Por Denis Márquez Lebrón/Especial para CLARIDAD
En enero de 2017 juramenté como representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño. La agenda de trabajo que teníamos por delante era, en el mejor escenario, espinosa y complicada. Comenzaban a gestarse todas las advertencias que durante la campaña el PIP, y nuestra entonces candidata a la gobernación María de Lourdes Santiago, le habíamos señalado al país: la nefasta intención de la Junta de Control Fiscal de armar el andamiaje para garantizar el pago de la deuda de la única forma posible en una colonia en quiebra, arrebatando todo tipo de derechos, en perjuicio del pueblo.
De igual forma, llegué a la Legislatura como Portavoz de una organización política que representa nuestra aspiración a la libertad e independencia, con nuestra propia agenda, producto de décadas de luchas para lograr la transformación de los asuntos más importantes del país, tanto en asuntos de administración pública, como en la ampliación de derechos civiles y humanos a la ciudadanía.
Durante todo el cuatrienio presenté medidas para defender los derechos de la clase trabajadora. Busqué ampliar el periodo de descanso por estado grávido de madres obreras; establecer una licencia por paternidad en el sector privado; prohibir el acoso laboral; expandir la protección contra el discrimen por orientación sexual o identidad de género; fortalecer las protecciones contra el despido injustificado; crear un Plan Nacional de Salud; prohibir el discrimen laboral por el uso de piercings o tatuajes; reconocer el derecho de todo empleado a la desconexión digital; prohibir que patronos puedan demandar a un empleado por los mismos hechos objeto de una querella; defender las pensiones de los empleados públicos; otorgar licencias especiales a la clase trabajadora durante emergencias, entre muchas otras.
También utilicé mi escaño para adelantar la lucha por la educación y los derechos civiles. Luché por incorporar un lenguaje de señas en el currículo de instituciones educativas; asegurar la prestación de servicios educativos a la niñez con diversidad funcional de 3 a 21 años; garantizar la efectividad de la comunicación visual en situaciones de emergencia; prohibir que el Ministerio Público presente cargos criminales contra una persona mediante denuncia sin que los testigos comparezcan al tribunal; elaborar un protocolo contra las agresiones y los acosos en espacios de actividad pública; crear un panel independiente de ciudadanos para la supervisión de la gestión policial; reconocer el derecho a la intimidad sobre información almacenada electrónicamente; prohibir el monitoreo cibernético; investigar criminalmente las acciones contenidas en el infame chat de Telegram; crear una oficina de enlace con la comunidad sorda; declarar que toda vacuna efectiva para combatir el COVID-19 será un bien de salud pública; establecer el libre acceso a internet; investigar los hallazgos de la Comisión de Derechos Civiles en torno al carpeteo cibernético perpetrado por el gobierno; entre otras gestiones.
Por otro lado, la transformación de nuestro sistema de salud ha estado presente en mi agenda legislativa. Durante el presente cuatrienio radiqué un proyecto de ley para crear un Plan Nacional de Salud, con el propósito de transformar nuestro sistema de salud y promover una discusión pública y multisectorial del tema de la salud en el país, desde una perspectiva de derechos humanos. Presenté medidas para proteger los derechos de los pacientes de cáncer en Puerto Rico, proteger los intereses de las farmacias de la comunidad, mejorar la accesibilidad de los medicamentos que componen la terapia de salud de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, entre muchas otras gestiones.
Como parte de mi compromiso con la protección de nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente radiqué medidas para prohibir el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico; prohibir el uso del glifosato en el desyerbado de cualquier propiedad pública; prohibir la venta y despacho de comida o bebida en productos fabricados con “foam”; proteger por Ley Reservas Naturales desarticuladas por el entonces gobernador Ricardo Roselló; establecer política pública en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de la zona costera de Puerto Rico, entre otras.
La protección y la promoción de nuestro patrimonio cultural, en sus diversas manifestaciones, también han formado parte de mi trabajo desde la legislatura. Teniendo como norte que los derechos culturales son también derechos humanos fundamentales, presenté y promoví medidas dirigidas a establecer programas de Desarrollo de los Artistas Visuales y de Cine Documental; crear la Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de Puerto Rico; así como para garantizar la custodia, permanencia y protección de las obras de arte que se encuentran en escuelas públicas que están cerradas de forma temporera o permanente, entre otras gestiones.
La lucha en el hemiciclo de la Cámara también ha sido intensa, con asistencia perfecta a las sesiones ordinarias y extraordinarias; debatiendo, denunciando y combatiendo medidas draconianas, como la reforma laboral, el nuevo código civil, el nuevo código municipal, la nueva ley de educación especial y la reforma electoral, entre muchos otros; proponiendo enmiendas para mejorar proyectos de importancia y cabildeando para detener otras medidas, muchas veces desde la trinchera de ser el único legislador independentista en la Cámara.
Además, mi participación activa en las vistas públicas, como miembro de todas las comisiones por ser el portavoz del PIP, pude enfrentar a los jefes de agencias en múltiples temas y servir de portavoz del pueblo en investigaciones importantes, como la investigación de las compras fallidas de pruebas del COVID-19, que en medio de la pandemia se realizaron y el pueblo de Puerto Rico entero, pudo ser testigo de cómo el inversionismo político y funcionarios públicos sacaban provecho del país en su momento de más necesidad.
Todo lo anterior contribuyó, de igual forma, a romper con algunos mitos que, ya sea por desinformación o por ataques deliberados, se han esgrimido en el pasado: “el PIP se opone a todo, siempre se abstiene y nunca propone nada”. Mi récord legislativo (al igual que el de la compañera María de Lourdes Santiago en el cuatrienio anterior y Juan Dalmau en este) habla por sí mismo. Radiqué sobre 300 medidas que abarcan asuntos medulares en la administración pública y del país, no me abstuve ni en una sola ocasión, siempre de frente y guiado únicamente por mis convicciones y principios y, finalmente, voté a favor en sobre 1,600 medidas y en contra de casi 900.
Ante el crítico panorama político, social y económico con el que nos estamos confrontando, resulta imprescindible afianzar la presencia de los legisladores del PIP en Cámara y Senado. Tenemos la certeza de que, con el apoyo de miles de personas de todas las ideologías, continuaremos luchando desde la legislatura, proponiendo legislaciones efectivas y fiscalizando para contribuir a la construcción de la Patria Nueva.
