Especial para CLARIDAD
Cuando en el 1977 comencé a trabajar en Servicios Legales, organización sin fines de lucro que ofrece representación legal a personas de escasos recursos económicos que viven bajo los niveles de pobreza, ya estaba organizado el sindicato que agrupaba a todas las clasificaciones; las abogadas y abogados, así como secretarias, paralegales y otro personal de apoyo. Se estaba negociando entonces el primer convenio colectivo. Siendo una entidad que luchaba para que los sectores pobres del país fueran tratados con equidad y justicia en áreas tan importantes como la vivienda, la salud, la educación, el empleo, entre muchas otras, era natural que la también se exigiera para las trabajadoras y trabajadores que representaba protecciones para la seguridad laboral, garantías de plan médico, un procedimiento de quejas y agravios que desalentara las arbitrariedades, salarios justos y un taller unionado que garantizara el crecimiento y fortalecimiento de la organización.
Ese primer Convenio Colectivo que fue negociado por personas como Luis Amauri Suárez, Juan Franco, María Dolores Fernós, Ada Ortiz. Tenía cláusulas innovadoras que sirvieron de pauta a otros sindicatos. El director ejecutivo del Programa con quien se negoció el acuerdo fue el Lic. Jorge Segarra Olivero, recientemente fallecido. Posteriormente, un grupo de abogados pidió elecciones aparte y la matrícula se dividió en la Unión de Abogados y Abogadas de Servicios Legales y la Unión Independiente de Empleados de Servicios Legales. Sin embargo, los convenios de cada una son similares, así como las garantías fundamentales que para las unidades apropiadas se mantuvieron.
A lo largo de los años los contratos han tenido algunos cambios para ajustarlos a algunas modificaciones en la estructura de la organización y a necesidades de las matrículas, pero en general se ha mantenido la paz laboral. Solo hemos tenido una huelga que duró dos días.
Desafortunadamente Servicios Legales ha tomado un rumbo distinto en los últimos años. Además de las reducciones de centros y servicios ocasionados por la disminución de fondos, para lo cual los sindicatos han tenido la disposición de colaborar y poner en suspenso algunos beneficios económicos con el propósito evitar el despido de integrantes de la unidad apropiada, el clima laboral se ha vuelto difícil, opresivo y amenazante. Las abogadas y abogados trabajan bajo presión, con reducción en el personal de apoyo, demasiados casos por persona y exigencias burocráticas que solo pueden tolerarse por el afán de servir bien a nuestra clientela. Lejos de buscar soluciones mediante el diálogo, en tiempos en que nuestro Pueblo sufre grandes desafíos económicos y violación de derechos que requerirán más acceso a la justicia mediante una entusiasta representación legal, la confrontación es la pauta en la administración de Servicios Legales.
Hay falta de transparencia en información que nos afecta y esta actitud se ha recrudecido en lo que respecta a la negociación del convenio colectivo de la Unión de Abogados y Abogadas que tiene fecha de vencimiento el 30 de junio. Por semanas estuvimos solicitando un proceso de negociación formal con un calendario que nos permitiera avanzar y lograr acuerdos antes de la expiración del contrato colectivo, pero hace solo unos días se logró llegar a la mesa de negociación. El paso lógico sería la extensión del Convenio para garantizar la estabilidad laboral mientras se negocia, pero la negativa de la Lic. Hadassa Santini Colberg, directora ejecutiva, ha sido rotunda. Sin Convenio se abren las puertas de la arbitrariedad y perdemos toda protección y derechos quedando a merced de lo que se les antoje hacer. A la matrícula nos quedaría como alternativa ejercer el derecho constitucional a la huelga, lo cual tendría un grave efecto en los servicios que ofrecemos y que tan necesarios son para la gente pobre de nuestro país.
No acierto a entender la razón por la cual se niega a rajatabla la extensión del Convenio cuando ello nos daría el tiempo necesario para llegar a acuerdos, una vez que el Comité Negociador de la administración entregue la información que hasta ahora a negado y que nos pondría en condiciones de saber cuál es la situación fiscal del Programa. Hasta el momento nada han entregado, por lo cual no hemos tenido otra alternativa que presentar cargos por prácticas ilícitas de negociación colectiva. La renuencia a buscar una alternativa consensuada levanta graves interrogantes. ¿Se trata acaso de un intento de aprovechar la falta de Convenio para despedir gente, trasladar arbitrariamente, reducir beneficios que se han ganado? ¿ Acaso el hecho de que durante más de 38 años desde que se firmó el primer pacto entre unionados y la dirección de Servicios Legales solamente se haya producido una huelga de corta duración, no es lo suficientemente persuasivo para que en aras del bienestar de nuestra clientela, nuestra razón de ser, podamos extender su vigencia hasta alcanzar acuerdos beneficiosos para ambas partes?
No hay duda de que será una negociación larga, a juzgar por las propuestas que por filtración el Comité Negociador del Patrono ha estado presentando en la mesa. Como empleada de Servicios Legales por 41 años, no había visto sugerencias tan irracionales y faltas de sensibilidad. Por ejemplo, eliminar la obligación de proveer agua potable en los talleres de trabajo o tener disponibles envases de agua para descargar los inodoros en caso de que el servicio no esté disponible por alguna emergencia. Ante una actitud tan negativa, cuyos portavoces de la Lic. Santini son el Lic. Carlos Padilla Vélez, ex abogado del Bufete Fiddler a quien se ha contratado quien sabe por cuánto dinero y actúa como si Servicios Legales fuera una industria farmacéutica con cientos de trabajadores, el Lic. Alejandro Figueroa, subdirector ejecutivo que ha olvidado sus tiempos como abogado unionado y la Sra. Arlene Ayala, directora de Recursos Humanos, y por el inminente vencimiento del Convenio, levanté mi mano el pasado sábado en la asamblea extraordinaria que se llevó a cabo, para respaldar un paro de labores el miércoles 27 de junio dirigido a exigir la extensión del Convenio Colectivo y un voto de huelga para ser ejercido por la dirección de la Unión, si persistiera la postura que la gerencia ha mantenido hasta ahora.
Tengo la esperanza de que la Junta de Directores que preside el Lic. Jaime Ruberté motive a la Lic. Santini y a su Comité Negociador a entrar en razón. No son tiempos de atrincherarse en posiciones inflexibles, si no de buscar el diálogo para alcanzar acuerdos.
Si así no fuera, entonces como trabajadoras y trabajadores del derecho no podremos hacer menos de lo que hacemos por nuestra clientela, exigir y luchar porque se nos haga justicia.
