Por Cándida Cotto/CLARIDAD
La dejadez que ha tenido el Gobierno para destinar dinero a las instalaciones de Parques Nacionales, junto a la dejadez por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en tener listo un informe sobre el estado de estas instalaciones a dos años del huracán María, solo confirman las intenciones de la privatización.
La semana pasada, en las vistas para su confirmación, el nominado a secretario del DRNA, licenciado Rafael Machargo Maldonado, declaró que no descartaba la privatización de algunas de las instalaciones del ahora Programa de Parques Nacionales, ante el deterioro y falta de presupuesto para su atención.
A juicio del exadministrador de lo que fue la Compañía de Parques Nacionales (CPN), licenciado Sammy González, no le sorprenden esas declaraciones y sugiere que ya el gobierno está en esa dirección debido a que la Gobernadora muy bien pudo haber destinado de los $600 millones de fondos CDBR, una partida de $40 millones para los parques nacionales. Agregó que el hecho de que Machargo Maldonado dijese a la Comisión de Nombramientos de la Cámara que tendría un informe sobre las instalaciones en 30 días es otra prueba de la negligencia del DRNA, ya que el huracán María fue el 21 de septiembre del 2017. “Es ahora que van hacer eso. Esto lo que representa es que la transición que se dio en el 2018, cuando le pasaron las propiedades de Parques Nacionales a Recursos Naturales, que estaba administrando Recreación y Deportes, no fue una transición ordenada, ni organizada, ni efectiva”.
El ahora director de Desarrollo Económico del Municipio de Mayagüez afirmó que las instalaciones de Parques Nacionales (10 balnearios, cinco centros vacacionales y siete parques) son rentables. Destacó que el fin social de estas instalaciones es uno recreativo, de encuentro familiar y de esparcimiento. También de admiración a la naturaleza, que sirven para proteger contra la contaminación y son una barrera natural de ruido. No siempre son una mera producción económica.
El licenciado González, reconoció que las instalaciones son también rentables en términos de bienes raíces. Dio el ejemplo del Balneario de Boquerón, el cual tiene 100 cuerdas de terreno y 300 instalaciones entre cabañas y villas. Resaltó el sentido visionario del concepto de parques nacionales al escoger terrenos de alto valor adquisitivo.
“No tengo la menor duda de que tiene que haber especuladores e inversionistas detrás de esas propiedades. Después del huracán, como director de Desarrollo Económico de Mayagüez, recibimos llamadas de todas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos y Canadá, diciendo que querían invertir en Puerto Rico. Si a eso le sumas las leyes 20 y 22, lo que vimos con esto es que el Gobierno no ha intervenido de forma efectiva; esa no es la intención”.
Sobre la protección contra la privatización que puedan tener las instalaciones indicó que aunque las playas se supone que sean públicas, las instalaciones físicas sí podrían estar sujetas a la privatización. Aunque algunas de ellas tienen fondos del Departamento del Interior de Estados Unidos (DI), que establece la restricción de que sus usos son para fines públicos, el mismo DI ha hecho excepciones a proyectos de desarrollo. Un ejemplo de esto es la parte norte del Parque Luis Muñoz Marín, que fue cedida mediante un contrato a un desarrollador privado. González señaló que estos contratos son por una extensa cantidad de años y no todo el mundo puede pagar por el uso de las facilidades.
Destacó que, por el contrario, el propósito de la creación de la CPN era lograr la visión similar a la de otros países del mundo de declarar parques nacionales para la perpetuidad, para el disfrute de futuras generaciones. Tanto es así que la Ley 9 y 10 de 2011 establecía que los parques no se podían enajenar, vender ni privatizar. Eso cambió con la presente administración, que en el 12 de agosto de 2018 aprobó la Ley 71 que abre la puerta a la privatización. En ella se establece que los parques se pueden privatizar siempre y cuando existan dos propuestas.
“Ahí es que transfieren el Programa a Recursos Naturales. Así que habilitaron la ley y posterior al desastre las tienes (las instalaciones) abandonadas para poderlas vender a quemazón. Por las expresiones del secretario, se sabe que no va a haber una asignación para repararlas, a menos que exista un adelanto de las pólizas y seguros de los fondos CDBR. Lo pueden hacer. La gobernadora puede poner una partida para eso, pudo haber separado 40 millones para eso; pero eso el secretario no lo ha luchado”, denunció.
En entrevista por separado, el activista ambiental de Toabajeños por el Ambiente, Juan Camacho, expresó respecto a la gestión del DRNA que todas las agencias bajo esta sombrilla son un fracaso. Sobre el caso de las instalaciones recreativas comentó que ya, de hecho, en los balnearios los estacionamientos están privatizados. Denunció que el planteamiento del secretario es el viejo cuento del Gobierno de dejar desmerecer los activos de manera tal que resulte más caro su rehabilitación y tener excusas para la privatización.
Ambos entrevistados dijeron no saber si el nominado cuenta con alguna trayectoria en defensa del ambiente y de los recursos naturales.
