Sin consideraciones ambientales el reglamento de Recursos Naturales

 

 CLARIDAD

 Aprovechando el furor de las elecciones, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aprobó el 2 de noviembre una orden administrativa (2020-17) introduciendo enmiendas al Reglamento  Ambiental 88581 que eliminan la consideración de los impactos ambientales en los proyectos que se aprueben. 

 Los cambios al reglamento fueron denunciados por las organizaciones Sierra Club de Puerto Rico (SCPR) y Ciudadanos del Karso (CDK). “El secretario saliente del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Lcdo. Rafael Machargo Maldonado, firmó de manera secreta la Orden 2020-17, la que prácticamente elimina la consideración de los impactos ambientales de los proyectos que se aprueben”, denunciaron portavoces de ambas organizaciones en un comunicado de prensa en el que le exigieron al todavía secretario que deje sin efecto la orden, que permita que los científicos la evalúen y que posibilite que el público pueda dar sus recomendaciones, tal como lo requieren las leyes vigentes.

Además de la denuncia pública,  el Sierra Club y Ciudadanos del Karso radicaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar que declare nula la orden administrativa, puesto que el proceso de aprobación fue contra la ley.

  “El gobierno saliente nos ha mantenido en vilo durante el último año, buscando aprobar reglamentos y órdenes ejecutivas a las cuales no le encontramos sentido ni explicación, a menos que sea para atender pedidos e intereses particulares”, comentó Abel Vale, presidente de CDK.

 Las organizaciones expusieron que el reglamento vigente exige que se prepare y se divulgue un documento ambiental en el que se evalúen los efectos y la mejor localización de los proyectos tanto como las medidas de mitigación. Este reglamento fue enmendado con el resultado de que no establece límites de protección, por lo que pone en  riesgo zonas naturales protegidas como el Karso. En ellas se permitiría construcciones de carreteras, gasoductos, tanques, líneas y tuberías eléctricas. Además elimina el requisito de una certificación ambiental para las labores de corte y poda de árboles.

 En este punto hay que traer a la atención que en estos momentos el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) está llevando a cabo  una tala y poda de árboles masiva de manera indiscriminada en las instalaciones de la Compañía de Parques Nacionales (CPN), acción que también está impugnada en los tribunales por un grupo de ciudadanos.

  En tanto, el portavoz de CDK, Abel Vale, además señaló que “la orden utiliza un lenguaje técnico que limita el entendimiento a los ciudadanos, quienes necesitan conocer de manera inmediata cómo les afectan estas decisiones. Otro aspecto de preocupación que apuntó es la variación en el uso y los cambios de calificaciones y consultas de ubicación que permite el nuevo reglamento.

“Los ciudadanos desconocen que su parque recreativo puede convertirse en un cementerio, por ejemplo”. Incluso exime de evaluación ambiental la instalación de antenas y equipos de telecomunicaciones en torres o estructuras existentes y la construcción de estructuras cónsonas con la calificación del lugar donde ubicarán.

 Por su parte, el licenciado  Pedro Saadé Lloréns, director de la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado al gobernador entrante, Pedro Pierluisi, para que destituya a Machargo.

 “La orden administrativa del secretario Machargo se aprobó a escondidas, sin análisis legal o científico previo y en medio de las elecciones con el objetivo de que nadie se enterara. Todo indica que es una orden de encargo que tendrá muy serias consecuencias para la tranquilidad de la gente y el medio ambiente. Debe ser revocada por la administración entrante”.

 Añadió que en vez de trabajar de la mano con las organizaciones ambientales para proteger el país, el Gobierno lo que está haciendo es atacar el sector ambiental, obligándolo a reaccionar continuamente a pobres decisiones que tienen impactos nefastos para el país, entre ellas, un reglamento conjunto de permisos plagado de errores, una tala de árboles indiscriminada en nuestros parques nacionales sin un plan de mitigación adecuado y, ahora, esta orden ejecutiva. “Es como si estuviesen ensañados con el ambiente y con el bienestar de nuestros ciudadanos”, concluyó Saadé Lloréns.

 

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