Solo en el facismo es delito votar

Por Manuel De J. González/CLARIDAD

El gobierno español del socialdemócrata Pedro Sánchez quiere sacar el cadáver de Francisco Franco del mausoleo que el sátrapa construyó para que fuera su última morada. El lugar, llamado el Valle de los Caídos, opera como santuario del fascismo desde que fue construido con el trabajo forzado de los presos republicanos. Con el retiro de los huesos del dictador, Sánchez dice que cerrará las heridas aún dolorosas de la Guerra Civil.

¿Pero acaso es allí, en el valle de Cuelgamuros, donde está el franquismo? El pasado lunes 14 de octubre vimos un ejemplo muy claro de que la ideología que desangró a España durante y después de la guerra civil – sobre todo después – sigue muy presente en las principales instituciones españolas en 2019, casi medio siglo después de la muerte del generalísimo. Ese día el Tribunal Supremo declaró culpables de sedición al grupo de dirigentes catalanes que convocó un referéndum para que la gente votara a favor o en contra de la independencia de Cataluña. Como resultado de la sentencia cada uno de los líderes juzgados cumplirá condenas de entre 9 y 13 años de prisión.

Los líderes juzgados y condenados eran todos funcionarios electos por el pueblo catalán y lo único que hicieron fue poner urnas para que la gente, en total libertad, se expresara sobre el futuro de su país. Nadie levantó un arma más allá de la palabra escrita o hablada, que sólo los pequeños dictadores consideran peligrosas. Aun así fueron juzgados por sedición y desde que se presentaron los cargos hace más de dos años están en prisión preventiva como si fueran peligrosos criminales. A la condena de 9 a 14 años emitida el 14 de octubre se sumará próximamente otra a ser dictada por el Tribunal de Cuentas, que juzgará a varios de ellos por “malversación de fondos públicos”. El dinero supuestamente malversado fue el que utilizaron para colocar las urnas y organizar la votación.

Sólo una ideología tan torcida como la del franquismo puede considerar el voto un delito y esa es la que sigue muy viva en la judicatura española actual, particularmente en sus foros superiores. Fe el Tribunal Supremo que, azuzado por las organizaciones de extrema derecha, inició el procesamiento criminal y emitió la sentencia condenatoria. El objetivo era criminalizar un proceso político y evitar que el mismo tuviera una salida electoral como debiera ser en una democracia.

Antes de que los catalanes comenzaran el proceso soberanista fue otro foro judicial, el Tribunal Constitucional, el que creó las condiciones que condujeron a la confrontación política. El llamado “problema catalán” parecía resuelto en 2008, luego de que el Parlamento autonómico y el Congreso español, entonces con mayoría socialdemócrata, consensuaran un nuevo estatuto de autonomía que satisfacía muchas de las demandas catalanas. Aquel estatuto había sido aprobado por el Congreso y ratificado en referéndum de forma abrumadora en Cataluña. No obstante, a instancia del derechista Partido Popular, el Tribunal Constitucional invalidó un grupo de cláusulas claves del estatuto autonómico obligando al pueblo a buscar en la calle lo que le habían quitado luego de una votación. Ahora es otro foro judicial, el Tribunal Supremo, el que escucha los ecos del generalísimo y manda a prisión a los que se atrevieron a llamar al pueblo a votar.

En el valle de Cuelgamuros, donde se erige el bochornoso mausoleo en homenaje a “los caídos”, podrán estar los huesos del dictador, pero el franquismo permea aún la sociedad española y está muy vivo sobre todo en la judicatura controlada por la derecha. La exhumación de Franco tienen que ir a hacerla al Tribunal Supremo, no a Cuelgamuros.