Un coronatumbe de $38 millones

 

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

Hay virus que nunca mueren, tan solo mutan, y tras esa simple alteración genética nos vuelven a atacar. Así sucede con el que le asesta tumbe tras tumbe al dinero público. Vive en el cuerpo del gobierno, sobre todo en los cuatrienios controlados por el PNP, siempre moviéndose de un golpe a otro. 

Muchos pensábamos, más bien sabíamos, que mientras la mayoría de los puertorriqueños estaban aterrados por el coronavirus, los sospechosos de siempre estarían coordinando un mega tumbe con el dinero destinado a la salud. Era cuestión de esperar, escarbando un poco, para que aparecieran los primeros indicios. Luego de algunas señales iniciales, explotó la noticia. 

Resulta que “empresarios” allegados al PNP, quienes nunca habían mercadeado ni una curita, utilizaron sus “corporaciones” para obtener contratos por $39 millones, como intermediarios para la compra de pruebas de Covid-19. Las muy necesitadas pruebas se conseguían en el mercado internacional a dólar, pero en el acuerdo con los amigos de la casa el Gobierno las pagaría a $45. Los contratos se firmaron sin ningún aviso público, ni antes ni después de ser otorgados. Tras la firma, que debió ser de forma electrónica (a distancia, por eso de estar protegidos contra el otro virus) de inmediato el gobierno depositó $19 millones, a modo de adelanto, en la cuenta de banco de los agraciados. Supongo que los otorgantes festejaron la firma a distancia, con champán incluido, en fiel cumplimiento de la normativa gubernamental. 

Los primeros indicios sobre los tumbes en marcha llegaron en la persona de una tal Mabel Cabeza, de quien nadie hablaba, que aparecía como la ficha importante de un esquema que, de tanto repetirse, ya es clásico. Según el montaje, tras el triunfo electoral, en cada agencia de gobierno se coloca a alguien de la más discreta confianza, a cargo de coordinar los contratos. Esta persona realmente no responde a quien dirige la dependencia, sino al Partido o a “Fortaleza”. De ordinario, es alguien forjado en el fragor de la campaña, reciclado de cuatrienio en cuatrienio, que sabe identificar a los “amigos” y “colaboradores”. Esa persona opera como enlace oficial, y siempre sabe cuándo callar, qué esconder y a quién beneficiar. 

En el caso del sistema de salud eran dos, un hombre y una mujer, por eso de ser inclusivos. El hombre, Alberto Velázquez Piñol, ya está fuera del panorama porque cometió un desliz y lo pillaron. La mujer es la tal Mabel Cabeza, veterana desde los tumbes de Luis Fortuño y allegada a la familia Genovese del PNP: la que inició el patriarca Charlie Rodríguez en sus tiempos de senador, y luego mutó en el matrimonio de la hija de éste con Elías Sánchez. 

Mabel Cabeza tuvo que ser sacrificada (al menos, en apariencia porque tal vez esté en otro “destaque”) cuando perdió el anonimato, tras ser señalada por una de sus víctimas, la renunciante secretaria interina de Salud Concepción Quiñones de Longo. Pero, aunque la cabeza se fue, las otras partes del cuerpo quedaron bien ubicadas y debidamente entrenadas para seguir el libreto. Por instrucciones que salieron del Partido, tramitadas a través de Fortaleza, se seleccionó al “Grupo Lemus”, cuyo jefe sabe repartir y hasta salpicar, para que por medio de dos o tres intermediarios compre las vitales pruebas a $45 por unidad. Tal vez la larga lista de beneficiarios explica el astronómico precio de las pruebas.

El tal Lemus utiliza varios tentáculos con nombres, como Apex General Contractors y 313, LL;  y también varios ayudantes, por eso de diluir un poco el tumbe. No importa que tenga cero experiencia y cero contactos en el mercado sanitario. Los empresarios tienen que saber reinventarse, sobre todo, en tiempos de pandemia. ¿Acaso no recuerdan a Whitefish? Aquella empresa también fue recién creada y carecía de experiencia en sistemas eléctricos. Además, apenas tenía dos empleados y operaba desde un garaje en lejano Montana.  Sin embargo, recibió $300 millones en contratos en 2017, tan pronto amainaron los vientos del huracán. Pues, al menos Lemus está aquí y tiene experiencia recibiendo y repartiendo. 

La comparación con Whitefish es irresistible. Igual como pasó con la “empresa” de Montana, el contrato con el tumbe de las pruebas ya fue cancelado, pero sus efectos se sentirán por mucho tiempo.  Además del dinero, el contrato con la empresa de Montana implicó la pérdida de más de un mes en la recuperación del sistema eléctrico destrozado por el huracán. Aquel atraso terminó costando muchas vidas. Con el tumbe del Grupo Lemus sucederá lo mismo, porque entre el contrato otorgado y luego cancelado se perdieron semanas claves para efectuar pruebas y aislar a los portadores del virus.  

Por el tumbe de Whitefish nadie respondió. Ricardo Ramos, el director ejecutivo de Energía Eléctrica que lo firmó, fue obligado a renunciar y ni siquiera fue citado por algún ente investigador. Por ahí anda fungiendo de experto en algunos programas de radio. Lo mismo ocurrirá con los responsables del nuevo tumbe. La impunidad los arropará. 

Mientras tanto, en la Legislatura se está presentado un proyecto de ley del senador Juan Dalmau que, entre otras cosas, obligaría a publicar en 24 horas los contratos suscritos en medio de una emergencia. Allí permanecerá aguantado por los jefes del PNP. Si lo revisan y lo aprueban, buscarán la manera de burlarlo como han hecho hasta con toda la legislación aprobada buscando atajar la corrupción.  

Los tumbes son necesarios para las campañas electorales y el bolsillo de sus protagonistas y ni siquiera una pandemia mundial los detiene.