CLARIDAD
Un país inviable.
Eso es lo que nos espera si el Senado de Puerto Rico, al igual que ya lo hizo la Cámara de Representantes, aprueba el proyecto PC 1003, la Ley Habilitadora para el Plan de Ajuste de Deuda (PAD). En tan solo dos días, este lunes y martes (el 4 y 5 de octubre), el Senado se disponía a presentar y aprobar la medida, que no es otra cosa que el PAD preparado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Ese es el escenario que pronosticaron los ponentes del foro ¿Cómo el Plan de Ajuste de Deuda te afecta? Mitos y Realidades, auspiciado por la Comisión Ciudadana para la Auditoria de la Deuda Integral del Crédito Público (CCACP), Espacios Abiertos (EA), y el Colegio de Abogados y Abogadas (CAPR), presentado el jueves 30 de septiembre en la cede del CAPR. Escuchar a los economistas, Daniel Santamaría Ots, José Alameda, al licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez y a la planificadora Cristina Miranda Palacios, de la organización Liga de Ciudades de Puerto Rico (CPR), deja a una entre la indignación y coraje.
Para comenzar, el analista de Política Pública de EA, Santamaría Ots trajo a la atención que hay un problema de confiabilidad en los datos que presenta la JCF en su plan. Afirmó que después de más de cinco años de la puesta en marcha de la Ley Promesa y habiendo gastado alrededor de $939 millones del pueblo de Puerto Rico entre consultores, abogados, y demás expertos financieros, la Junta presentó un plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente. Ello sucede porque no existen estados financieros auditados para los años 2019, 2020 y 2021.
“Además del sobre costo que paga hoy el contribuyente en primas de riesgo por no tener los estados financieros al día, para la nueva emisión de bonos inherente al proceso de reestructuración, el pueblo también será el responsable pecuniario de cualquier nueva obligación que pudiera aparecer tras los procesos de auditoría que restan pendientes”, puntualizó.
Desmintió el argumento de la JCF de que el Plan solo compromete 7.6 centavos de cada dólar para pagar lo que llama “política de deuda”. Explicó que antes de reestructurar la deuda, el gobierno central tenía comprometidos cerca de 26.5 centavos de cada dólar de sus ingresos para deuda. Esta carga –indicó– resultó ser insostenible y fue lo que nos llevó al impago y a la quiebra. Ahora, para hacer contraste y presentar el plan más atractivo para su aprobación, la Junta indica que el plan compromete 7.6 centavos por dólar, sin embargo, no menciona, ni contempla en ese análisis la carga de la nueva modalidad de pago de las pensiones, el “pay as you go”.
“En realidad, la dimensión total de deuda y obligaciones nos acercaría a tener comprometidos 19.5 centavos de cada dólar de nuestros ingresos, o sea, que se nos plantea un “fin de quiebra” con una cantidad de obligaciones que está más cerca de la carga (26.5 centavos de dólar) que nos llevó a la quiebra, y que dista bastante de los 7.6 centavos que plantea la Junta en el Plan”.
El recorte a la deuda propuesto por la JCF fue otro de los aspectos cuestionados por Santamaría Ots. Rebatió una vez más que no es suficiente un recorte de un poco más del 50% a la deuda de $72,200 millones como alega la JCF. Recordó que los estudios realizados en enero del 2018 por los economistas Pablo Guzmán, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz concluyeron que para que Puerto Rico pudiera enfrentar su deuda, el recorte debía ser entre cerca del 80% al 90% ($7,200 millones y los $14,400 millones).
“Insistimos otra vez en que la Junta debe incorporar un análisis de sostenibilidad, que refleje un parámetro realista de escenarios (desde el más optimista al más pesimista), para cada uno de los próximos 30 años sobre los futuros pagos contingentes de deuda (CVIs)” Reiteró que, al día de hoy, siguen vigentes las conclusiones del estudio de la insostenibilidad de la deuda.
Mencionó que en el plan se contemplan únicamente el exceso en los recaudos del 5.5% del IVU certificado en el Plan Fiscal de 2020 y sobre el exceso en los recaudos del ron estipulados en el Plan Fiscal certificado en 2021. Espacios Abiertos entiende que es fiscalmente, poco responsable e insuficiente calcular el valor presente de los pagos contingentes basándose en las proyecciones del último Plan Fiscal certificado en 2021.
La reducción de las pensiones
En cuanto a los pensionados se denunció que la JCF coartó los derechos democráticos de los pensionados puertorriqueños al limitar la votación de la reducción de las pensiones solo al grupo de pensionados que recibe un recorte del 8.5%, pese a reconocer que el congelar los ajustes por inflación afectará al 100% de los retirados.
