Transformación de la salud pública a fondo de capital privado

 

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

 

La doctora Sara Huertas, profesora retirada del Recinto de Ciencias Médicas, de la UPR, abordó la ausencia de un verdadero sistema de salud para poder atender no solo la actual emergencia del COVID, sino la salud en general. La doctora en psiquiatría destacó  que lo primero que revela el COVID del sistema de salud es el cambio al lenguaje corporativo: de salud y pacientes a proveedores y clientes.

“Se habla de los servicios de salud cuando nos enfermamos, pero obvio, en esta epidemia ha fallado el sistema de servicio directo. Sin embargo, falla más allá, este sistema debe incluir la prevención. Supimos muchos meses antes que iba a pasar. Dónde están la planificación de los esfuerzos que nos hubiesen podio preparar para esto, quién gobierna, quién nos va a dirigir en esta crisis. Todo esto pone de manifiesto que el sistema de salud es uno fragmentando”.

La experta en salud mental censuró que se hayan entregado los servicios de salud a un sistema de lucro, como son las aseguradoras, y que el supuesto sistema de salud que hay en Puerto Rico no incluya todos los determinantes sociales que impactan a la salud. Dio como ejemplo de esto último el que en la presente emergencia del COVID en Estados Unidos la población que está siendo más afectada es la afroamericana, consecuencia del racismo y la pobreza.

Un ejemplo ilustrativo de un caso de corrupción de esos de alto nivel es la historia narrada por el investigador de Abner Dennis. En su tema principal de investigación para la ONG que trabaja, Public Acountability Initiave, sobre la deuda de Puerto Rico, ha dicho que en ese proceso se ha topado con temas de salud.

Según trajo a la luz, en el 2010 la Administración del Seguro de Salud de Puerto Rico (ASES) le otorgó a la aseguradora privada MCS un contrato de la administración de la tarjeta de salud por $800 millones.  “Para el mercado de aseguradoras privadas un contrato con ASES es lo mejor que les puede ocurrir”.  En ese momento, bajo la administración de Luis Fortuño, cuando se le otorgaba el contrato a MCS, uno de los miembros de la Junta de Directores de ASES, era Gloria Benítez, esposa de José Carrión III, hoy presidente de la Junta de Control Fiscal.

Al mismo tiempo en que se le concedió el contrato a MCS, Carrión era asesor de la firma de inversiones Advent Morro Equity Partners, que es uno de los fondos de inversiones de capital privado más grande en Puerto Rico y el segundo accionista más importante de la aseguradora MCS.

 

Dennis describió el curso de este esquema: la señora Benítez aprueba un contrato a MCS, una firma para la cual su esposo era asesor, quien además de ganar un salario posiblemente tiene acciones en esa empresa; esta empresa recibe fondos públicos que le van a generar dividendos, quees la manera en que las compañías pasan dinero a un fondo de capital privado.

“Esto es conflicto de interés. Me he cuestionado si estas cosas son legales. Los mayores casos de corrupción en Puerto Rico son legales”, dijo en tono indignado. Dennis dijo estar preocupado por que en el presente contexto haya despidos del personal de enfermería por parte de hospitales privados en medio de la epidemia del coronavirus. Para el investigador resulta extraño que tan pronto llegó la pandemia los hospitales privados despidieran a casi 500 trabajadores y que el Gobierno les haya ofrecido un rescate financiero para subsidiarlos con fondos públicos. Los subsidios van de pago por cama ocupada, por sala de emergencia, moratoria por tres meses del pago de agua y luz.

Igual suspicacia tiene sobre las bonificaciones que el gobierno otorgará a personal de enfermería público y privado, mientras los hospitales privados están botando a las enfermeras. El investigador cuestiona quién está fiscalizando esos fondos y si los hospitales están cumpliendo con el servicio, ya que a estos no se les está requiriendo que ofrezcan esa información. “Creo que esto ha pasado bastante desapercibido por los casaos de corrupción de las compras fatulas de las pruebas y no nos estamos dando cuenta de que estamos subsidiando a empresas privadas con fondos públicos”.

 

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