Por Cándida Cotto / Claridad
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Habrá que estar atentos a hasta cuándo la Legislatura y la gobernadora Wanda Vázquez Garced harán frente a la presión de la Junta de Control Fiscal (JCF) para que apruebe legislación que avale el acuerdo de reestructuración de la deuda (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Aunque la JCF ya hizo su presentación ante la jueza Laura Taylor Swain, el RSA reconoce como un requisito que la Legislatura apruebe legislación que avale el acuerdo, para que a su vez la jueza apruebe el RSA. La Junta parece querer ganar tiempo para presionar al Gobierno con una segunda petición de posposición de vista. En enero, la JCF le solicitó a la jueza aplazar la vista, que se suponía fuese el 14 de enero, para el 30 de marzo y ahora volvió a solicitar una posposición para el 3 y el 4 de junio.
El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez indicó a este semanario que en relación con la postura de la JCF, hay diversas opiniones, ya que la norma que la ley PROMESA establece es que hacen falta todas las leyes habilitadoras para la elaboración de planes de ajuste de deuda. Hizo la comparación con el caso de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante), en que la vista de la aceptación del acuerdo —que es lo mismo de la AEE— se dio junto con el plan de ajuste de deuda. “Aquí se va a ver primero el asunto del acuerdo con los bonistas”. Señaló que es obvio que para que el acuerdo se pueda poner en vigor, la ley habilitadora es importante, porque es uno de los elementos que la jueza tiene que tomar en cuenta en torno a la “razonabilidad” y que no sea contrario a la ley.
El término genérico de “razonabilidad” está expreso en la ley Promesa, por lo que Emmanuelli Jiménez reconoció que para la jueza Taylor Swain pueda aprobar el acuerdo, hay que presentarle la ley. “A tono con eso, la Legislatura es la que decide si el acuerdo va a tener la aprobación de la jueza o no”.
Frente a la posibilidad de que llegue el momento de la vista y todavía no haya legislación, el experto en la Ley Promesa y representante de la UTIER —unión que ha impugnado tanto la ley Promesa como el RSA— indicó que sería la jueza quien tendría que resolver ese punto. Hasta el presente los bonistas son los únicos que han planteado que la legislación no hace falta. Pero a juicio del licenciado Emmanuelli Jiménez, la jueza no puede aprobar un acuerdo “razonable” sin que haya una ley.
CLARIDAD le preguntó al licenciado que cómo la jueza Taylor Swain puede llegar a determinar que el RSA tiene “razonabilidad”, si apenas solo ha aceptado los argumentos de la JCF en favor de su negociación. En particular, se ha denunciado que la JCF se opuso a que se presentara un informe preparado por el London Economics International (LEI) que cuestiona la viabilidad del RSA y que fue presentado por el Comité de Acreedores no Asegurados (CANA). Otros que también han presentado informes que cuestionan el RSA son la UTIER, preparado por el economista José Alameda; Tom Sanzillo, director del Instituto de Análisis Económico y Financiero de la Energía (IEEFA); el Instituto de Competitividad, del economista Ramón Cao; el Sistema de Retiro de la AEE y el sociólogo Héctor Cordero.
El licenciado Emmanuelli Jiménez reveló que la JCF no ha refutado jamás ninguno de estos informes y custionó cómo se va a resolver un asunto tan importante con “una venda en los ojos”. Afirmó que la verdad es que la jueza Taylor Swain ha llevado los casos “bien rápidito”, por lo que no cree que se tome mucho tiempo luego de los dos días de vista en junio. En el caso de COFINA, recordó, se tomó apenas dos semanas aprobar el acuerdo.
Recalcó que el problema que tiene la jueza en estos momentos es que al haber excluido toda la información relacionada al impacto del acuerdo, tratándose de una corporación pública, eso es un error, por lo que adelantó que las partes opositoras RSA van a apelar al Primer Circuito, cuando la jueza apruebe un acuerdo sin medir las consecuencias. “Esto no es un acuerdo entre partes privadas. Esto es un acuerdo que tiene un impacto público bien grande y al ella haber excluido y no mirar el impacto público, si lo aprueba a ciegas, yo creo que el Circuito podría revocar su decisión. El Circuito ha sido bien militante revocando a la juez. No sería la primera vez, ya la ha revocado en siete ocasiones”.
Agregó que dentro de ese contexto está el asunto de las prioridades que tienen ciertos grupos en la AEE a la hora de cobrar. Se supone que la prioridad en la AEE sean los gastos operacionales y luego el pago al sistema de retiro. El RSA negociado por la JCF viola esas prioridades.
Así las cosas, no descartó que el caso de quiebra de la AEE tome todavía este año, pues aun si la jueza resolviera en el mes de julio, tras eso vendrán las apelaciones. Reveló que la misma JCF ha reconocido que mientras más se atrasen los planes del pago de la deuda más se atrasara la privatización de la AEE. En ese sentido, reiteró las críticas al RSA del informe del LEI que advierte que con el RSA la AEE puede volver a caer en un impago.
Emmanuelli entiende que los legisladores no tienen un conocimiento de todos los pormenores del RSA, pero por lo menos ya saben que va a representar un aumento significativo en la tarifa: “Eso es lo que les ha hecho plantearse que no lo van a aprobar”. No obstante, trajo a la atención que la Legislatura aprobó el acuerdo de COFINA aun cuando había suficiente información científica que confirmaba que el acuerdo era y es un mal acuerdo.
“A mí me preocupa que este año electoral, después de las primarias de julio, los que hayan perdido no tendrán compromiso con el pueblo. Cuando vengan las elecciones los que pierdan tampoco tendrán compromiso”, expresó. Reclamó que hay que continuar la presión y divulgar “cómo el acuerdo va a partir por el medio a Puerto Rico”.
En espera de la
decisión del Tribunal Supremo
Todavía está pendiente la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. sobre la vista de constitucionalidad de la Ley Promesa, que se celebró el 15 de octubre de 2019. El licenciado Emmanuelli Jiménez expresó no tener idea de cuándo va a salir la decisión, pero considera que mientras más tiempo pasa, según dicen los expertos, la decisión puede ser favorable a la UTIER. La tardanza indica, al menos, que la decisión no se les está haciendo fácil. Ese tribunal ya ha resuelto casos que se argumentaron en el mes de octubre.
