Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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La propuesta por parte la gerencia de Servicios Legales Puerto Rico para la negociación de los convenios colectivos de la Unión de Abogadas y Abogados de Servicios Legales (UAASL) y la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) se resume en reducción de beneficios e incremento en trabajo.
Así coincidieron respectivamente el presidente de la UAASL, Manuel López Gay, y la presidenta de la UITSL, Leticia Ortiz. Por estas y otras razones, el pasado miércoles 4 de septiembre, ambas uniones realizaron un paro de medio día en los Centros de Servicio Directo de Ponce, Arecibo y Caguas.
Actualmente, la UAASL lleva cerca de año y medio en un proceso de negociación colectiva con el convenio expirado, mientras que la UITSL lleva seis meses. El convenio de esta última expiró el pasado 30 de abril.
“Nos están haciendo la vida de cuadritos a los dos. Sucedió lo mismo que con la Unión de abogados. Pedimos la extensión (del convenio); nos dijeron que no. Entonces en la mesa acordamos unas reglas, que las rompen. Quedamos en sentarnos ocho veces al mes y que nos iban a honrar cuatro licencias sindicales para cuatro compañeros que trabajan en diferentes clasificaciones”, dijo Ortiz.
La Presidenta de la Unión que organiza a las secretarias, paralegales, conserjes y entrevistadores, empleados que se encargan de dar el servicio directo a la clientela que llega todos los días a pedir ayuda, reclamó que en consecuencia el mes pasado la gerencia dijo que no le iban a extender más las licencias sindicales.
“Mi comité se compone de cada clasificación, yo tengo una paralegal, un conserje, una secretaria y una entrevistadora, y con ese comité es que yo trabajo en la mesa (de negociación). Ellos quieren que de ahora en adelante yo me siente sola, con mis abogados y ellos, sin tener un comité. Eso es para mí inconcebible. Yo no puedo trabajar así”, añadió.
La UITSL está a la espera de que le provean las fechas para volver a las negociaciones. Según Ortiz, la gerencia ha dilatado el asunto desde que comenzaron las negociaciones hace cuatro meses. Además, señaló que las propuestas presentadas por el patrono son bien lejanas al convenio actual, “convenio que tuvimos por más de 40 años”.
La líder sindical explicó que como parte de la Ley Taft-Harley, aunque el convenio esté expirado, se supone que se mantengan esas condiciones de trabajo para demostrar buena fe en la mesa de negociación.
“No somos gobierno, nuestro patrono es una organización sin fines de lucro que se supone que recibe fondos para dar servicios legales en el área de casos civiles a personas de escasos recursos económicos. Representa muchas veces hasta a trabajadores que tienen problemas con sus patronos. Y a nosotros nos pretenden imponer la Reforma Laboral, empobrecer a nuestros trabajadores”, dijo resaltando la ironía de la situación.
Entre esas condiciones de trabajo que el patrono debía asegurar para demostrar una buena fe durante el proceso de negociación del convenio estaba el pago del bono de verano, “una bonificación especial que nos pagan hace más de quince años como un complemento del salario”. En el caso de la UAASL, este bono no se le paga desde el año pasado.
“Por primera vez a ninguna de las dos uniones nos lo dieron. Nos tuvimos que ir a la Junta Nacional de Relaciones Laborales a radicar un cargo”.
“Lo que están es dilatándonos y llevándonos poco a poco para imponernos las ofertas de ellos, que son bien lejanas a los que es nuestro convenio con beneficios de más de 40 años, e imponernos la reforma laboral. Ya nos dijeron que el bono de Navidad va a ser lo que da la ley”.
De los 50 artículos en el convenio de la UITSL, ya se han eliminado casi más de la mitad, artículos para los cuales la representante de los trabajadores recalca que han hecho propuestas casi en su totalidad.
Por otra parte, Ortiz cuestionó la contratación “con fondos que se suponen que sean para dar servicios” del bufete (Schuster). “Un bufete con matriz en San Francisco que se dedica a exterminar uniones, especializado en negociación colectiva y que no es barato. Están desde hace más de un año pagando miles de dólares a esos abogados patronales con el único objetivo de dejarnos sin beneficios”.
“Entonces, nos dicen en la mesa que no nos pueden dar beneficios por falta de fondos, porque están mal económicamente. Es la misma cantaleta y discurso que están diciéndole todos los patronos por ahí a los trabajadores: que hay que competir por los fondos, que nuestro convenio no les da flexibilidad para administrar. Un discurso para justificar imponerle la Reforma a los trabajadores”.
Ortiz, mencionó que tales excusas no caben en un programa como el de Servicios Legales, que ofrece unos servicios que no producen ganancias.
Por su parte, Manuel López Gay mencionó que la negociación del convenio de la UAASL ha progresado muy poco y que solo han firmado un total de quince artículos.
“No son artículos muy significativos. Ha sido una dinámica de ellos tratar de imponer su convenio con muy pocos cambios para evitar declarar un impasse. Siguen con la propuesta de reducirnos beneficios, tanto económicos como no económicos, y a la misma vez una mayor carga de trabajo”, dijo.
El presidente de la UAASL mencionó que durante las negociaciones se ha retirado “bastante” personal de la UITSL. Según explicó, esto multiplica el trabajo de los abogados y abogadas “porque lo que no hace una secretaria o paralegal lo tenemos que hacer nosotros. Hay una responsabilidad que tenemos que cumplir; una responsabilidad ética ante los clientes y el tribunal”.
Otras de las razones del paro eran la doble carga de trabajo y el descalabro administrativo. López Gay señaló que la gerencia ha demostrado en todo este tiempo incapacidad para administrar la corporación. Esto ha tenido como consecuencia la carencia de personal, que provoca que los abogados tengan menos tiempo para hacer el trabajo legal que les corresponde.
“En algunos centros la proporción de secretarias para apoyar el trabajo de los abogados es ridícula, a veces hay 3, 4 y hasta 5 abogados por cada secretaria. La presión es grande”.
Al igual que Ortiz, López Gay, criticó el gasto de “mucho dinero” en la representación legal para la negociación colectiva.
Ortiz, señaló que cuando la actual directora ejecutiva, la licenciada Hadassa Santini Colberg, comenzó en el 2015 lo primero que hizo fue cesantear 32 trabajadoras, la mayoría secretarias.
“Esas plazas las eliminó y esas 32 todavía están buscando justicia en el negociado de arbitraje. Después de eso empezó a empujar a las que quedaron, dándole doble tarea para que se fueran. Muchas se fueron. Las que quedan ahora tienen el doble o el triple de trabajo que tenían en o antes de 2015 y para colmo les quieren quitar los beneficios”.
López Gay destacó la desproporción de secretarias en las oficinas. Mencionó que “a veces, hay 2, 3 y hasta 5 abogados por secretaria”.
Otro problema, añadió Ortiz, son los contratos de agencias temporeras “en muchos de los centros haciendo trabajos de mi unidad” cada vez que alguien se va y cierran esa plaza.
“Servicios Legales dista mucho de lo que fue en el pasado y es la primera vez que nos estamos topando con un patrono que se ve que su fin es terminar las dos uniones y que quiere convertir esto como una empresa privada. Me imagino que será todo el mundo por contrato o algo así”, lamentó Ortiz.
