Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD
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Personas que se han quedado sin trabajo y no han tenido acceso al dinero de desempleo; familias a las que les han suspendido los servicios de luz y agua, muchas de las cuales todavía sufren las consecuencias de los terremotos; aumento de casos de violencia doméstica; ausencia de un protocolo para las personas sin hogar; invisibilización de las personas privadas de libertad: estas son algunas de las principales situaciones identificadas por la Oficina Legal de la Comunidad y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana (Oficina Legal de la Comunidad) que no aparecen en los informes que brinda el Gobierno en relación con el COVID-19 durante las primeras dos semanas de la cuarentena.
Las medidas dirigidas a proteger a las personas y los grupos más vulnerables de nuestra sociedad tenían que tomarse en conjunto con la Orden Ejecutiva. Lo poco que se ha hecho ha sido a partir de las controversias que han generado los señalamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil.
En cuanto a los trabajadores, muchos se enfrentarán a dos semanas adicionales sin la capacidad económica para adquirir alimentos. Tanto el Tribunal Federal como los tribunales estatales han paralizado los procesos de ejecuciones de hipoteca. Mientras, las moratorias quedan a merced de los bancos e instituciones financieras.
Como señalamos en la edición pasada, en momentos de desastre los números de casos de violencia doméstica se disparan. Así lo ha identificado la Oficina Legal de la Comunidad, a pesar de que los tribunales y la Policía de Puerto Rico informaron haber tomado medidas para atender los casos relacionados con la violencia domestica. Los albergues para víctimas requieren de particular atención para que puedan mantener condiciones higiénicas y así poder acoger a las víctimas y garantizar su salud y seguridad.
En la invisibilización de las personas privadas de libertad durante esta coyuntura, el Estado no ha brindado información sobre la propagación del COVID-19 en las instituciones penales. Como si fuera poco, a estas personas les fueron suspendidas las visitas, pero no se tomaron medidas para facilitar el que pudiesen llamar a sus casas sin cargos y expresarles a sus familiares en qué condiciones se encuentran.
La Unión de Abogadas y Abogados de la Sociedad de Asistencia Legal expresó que el Gobierno, por medio de la Oficina de programas de desvío de la Administración de Corrección y la Junta de Libertad bajo Palabra, debió agilizar la salida de aquellas personas que están por completar sus sentencias y de aquellas cuyos delitos no son de violencia, tomando medidas para garantizar la seguridad y salud en las instituciones penales. Estas son medidas que se han tomado en otros lugares.
Algunas cárceles en EE. UU. han tomado medidas preventivas para ralentizar la propagación del COVID-19 en sus recintos; otras han optado por liberar presos vulnerables al contagio, tras detectarse casos, tanto entre reos como entre miembros del personal penitenciario (actualidad.rt.com).
La Oficina Legal de la Comunidad ha brindado servicios de manera limitada durante las pasadas dos semanas. En ese transcurso ha recibido llamadas de personas solicitando orientación sobre los temas aquí mencionados.
El director de la Oficina Legal de la Comunidad, Rafael E. Rodríguez Rivera, sostuvo: “El aislamiento social como medida para proteger y garantizar la salud de todas y todos no significa una renuncia al ejercicio y protección de los derechos humanos”.
