Siguen sin acceder a los fondos de vivienda

Las familias que no tienen título de propiedad formal y que perdieron sus viviendas como consecuencia del paso del huracán María en el 2017, todavía esperan porque el Secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, acepte el formulario de declaración bajo juramento, preparado por la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) para así poder demostrar que son dueñas de sus casas y/o terrenos, y así a su vez poder beneficiarse de los programas con fondos CDBG–DR.

La directora de ALPR, licenciada Adriana Godreau Albert, –a preguntas de CLARIDAD– indicó que a principios de noviembre de 2018, le sometieron al Secretario del DV un documento el cual se inspira en uno similar de declaración bajo juramento que ya aprobó FEMA en Texas para los casos de personas que no tienen titulo formal de propiedad. Denunció que la incapacidad del Secretario de la Vivienda de contestar lo que hace es dilatar el proceso y que finalmente cuando llegue el dinero las personas en esta situación no van estar preparados y que el DV debería estar aprovechando el “receso” del gobierno de Estados Unidos para que establecer esas guías y ser transparentes. “Aquí lo que se hace es todo al revés, se le ha escrito y no ha contestado la carta de principios de noviembre no ha dado señales de recibo, ni reacción”, denunció.

La situación surge debido a que tras el paso de los huracanes Irma y Maria, FEMA denegó el 62% de las solicitudes y el 80% de las apelaciones presentadas por la pérdida de sus casas. Según ha informado AYLPR cerca de 70,000 personas no recibieron asistencia por carecer de documentos de título pese a ser dueñas de sus hogares. La licenciada Godreau Albert defendió que esto demuestra la urgencia de adoptar la declaración bajo juramento como prueba alternativa al título. El documento fue diseñado por ALPR junto a otras entidades. Precisó que la legislación federal es clara: una persona no necesita tener un título para acceder fondos para reparar sus hogares después del desastre. No se necesita abogado o notario para preparar esta declaración.

Agregó que la experiencia de Texas alrededor de los fondos CDBG–DR demuestra que esta declaración se puede adaptar para que aplique a personas sin títulos formales. Ayuda Legal preparó una investigación legal y los modelos que necesitaría el Departamento de la Vivienda para implementar esta declaración en CDBG–DR.

“No hemos encontrado protocolos sobre pruebas alternativas para el título. Sin un documento uniforme, se repetirá la historia de FEMA, miles podrán quedarse sin ayuda y este dinero no beneficiará a quienes necesitan reparar sus casas”, afirmó la licenciada Godreau-Aubert.

Continuó que tras los huracanes Irma y María, se asignaron cerca de $20 mil millones en fondos CDBG-DR para la recuperación de las comunidades afectadas por los desastres. Estos fondos tienen que utilizarse para atender las necesidades descubiertas de vivienda, infraestructura y recuperación económica de poblaciones vulnerables. HUD aprobó el Plan de Acción por los primeros $1.5 mil millones. Ahora queda por ver si la agencia federal aprobará las enmiendas al Plan, hechas con la segunda asignación de $8.2 mil millones.

Aunque hasta el presente –enero 2019 – no se ha recibido un centavo, la falta de respuesta por parte del secretario del DV Gil Enseñat, levanta bandera respecto al uso que pretenda darle el gobierno de Ricardo Rosselló a los citados fondos. Explicó la directora de ALPR que se supone que el gobierno llegue a acuerdos con constructores privados para manejar los fondos, se presume en las llamadas alianzas público privadas.

Ante el riesgo de que el gobierno utilice los fondos para proyectos de vivienda mediante alianzas público privadas como el recién inaugurado antiguo residencial público Las Gladiolas, Godreau Aubert, expresó que “ciertamente ese es el temor atado al uso de esos fondos”. Reiteró que la idea de los fondos CDBG–0DR “es que lleguen a la gente para que tengan una vivienda digna y así como por ejemplo no tener un protocolo para la gente que no tiene título formal lo que va hacer es excluir a todas aquellas personas que no tienen un título, que son los que mas necesitan”. Añadió que una de las preocupaciones de Ayuda Legal es que si la gente no participa, si no se escuchan las necesidades de las comunidades lo que va a terminar haciendo el gobierno es desplazar a comunidades por completo incluso reveló que ya hay alcaldes que han presentado eso en sus planes, sin que las comunidades siquiera se hayan enterado que están en riesgo.

El documento preparado por ALPR le fue sometido al secretario Gil Enseñat el 5 de noviembre. Mientras por otra parte según recogió el periódico El Vocero, el 28 de noviembre en conferencia de prensa junto a gobernador Gil Enseñat, dijo que “mediante el Plan de Acción sometido al Departamento de Vivienda Federal (HUD), los fondos del programa podrán ser utilizados para la reubicación de familias afectadas por el desastre, la compra de una casa o refinanciamiento de viviendas, hacer reparaciones, la remoción de escombros y en la construcción de facilidades públicas como los son: carreteras, sistemas de drenaje y alcantarillados, entre otros”.