Servicios Legales: Siguen las negociaciones más de dos años después

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Especial para CLARIDAD

 

El pasado viernes continuaron las negociaciones en Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR). Durante los pasados dos años y medio, la dirección del bufete y la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) han tratado de marcar las pautas para pactar un nuevo convenio. Sin embargo, el proceso de negociación se ha dilatado por la incapacidad de ambas partes de llegar a un acuerdo final.

Son varios los asuntos que continúan sobre la mesa. Entre ellos figuran las vacaciones, el bono de Navidad y las subcontrataciones. Los trabajadores quieren conservar la mayoría de sus beneficios, pero el patrono argumenta que el mundo laboral ha cambiado, dijo a CLARIDAD la presidenta de la UITSL, Leticia Ortiz Matías.

A pesar de que en muchas ocasiones el patrono se ha mostrado renuente a las propuestas presentadas por los representantes de la Unión, el jueves 27 de octubre aceptó la mediación del Departamento del Trabajo en las negociaciones. No obstante, el patrono presentó una propuesta que la Unión no estuvo dispuesta a aceptar.

Actualmente, cada unionado tiene derecho a acumular un máximo de 30 días con cargo a vacaciones y tiene derecho a consentir su traslado a cualquiera de los 15 centros que mantiene la corporación de Servicios Legales en la Isla. La Ley Taft-Harley dispone que mientras se negocia un convenio nuevo se tiene que cumplir con los beneficios del convenio expirado. A cambio de mantener ese beneficio sobre vacaciones y traslado, la condición del patrono es que la Unión acepte los artículos respectivos a las reposiciones de trabajo, los horarios y las subcontrataciones.

El problema con la propuesta del patrono –según explicó Ortiz– es que quieren cargar a vacaciones los días que un empleado no pueda presentarse a trabajar en caso de que Servicios Legales paralice sus labores por un estado de emergencia. La Unión modificó el artículo sobre las reposiciones de trabajo, acordando que el empleado cumplirá con sus horas de manera remota en caso de una emergencia, siempre y cuando disponga de los medios y las condiciones necesarias.

“Ellos están trancados en que si hay una emergencia y Servicios Legales no puede abrir, esos días se le van a cargar a los trabajadores a una licencia especial, que no sabemos lo que es, o a vacaciones”, dijo la representante sindical. “La propuesta de vacaciones que ellos tienen sobre la mesa es dividir la matrícula en dos y, aparte de eso, eliminar todo lo que tenga que ver con los recesos administrativos”, añadió.

En lo que respecta a los horarios, el problema radica en que en el primer caso el patrono pretende quitarle a los paralegales la flexibilidad de sus horas de trabajo, flexibilidad que es necesaria, ya que, igual que los abogados,necesitan salir a representar clientes fuera de las oficinas

Por otra parte, las plazas congeladas desde 2015 se han estado sustituyendo con empleados temporeros. Mientras que el patrono propone la subcontratación de empleados privados por tiempo indefinido, lo más razonable para la Unión es subcontratar por 6 meses. Ortiz mencionó que muchos de los empleados subcontratados no están preparados para hacer la labor que les corresponde y terminan yéndose antes de que se les termine el contrato. Esta práctica se ha realizado con conserjes, secretarias y entrevistadoras.

Sobre lo anterior, Ortiz sostuvo que “con esto lo que buscan es ir minando la Unión”. También reclamó en varias ocasiones que mediante sus propuestas el patrono busca tener poder de decisión absoluto sobre los trabajadores de Servicios Legales.

La propuesta del patrono sobre el bono de Navidad es ofrecer $600, como la Reforma Laboral del Gobierno (el derecho actual de los unionados al bono es de un nueve porciento). Con el fin de llegar a un acuerdo y poner fin a las negociaciones, los unionados han hecho concesiones reduciendo la acumulación de días de enfermedad y eliminando muchos de los días feriados. Por otra parte, aceptaron el pago de unos bonos de $150 como un aumento de salario (el último fue en 2015); pero no están dispuestos a continuar cediendo beneficios.

Por último, Ortiz reclamó que no se puede estar discutiendo un artículo por cada sesión. El proceso de negociación se ha dilatado mucho, lo que parece lógico si se considera que se han contratado abogados patronales externos a los que se les sigue pagando mientras no se llegue a un acuerdo.

“Es hora de hablar de lo que realmente es importante”, concluyó Ortiz.

 

 

 

 

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