Sigue la batalla contra la Junta de Control Fiscal

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico

Muy por debajo del radar, lejos de la atención pública, la Junta de Control Fiscal (JCF) continúa llegando a acuerdos con bonistas para pagar deuda ilegal, en perjuicio del derecho de los empleados públicos a sus pensiones y del financiamiento de los servicios esenciales. Así se desprende en entrevista hecha por CLARIDAD a miembros del Frente Ciudadano Por la Auditoria de la Deuda (FCAD), sobre lo que ha estado haciendo la JCF.

La coordinadora del Frente, licenciada Eva Prados Rodríguez, señaló que aun cuando la JCF demandó a 20 bancos, a bufetes de abogados y a firmas de asesoramiento que participaron en emisiones ilegales de bonos del gobierno de Puerto Rico, por la cantidad de $9 billones, y de que la semana pasada dos aseguradoras, National Public Finance Guarantee Corporation y MBIA Insurance, también demandaran a una serie de los mismos sujetos y entidades por la misma razón, la Junta continúa negociando acuerdos favorecedores para los bonistas. El propósito de estas negociaciones por parte de la JCF, denunció la portavoz del Frente, es precisamente “uno, pagar deuda ilegal que no tenemos capacidad para pagar y, segundo, con esos acuerdos, santo y bueno, los bancos no van a tener ningún tipo de responsabilidad porque las demandas eran por su responsabilidad emitiendo deuda ilegal”.

La JCF radicó su demanda —en el último día que le permitía la ley— ante la presión pública de los grupos en la Isla, incluso de algunos acreedores, congresistas y hasta de la misma jueza Laura Taylor Swain, quien le exigió presentar una lista de las entidades responsables de las emisiones ilegales y radicar la demanda antes del dos de mayo. Prados Rodríguez denunció la estrategia de la JCF de radicar la demanda en el último día permitido y de continuar negociando. En caso de que la Jueza no llegue a pasar juicio sobre que la deuda es ilegal, eso significaría que en su momento la demanda se podría caer porque pagar la deuda denota que ha sido aceptada.

Insistió en que la Junta sigue “actuando por la libre” adelantando planes de ajuste de deuda, que incluye pago de deuda ilegal, y tomando acciones que benefician a los bancos que se supone son cuestionados en la demanda. En el mes de julio la jueza Taylor Swain suspendió los procesos de reclamación de deudas por Título III por un periodo de cuatro meses ante la crisis política que vivía el país. En esa vista los abogados de la JCF dijeron que el plan de ajuste de la deuda del Gobierno Central (la deuda de los Bonos Generales, GBO) estaba retrasado debido a que se estaba negociando con otros acreedores para que también se sumaran al plan. La suspensión de los litigios aplicó también a unas 20 objeciones radicadas en el caso de bancarrota del Estado Libre Asociado (ELA). La Jueza aplazó los litigios hasta el 30 de noviembre.

Siguen las negociaciones

A la luz del proceder que ha seguido la Junta, Prados Rodríguez comentó qué a saber si cuando llegue el mes de octubre ya el ente fiscal habrá terminado las negociaciones. Se refiere a que se supone que el 8 de octubre se lleve a cabo la vista ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los nombramientos de la Junta. En el mejor de los escenarios -apuntó- el Tribunal podría determinar que en efecto los nombramientos de los miembros de la Junta fueron inconstitucionales, pero ve más cuesta arriba que se declaren inválidos los actos de la Junta. Eso fue lo que hizo el Tribunal Apelativo, declaró inconstitucionales los nombramientos pero no invalidó los actos de la Junta.

Ante el proceder de la JCF, la portavoz del Frente indicó que continuarán reclamando al nuevo gobierno de Wanda Vázquez a que se haga una auditoría de la deuda. Señaló que más allá de la presión en la isla, en el Congreso está habiendo una apertura hacia la auditoría.

Mientras, la vista que se iba a celebrar este 11 de septiembre en el Tribunal Federal sobre la certificación del plan de ajuste de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fue pospuesta para el 3 de octubre. Además de la deuda de la AEE, entre las deudas que se negocian por Título III están la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la de COFINA, la de los bonos generales y la de los sistema de retiro.

Pero mientras la atención pública parece centrarse en las negociaciones de deuda bajo el Título III de la Ley Promesa, el Gobierno, por medio de la Administración de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal (AAFAF), está en proceso de reestructurar bajo el Titulo VI varias deudas corporativas, indicó el investigador del FCAD, licenciado Armando Santiago Pintado. La primera de las negociaciones que se cerró fue la del Banco Gubernamental de Fomento En junio se reestructuró la deuda de la Corporación de Fomento Industrial (PRIDCO,por sus siglas en inglés), aun cuando la corporación tenía capacidad para pagar su deuda. Esta se reestructuró y la negociación no significó una reducción sustancial de la deuda.

Una de las negociaciones bajo Título VI sobre la que no se ha hecho mucho movimiento es la de la Autoridad de Carreteras, en parte debido a que existe la disputa ante el Tribunal de Apelaciones de Boston respecto a quién le pertenecen los fondos del pago de arbitrio, si a la Autoridad o al Gobierno Central.

Santiago Pintado expuso que se supone que todas esas conversaciones corran de manera paralela a lo que está sucediendo en el proceso de Titulo III. En la medida en que una de estas corporaciones tenga ingresos que pueda concebirse como que le corresponden al Gobierno Central se van a considerar como parte del plan de ajuste de la deuda bajo el Título III, lo que impactará los recursos disponibles para el pago de la deuda del Gobierno Central. “Lo que pasa es que esa conversación se ha mantenido alejada del proceso de quiebra hasta el momento”. Denunció que esto se debe en parte a que tanto la JCF como AAFAF se han negado hacer pública la información económica y financiera detrás de estos acuerdos. La deuda de la Universidad de Puerto Rico, de la cual al presente no se conoce nada, es bajo Título VI.

Aunque se supone que cada una de las negociaciones tiene primero que pasar por el crisol de la Junta para luego pasar al tribunal, excepto la deuda de COFINA, todavía ninguna de las negociaciones lo ha hecho. Eso incluye la negociación de la AAA y la de PRIDCO. En el caso de COFINA incluso hay un pequeño grupo de bonistas que está tratando de retar en el Tribunal de Apelaciones la confirmación del plan de ajuste aprobado por la jueza Taylor Swain.

En las negociaciones de la deuda de la AEE hay otra pelea pública entre algunos acreedores y la JCF, debido a que hay estudios que señalan que la corporación pudo haber emitido deuda ilegal. La diferencia entre estas negociaciones estriba en que bajo Título VI se entiende que se puede llegar a un acuerdo negociado sobre los bonos. Bajo Título III es cuando se quiere recortar las pensiones o cuando se quiere lograr un recorte en los bonos que los acreedores no están dispuestos a ceder y hay que obligarlos por la vía judicial.

En medio de todo esto se está hablando de que existe un pulseo por parte de la Junta para tratar de hacer acercamientos con sindicatos en los próximos meses para tratar de conseguir el aval de estos para sus planes de ajustes. Bajo el Título III, la JCF tiene la capacidad de rechazar o desconocer un convenio colectivo que esté vigente. Esto lleva a los sindicatos a inclinarse por aceptar una negociación con el ente fiscal. Santiago Pintado denunció que la reforma laboral está diseñada para obligar a los sindicatos a negociar para lograr los recortes al sistema de retiro y las pensiones.

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