Por Giancarlo Vázquez López / CLARIDAD
gvazquez@claridadpuertorico.com
El hallazgo de varios vagones en Maricao con documentos del municipio, llenos de polvo y excremento de ratones, es otro ejemplo de la mala gestión administrativa que tiene el Archivo General de Puerto Rico (AGPR).
El 21 de febrero en la tarde, el bloguero Lorenzo Delgado Torres, mejor conocido como El León Fiscalizador subió un video a sus redes sociales documentando la aparición de varios vagones que, entre otras cosas, contenían libros de récord, informes de cheques, registros de ingresos y hasta traspasos de fincas del 1893.
El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, se limpió las manos rápido. Según dijo a un medio regional, el municipio estaba esperando una respuesta del Instituto de Cultura de Puertorriqueña (ICP), “para crear el archivo histórico de nuestro pueblo con algunos de estos y otros que hemos conservado de la historia de nuestro pueblo”.
Fuentes cercanas a este medio negaron que Pérez Valentín haya hecho alguna gestión con el ICP previo a lo sucedido. En cambio, informaron que el pasado lunes 24 de febrero, Carlos R. Ruiz Cortés, director ejecutivo del ICP, ordenó a empleadas del Programa de Administración de Documentos Públicos a salir de inmediato para Maricao a examinar el material tirado en estos otros vagones.
También se informó a este medio sobre la llegada de Armando Mandy Rivera Díaz al Archivo General. Recientemente, el aspirante a la alcaldía de Fajardo por el Partido Nuevo Progresista (PNP), fue nombrado por Ruiz Cortés como director del Programa de Administración de Documentos Públicos.
Sobre el alcalde de Maricao, cabe recordar que el lunes 30 de abril de 2018 la Oficina del Panel Fiscal Especial Independiente (PFEI) lo suspendió por 30 días por otorgar diversos nombramientos ilegales a su hermano en repetidas ocasiones. En enero pasado, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) le impuso una multa de $20 mil por violar la Ley de Ética en seis ocasiones. Durante dos años, Pérez Valentín omitió en sus informes financieros 14 premios ascendentes a $24,145 en casinos de Mayagüez y Ponce.
El alcalde de Maricao se hizo pasar por un empleado público y se negó a sí mismo cuando El león fiscalizador le cuestionó sobre los vagones.
En lo que respecta al aspirante del PNP por la alcaldía de Fajardo, Rivera Díaz fue denunciado en mayo de 2019, mientras era el director del Sistema de Retiro para Maestros, por hacer campaña política en horas laborables. Esto constituye una afrenta y una desmoralización para todos los empleados del Archivo General y la Biblioteca Nacional.
Otro ejemplo de la mala gestión administrativa es el cobro a maestros y profesores por visitar el AGPR con sus estudiantes. La situación económica que enfrenta esta institución no es desconocida. Tal vez esta política tiene una justificación legal y el donativo ayude a mantener el AGPR, pero el problema es que se le cobra a profesores, maestros y estudiantes por ir a conocer la labor que allí se realiza. El ICP puede establecer alianzas con otras instituciones sin tener que restringir sus servicios y trastocar su misión educativa.
Tras una solicitud para visitar el Archivo con un grupo de estudiantes, la Dra. Paola Schiappacasse desistió de hacerlo al enterarse del cargo por la visita. Esto, considerando las precariedades económicas de sus estudiantes, según argumentó en una carta dirigida al director del AGPR, Héctor A. Dávila Gómez.
Desde hace meses los empleados del AGPR han denunciado esta práctica neoliberal, que más allá de contrarrestar la situación del Archivo la agrava, pues inmoviliza las actividades culturales y académicas.
CLARIDAD ha seguido la situación del AGPR y de la Biblioteca Nacional desde el verano pasado, cuando se habló de la posible mudanza del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe al edificio Ricardo Alegría. Desde entonces se ha cuestionado la capacidad del licenciado Héctor A. Dávila Gómez como archivero general y director interino de la Biblioteca Nacional por no tener preparación alguna en archivística y conservación de documentos. Dávila Gómez es también asesor legal en el ICP. Al menos en esa faceta debería procurar la implantación de una mejor política pública en lo que al manejo y la protección de los documentos de valor histórico, cultural, legal y administrativo se refiere.
Aún no se ha mitigado el daño que sufrieron varias colecciones por humedad y agua tras el paso del huracán María, como ocurre con el caso de los documentos que generó la Puerto Rico Reconstruction Administration, documentos históricos que detallan los proyectos de obras públicas, distribución de tierras, salud, etcétera, de agencias federales como Vivienda y Agricultura en las décadas de 1930 al 1950. Otros fondos de importancia que corren peligro son las piezas de la Guardia Nacional que están “guardadas” en una bóveda y que, aparentemente, no hay un inventario fiable de esas piezas históricas.
En junio pasado el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, radicó la Resolución 1446 para ordenar a la Comisión de Educación realizar una investigación sobre el estado y funcionamiento del AGPR, a los fines de determinar el nivel de cumplimiento del ICP con lo dispuesto en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico (Ley Núm. 5 de 1995). Luego de la primera lectura en la Cámara el 21 de junio de 2019 la Resolución fue referida a la Comisión de Asuntos Internos. Hasta ahora no ha sido atendida.
La contratación de Hilda Ayala es otro asunto que los empleados del AGPR han cuestionado constantemente desde que se le encargó el proyecto de digitalización de documentos y por pretender fungir como supervisora. Los archiveros y el personal auxiliar del AGPR y la Biblioteca Nacional mantienen su reclamo y sostienen que, hasta el sol de hoy, Dávila Gómez no ha respondido a las necesidades del personal de mejorar las condiciones de trabajo.
El 17 de enero, el Programa de Solidaridad UTIER (PROSOL UTIER) anunció al capítulo del Instituto de Cultura Puertorriqueña que la Junta de Directores de dicho programa determinó no continuar con los servicios de su coordinador. La decisión se tomó el 9 de diciembre de 2019. Los empleados esperan que PROSOL-UTIER les convoque para atender estos reclamos en defensa de los trabajadores del AGPR y la Biblioteca Nacional.
