Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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La Unión Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) radicó un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan solicitando que se detenga la reapertura parcial anunciada por la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. El domingo la corporación anunció que reiniciaría el trabajo presencial en sus oficinas mediante cita previa a partir del lunes 3 de agosto. La UITSL objetó que luego de meses trabajando remoto para protegerse contagios por COVID-19 se estuviera exigiendo presentarse a laborar en sus respectivos centros de trabajo a paralegales, entrevistadoras, especialistas y secretarias
La reapertura va en contra de un acuerdo en el que a partir del mes de abril los trabajadores podían permanecer trabajando remoto mientras durara la emergencia, según expuso Leticia Ortiz Matías, presidenta de la UITSL. “Acordamos que las secretarias, por ejemplo, iban a trabajar todo el tiempo remoto, que si tenían que presentarse en un momento dado a la oficina podían hacerlo, pero que el trabajo iba a ser mayormente remoto”, enfatizó Ortiz. Esto aplicaba también a los paralegales, entrevistadoras, especialistas. Los conserjes iban a permanecer disponibles para trabajar e iban a seguir cobrando su salario.
A finales de junio se preparó un protocolo para ir reabriendo por fases. En la primera, comenzarían a trabajar los conserjes. La UITSL estuvo de acuerdo. Ortiz resaltó que tras el anuncio de la reapertura y reanudación de los servicios de representación y asesoramiento legal presenciales, “a las secretarias se les está exigiendo no trabajar más remoto y estar siete horas en la oficina, aunque no haya nada que hacer, exponiéndose”.
A la otra parte del personal mencionado se le está requiriendo presentarse a trabajar alternadamente. Los días que no estén en la oficina van a continuar trabajando desde la casa. “El acuerdo al que llegamos dice claramente que mientras perdure la emergencia debe trabajarse mayormente remoto, lo que no implica que no se haga trabajo presencial de ser necesario. Eso no violenta el acuerdo, lo que violenta el acuerdo es la fase dos en medio del peor momento de la pandemia. Cuando más peligro existe, ellos pretenden llevar a los trabajadores, que pueden seguir trabajando remoto, a exponerse y trabajar mayormente presencial”, dijo.
La decisión fue señalada por Ortiz como unilateral. Como parte de su reclamo la Unión decretó una actividad concertada e hizo llamado a sus unionados afectados con dicha decisión patronal a permanecer en sus casas, el lunes 3 de agosto, trabajando remoto para así proteger su salud y seguridad.
“Finalmente, me dijeron que lo iban a hacer por sus prerrogativas gerenciales. O sea, sin tomar en cuenta lo que estaba diciendo la Unión, ellos ya habían tomado todas las medidas. Yo le consulté a mis abogados y ellos me recomendaron radicar un injunction. Es increíble que el bufete de los pobres maltrate de esta manera a sus trabajadores. El patrono ha aprovechado esta pandemia para dejarlos sin convenio, dilatar la negociación colectiva, rebajarles el salario y, para colmo, ahora toma una acción que pone en riesgo la vida de nuestros trabajadores”, concluyó.
Por otra parte, los abogados a comenzaron a trabajar remoto desde el 13 de abril hasta las últimas dos semanas de julio, tiempo en que recesan las labores de la corporación servicios. Las mismas se retomaron hoy, 3 de agosto, de forma híbrida. “El patrono distribuye mitad del personal trabajando remoto y mitad presencial. Un día se alterna. Los que trabajaron remoto hoy, mañana trabajan presencial y viceversa”, explicó Manuel López Gay, presidente de la Unión de Abogadas y Abogados de Servicios Legales (UAASL).
La decisión de reanudar los servicios presenciales fue discutida con los presidentes de ambas uniones, según afirmó López. Sin embargo, señaló que el plan fue aprobado sin aceptar ninguna de las sugerencias que planteadas por la UITSL y la UAASL. “Ellos se ampararon en que, como el lenguaje que utiliza OSHA (Occupational Safety and Health Administration) es discutirlo con las uniones, cumplieron con ese requisito reuniéndose con Leticia y conmigo. Cuando nosotros le enviamos nuestros comentarios y sugerencias al plan, simplemente nos contestaron que “A mí la ley lo que me requiere es discutirlo y yo lo discutí. Les di la oportunidad de que me hicieran sugerencias, preguntas, y así fue. Así que aquí va el plan””.
López sostuvo además que, de incumplir con el plan aprobado, el patrono está utilizando el mecanismo de medidas disciplinarias como medio de transferir a abogados y trabajadores la responsabilidad de establecer medidas de seguridad para evitar el contagio. Las guías de OSHA descargan esa responsabilidad en el patrono.
“Lo utiliza como medida de amenaza al extremo de que si no firmamos el documento no podemos comenzar a trabajar. Así les notificó a las personas que objetaban el documento: ‘Entiendo que acuso recibo del documento y lo firmo como recibido’. No les estaba permitiendo volver a trabajar”, dijo.
El presidente de la UAASL destacó que se objetaron varios puntos del plan, pero además del anterior (aceptar la imposición de medidas disciplinarias) hay otra cláusula que pretende imponer a los unionados la obligación de que si conocen de algún compañero y compañera que no esté cumpliendo con el plan tengan que informárselo al patrono.
“Es lo que yo llamo la cláusula del chota. Si ellos se enteran de que yo tenía conocimiento de que alguno no estaba cumpliendo con el plan y no se lo dije al patrono, yo estoy sujeto a medidas disciplinarias”, dijo López.