Santamaría Ots expresó que EA insiste en que la totalidad de los pensionados afectados por los recortes de la Junta, que según los últimos datos públicos asciende a 318,483, entre 166,510 retirados y 151,973 que todavía trabajan o cotizan, deberían participar en la consulta y tener derecho al voto. Sin embargo, la Junta únicamente permitirá que voten unos 24,074 retirados, aquellos con pensiones mayores a $2,000.
Añadió que el propio plan de la JCF establece que el impacto mayor a los pensionados será por el congelamiento de los ajustes por inflación. La mayoría de los retirados de Puerto Rico no reciben ajustes por inflación desde 2007. En concreto, entre 2007 y 2019 estos sufrieron un 19% de reducción de su poder adquisitivo y recibirán otro ajuste en su poder de compra del 39% durante los próximos 30 años.
En reacción a la aprobación del proyecto por parte de la Cámara, el analista de EA comentó que cuando se escuchan argumentos como el coste de la Junta de $339 millones, “el coste real de la Junta son las medidas de austeridad, son las reformas estructurales como por ejemplo la Ley 80 del despido libre que, aunque está en suspenso, ese es el costo real, no solamente eso, la Junta va a estar en Puerto Rico hasta que haya cuatro presupuestos balanceados y la capacidad de tener acceso a los mercados a tazas razonables, así que durante ese tiempo vamos a estar con la Junta”.
Santamaría Ots, recalcó que el argumento del costo de la JCF se esfuma y advirtió que de imponerse el proyecto, “el crecimiento económico se va a quedar en el aire porque estamos pagando deuda insostenible, ese es el real costo para el pueblo de Puerto Rico, eso se les explicó en distintos foros y desafortunadamente no ha calado en la Cámara, esperemos que el Senado tome nota de estas”.
No es cierto que con la aprobación del PAD se vaya la Junta
Por su parte, el experto en la ley Promesa, Emmanuelli Jimenez, aclaró que no es cierto que con la aprobación del PAD la Junta cese y se vaya. Primero, señaló que se supone que la JCF deje cuatro presupuestos balanceados y los presupuestos no son balanceados hasta tanto y en cuanto no esté incluido el servicio –el pago– a la deuda. Hasta ahora ningún PF tiene el pago.
Le sigue que habrá que esperar la confirmación del plan por parte de la jueza Taylor Swain y eso no exime el que se pueda apelar por parte de algún acreedor. El licenciado Emmanuelli Jiménez afirmó que de seguro algunos de los acreedores que están opuestos al plan van a apelar. De haber una apelación y el tribunal la acepte, eso podría alargar el proceso, el cual, como quiera, va a hacer más largo de lo anticipado porque no es solo que tengan los cuatro presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, sino que mientras el Tribunal de Circuito esté resolviendo el caso la sentencia no es final y firme, por tanto, los acuerdos no se pueden materializar.
Otro aspecto que trajo a la atención es el asunto de quien va a administrar el plan, que se supone es la JCF. Es decir, que hasta tanto no se enmiende la ley Promesa –cosa improbable– se requiere la presencia de la Junta. Insistió en que “ahí habría que aprobar cuatro presupuestos balanceados si los acreedores están peleando por la implantación del plan y por los pagos hay toda una serie de controversias que provocan que la Junta se quede más tiempo. Así que el argumento de que si se aprueba esto ahora (se refiere al proyecto) no tiene base porque hay otras contingencias y coincido con Daniel que el costo más grande es el costo humano que es el que se vive día a día”.
Emmanuelli Jiménez, dio énfasis a que el Congreso de Estados Unidos, dejó en la ley Promesa un sólo pequeño reducto de poder que es el Título 3 que es el proceso del ajuste de la deuda. Este dispone que es a la Legislatura de Puerto Rico a quien único corresponde aprobar o confirmar la ley habilitadora del PAD para que la Junta, “implante todas esas medidas de austeridad y saque todo ese dinero de nuestra economía para pagar a los bonistas”, denunció.
Advirtió en tono enfático que sin crecimiento económico y sin sostenibilidad de la deuda los pensionados van a ir a la miseria y que tal vez más cerca que lejos va a llegar el momento en que no se va a poder hacer el pago de la deuda, y debido a que la transacción –es decir el PAD– implica unas legislaciones y poderes de una sentencia judicial en donde se van a establecer unas prelaciones, en las cuales los servicios esenciales y nuestros pensionados van a estar últimos en la lista.
Recalcó que el PAD parte de unos supuestos de una economía basada en el liberalismo que “nos quieren hacer creer que eso va a traer un crecimiento económico y es total fantasioso porque una colonia que no tiene herramientas, con altos niveles de pobreza, imponerle mayor austeridad va a llevar a la miseria. Caer en la miseria, comernos hasta las raíces, no hay fondo, las colonias en las que el esquema jurídico y económico es para la extracción de la riqueza no hay fondo, llegaremos hacer como Haití, no estoy exagerando porque no hay ninguna expectativa de que con esta situación haya crecimiento económico”.
