CLARIDAD
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Aires de huelga para este próximo inicio de clases asoman en la Universidad de Puerto Rico (UPR) si no se resuelve la controversia entre el Sindicato de Trabajadores (ST-UPR) y la Administración Central, que insiste en negarle al sindicato negociar su propio plan médico.
En conferencia de prensa ante los portones del Jardín Botánico, donde ubica la Administración Central (AC), el presidente del sindicato, David Muñoz Hernández, junto a miembros de la Junta Directiva y centenares de miembros del gremio denunció que ese organismo de la UPR pretende despojar al sindicato del derecho que tienen a tener su propio plan médico. “Al día de hoy, ya por espacio de cuatro décadas, el sindicato siempre ha tenido el derecho bajo convenio a tener su propio plan médico, libre de costos para todos los trabajadores y con mejores beneficios que el plan institucional”.
Muñoz Hernández desmintió declaraciones de la AC de días antes, de que el sindicato había accedido a que se le incluyera en el plan institucional. Por el contrario, catalogó la decisión de la Junta de Gobierno (JG) de unilateral e ilegal, “que simplemente se reunió y decidió regalarle cinco millones de dólares a MCS”.
El líder sindical presentó copia de la certificación 129 de la JG, en la cual dice que esa parte del convenio quedaba sin efecto. Narró que distinto a lo que ha ocurrido en el año anterior, en que siempre se respetaba el convenio colectivo, la administración universitaria, en este caso la JG, decidió dejar sin efecto esa parte del convenio 30 días antes de que entrara en vigor el nuevo periodo de contrato del plan médico. Afirmó que el sindicato ya había negociado con la aseguradora Triple S, que tiene mejores beneficios, una cubierta mucho más amplia a un costo más bajo que el plan institucional. Además de la acción unilateral, la AC les dio hasta el 15 de julio a los trabajadores para firmar y aceptar el plan.
Ante la acción de la JG, el sindicato dio a conocer que presentaría un recurso legal. “Pero más importante que el recurso legal es que nosotros no vamos a dejar que la Universidad de Puerto Rico continúe abusando de los trabajadores. Si ellos quieren regalarle el dinero del pueblo, no vamos a permitir que lo hagan”.
El presidente del ST-UPR fue enfático en señalar que resulta inexplicable que la UPR, que ahora mismo atraviesa la peor situación fiscal de toda su historia, rechace la propuesta que el Sindicato negoció con la aseguradora Triple S, que le economiza $5 millones a la institución. “Estamos hablando de que hasta los otros días la administración universitaria decía que se le hacía difícil operar con los recortes. No vemos razón alguna que justifique el porqué entonces prefiere que todos los trabajadores estén bajo el mismo plan cuando van a pagar mas. Precisó que el plan institucional cuesta $630 dólares por trabajador. Muñoz Hernández dijo que el sindicato le presentó una propuesta a la administración, que está alineada con lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) quiere, que le ahorra casi $55 dólares mensuales por empleado. Eso significa que si fuese extenderle el plan que negoció el sindicato le ahorraría $5 millones a la UPR: “¿Por qué pagar más por menos? ¿Por qué la UPR toma la decisión en este caso de regalar cinco millones a MCS?”, cuestionó.
Ante esas interrogantes, manifestó: “Mi sospecha es que alguien se está beneficiando de esta acción. Pero sobre todo, hoy tomamos una decisión de que si esto no se resuelve en un periodo de tiempo, el Sindicato va a paralizar. Si piensan que va a haber clases presenciales, no vamos a esperar que llegue el fin de mes. Están diciendo que si no firman ahora, el día primero de agosto se quedan sin plan médico. Todavía la administración universitaria no le ha dicho a nadie cuánto va a costar el plan médico. El 1ro. de agosto quieren que todo el mundo llene un cheque en blanco ¿para beneficiar a quién? Hay que preguntárselo a ellos”.
El sindicato llamó la atención a que muchos de sus trabajadores devengan el salario mínimo de $7.25 la hora y muchos de ellos trabajan entre 30 y 35 horas semanales, además de que son plazas temporeras o por contrato. Sin embargo, ha sido el único grupo de trabajadores que se ha mantenido en modo presencial durante toda la emergencia de la pandemia. Muñoz Hernández describió que la UPR se está convirtiendo en el semillero de la pobreza: “Gran parte de la población en Puerto Rico piensa que los trabajadores de la UPR ganan muchísimo dinero. Ahora tendrán que pagar deducibles mayores en todos los renglones. ¿Por qué quitar beneficios a los trabajadores?”, cuestionó.
Se supone que el sindicato que agrupa a los trabajadores de mantenimiento de la UPR es el único grupo de trabajadores, de acuerdo con la Ley Universitaria de 1966, que goza de reconocimiento legal para negociar un convenio colectivo. Eso significa que la UPR está impedida de enmendar o cambiar el convenio de manera unilateral, ya que sería ilegal. “La Junta de Gobierno nunca se ha reunido con nosotros, no se ha negociado un nuevo convenio. No hemos negociado porque ahora mismo las condiciones no son favorables para negociar un nuevo convenio, porque sería más favorable para el patrono que para los trabajadores”, reconoció Muñoz Hernández. Observó que recientemente un juez del Tribunal de Primera Instancia reafirmó que el convenio del sindicato goza de reconocimiento de ley y que el convenio colectivo está bajo la ley.
A la interrogante de si la acción pretendía ser una medida de presión para ir disminuyendo el sindicato y privatizar sus tareas, los trabajadores respondieron a coro que no, eso ya estaba pasando en los 11 recintos. Varios de los presentes dijeron que estaba pasando en sus recintos, como Aguadilla, Utuado, Arecibo y Humacao.
“Es más que evidente que gran parte de estas acciones que están tomando es porque quieren convertir la cepa en un bonsai”, comentó Muñoz Hernández. Precisó que hace unos años el Sindicato representaba a 1,500 trabajadores y ahora le quedan escasos 1,200, los cuales hacen el mismo trabajo. “Cada día somos menos y nos pagan menos. Lo que quieran es subcontratar”.
A los miembros del sindicato, que es el grupo de trabajadores con el menor ingreso en la UPR, la administración les retiró el beneficio de exención de matrícula para ellos, sus hijos o cónyuges. El presidente del sindicato indicó que contaban con ese beneficio desde la década del 50, y la JG lo eliminó; pero nunca emitió una certificación al respecto, por lo que también está en disputa legal. “Tenemos la certeza en ese caso de que va a prevalecer, de que tienen que volver a garantizarlo. El convenio es parte de la ley universitaria”, insistió.
En tanto, respecto al plan médico, Muñoz Hernández reiteró: “Exigimos una aclaración de la Administración Central y le exigimos al presidente de la Junta de Gobierno, Ing. Emilio Colón, que demuestre cuáles son las supuestas economías del plan uniforme o de lo contrario que renuncie inmediatamente”.
