exentos tienen derecho a incumplir con el horario de servicio en las oficinas que brindan servicios. “Nuestra posición no es descontar el salario a los abogados, que es lo que prohíbe el Fair Labor Standards Act, es que los abogados estén presentes en las oficinas para ofrecer servicios”, puntualizó Santini Colberg. Según se explicó, SLPR está actualizando la forma de registrar la asistencia, que actualmente se hace de forma manual, a una electrónica para agilizar los procesos de nómina y mantener la exactitud de la información de la asistencia que se traduce en el pago de los empleados. “La gran mayoría de las organizaciones, incluyendo la Rama Judicial, cuentan con procesos de nómina mecanizados que además permiten hacer análisis y documentar las transacciones de personal fácilmente, esto nos ayudará cuando debamos realizar informes a nuestros proveedores de fondos”, señaló la directora. Añadió que quien cumpla con sus funciones y responsabilidades no debería estar preocupado con la adquisición de este nuevo sistema electrónico de nómina y asistencia.

La directora ejecutiva recordó que en los últimos 40 años que mencionan ambas uniones, SLPR ha atravesado por distintas crisis que lo llevaron a reducir sus oficinas de 32 que eran hace muchos años a las 15 que actualmente mantiene abiertas. “SLPR llegó a tener más de 550 de empleados y actualmente somos alrededor de 200. Sin embargo, los Convenios Colectivos no han sido actualizados durante todos estos años. Tenemos la necesidad de actualizar las disposiciones de los Convenios Colectivos ante la incertidumbre económica que enfrentamos anualmente para recibir fondos estatales y federales”, dijo Santini Colberg.

La directora recordó que, por la aprobación de convenios deficitarios en el pasado, se tuvo que recurrir a cesantías para poder cumplir con los compromisos que se adquirieron en la pasada negociación colectiva. “Precisamente que se haya reducido la plantilla del personal administrativo es el resultado del convenio oneroso del 2015 que estamos renegociando; cuando se ofrecieron aumentos que comprometieron el 95% del presupuesto en nómina y no se podía administrar porque no había dinero ni para renta. Las uniones no estuvieron dispuestas a renegociar, especialmente la UITSL, y se tuvo que cesantear a más de 50 trabajadores. La UITSL prefirió mantener todos los beneficios y aumentos que habían obtenido en dicha negociación antes de retener a las trabajadoras”, indicó.

La directora ejecutiva finalizó con un mensaje hacia ambos sindicatos para que reconsideren sus posturas. “El llamado a negociar de buena fe lo hacemos nosotros que llevamos año y medio sometiendo propuestas y la unión se ha mantenido sin moverse en no negociar un nuevo convenio colectivo o sometiendo propuestas con aumentos excesivos”, concluyó.