Por Internews Service
El colectivo Somos Más Que 100 x 35 solicitó hoy que se paralice la negociación del contrato de alianza público privada para la operación del transporte marítimo por los siguientes 23 años a Vieques y Culebra, ante la falta de información sobre el proyecto y la crisis de gobernanza que sufre el país.
La agrupación, compuesta por residentes, comerciantes y organizaciones de Vieques y Culebra, expresó su temor a que antes del salida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares el próximo viernes “se firme un contrato que ocasione un caos peor al que se vivió cuando se mudó el terminal de Fajardo a Ceiba”, sostuvo Elda Guadalupe, legisladora municipal independiente de Vieques y líder del colectivo.
Agregó que “el proceso de privatización ha estado caracterizado por la falta de transparencia, la falta de información y por no consultar a las comunidades afectadas, específicamente a los residentes de Vieques y Culebra”.
Desde el 2016 se viene impulsando este modelo como una solución al deficiente servicio que ofrece la ATM, pero aparentemente adolece de una pobre planificación, que ha resultado en que sólo dos compañías llegaran a la fase de propuesta: Puerto Rico Fast Ferries (PRFF) y HMS Ferries, Inc.
“No sabemos si el proceso ha sido verdaderamente competitivo o negociado en el mejor interés público”, añadió Jorge Nales, también líder del colectivo por parte de los comerciantes de Vieques.
En tanto, Dolly Camareno, líder de Culebra y miembro del colectivo, apuntó que “anunciaron que estaban negociando un contrato con la compañía favorecida, pero ante las recientes bajas en la cúpula del gobierno hay mucha incertidumbre en cuanto a la continuidad de proyectos del gobernador. Desconocemos si las negociaciones siguen en pie o qué va a pasar con el servicio”.
Según Somos Más Que 100 x 35 hay muchas preguntas sin responder sobre el tipo y capacidad de las embarcaciones, los permisos, los empleados, las instalaciones de terminales, las rutas, itinerarios de viaje, las tarifas, los costos e impactos de esta contratación y de sus implicaciones fiscales a largo plazo.
“Tememos que el gobierno haya apostado todo a una ‘alianza’ con una compañía sin tener un plan alterno en caso de que no se materialice o colapse el proyecto. Por otro lado, tener que corregir sobre la marcha errores que pudieron haberse evitado en la fase de diseño siempre resulta más costoso y complicado”, explicó Pamela González, colaboradora del colectivo.
