Por Luis Pedraza Leduc/Especial para CLARIDAD
La exigencia de la Junta de Control Fiscal para que la estación de radio y televisión del gobierno de Puerto Rico se privatice, es decir, deje de ser un activo del gobierno no es un capricho. Es la consecuencia del fundamentalismo neoliberal que plantea la necesidad recortar gastos del gobierno para liberar dinero para pagar la deuda.
Al igual que el cierre de escuelas, los recortes en la Universidad, la reducción de pensiones, la privatización de las corporaciones públicas, la congelación de convenios colectivos, la eliminación de beneficios y condiciones de trabajo, tanto en el empleo público como en el privado y la propuesta de privatizar WIPR, entre otros, es parte de ese plan fiscal aprobado desde el año 2017 y que está en constante revisión como consecuencia de los desastres naturales, la pandemia y el flujo de riqueza que ofrecen los fondos federales y la moratoria a la deuda.
El 1ro de mayo de 2020 la Junta de Control Fiscal acudió al tribunal federal reconociendo que ante la pandemia existe un nuevo panorama económico que debe ser ajustado. El 4 de mayo el gobierno revisó sus proyecciones económicas y las presentó a la Junta. Los planes de ajuste para pagar la deuda que el tribunal federal considera están en revisión. El presupuesto del año fiscal 2020-2021 no ha sido presentado.
Hemos escuchado y leído llamados de diversos sectores sociales, entre ellos, artistas, sectores culturales y sindicatos, que hacen un llamado a la gobernadora a garantizar la existencia de WIPR como entidad pública. No debemos oponernos a cualquier iniciativa que proteja a WIPR como medio gubernamental y taller de trabajo. Pero no podemos pecar de ingenuos.
El problema real es la deuda. La Junta está para cobrar la deuda. La Ley Promesa la aprueba el Congreso para cobrar una deuda al pueblo de Puerto Rico. Y esa deuda no es del pueblo. Esa deuda es de quien la origina, el Congreso. Estados Unidos, como metrópoli imperial, tiene el deber legal y moral de comprar y pagar la deuda.
No debemos aceptar la inmoral política colonial que nos impone el Congreso. Mientras la mayoría del país va experimentando la precariedad económica y social un pequeño grupo se enriquece. Para la mayoría del pueblo existen escuelas cerradas, un sistema de salud deficiente, desahucios, quiebras, pérdidas de empleo, pensiones en riesgo, bajos salarios que obligan a la migración y la separación de familias, una infraestructura deficiente, la mitad de las familias bajo el nivel de pobreza, solo un 40 % de los que pueden trabajar están empleados y si quiere estudiar debe endeudarse.
Dentro de ese paquetazo neoliberal se ubica la venta o eliminación de WIPR. La vida de nosotros es un activo contable en la mente del Congreso y la Junta. Es por ello, que junto a todas las iniciativas y expresiones de condena a la privatización o eliminación de WIPR, tiene que reclamarse que la deuda no es nuestra, que se elimine la Ley Promesa y la Junta.
Existe hoy en Puerto Rico el dinero suficiente para reconstruir un país que reconozca la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, el trabajo, la alimentación, entre otros, como derechos humanos. Para divulgar esa posibilidad, para mostrar y dar ejemplos de esta aspiración social esta WIPR, Radio y Televisión. En su origen, educó y contribuyó a transformar el país. Ahora, más que nunca, debe estar en nuestras manos.
