Por fin tenemos un estudio que no habla en parábolas. Porque cada vez que un estudioso o centro investigativo escribe o habla sobre nuestra crisis económica o, más importante aún, sobre lo que nos puede ayudar a superarla, recurre a eufemismos cuando tiene que referirse a la condición colonial y a la ausencia de poderes soberanos. Todos esquivan esa realidad y recurren a frases como “variables macroeconómicas” o “condiciones políticas” para no hablar llana y simplemente de coloniaje.
El reciente estudio del Center for Economic and Policy Research” (CEPR), un think tank con sede en Washington, no cae en ese juego semántico y concluye con claridad que la ausencia de poderes soberanos explica nuestra condición y con toda probabilidad impedirá que al cabo de otra década todavía estemos viviendo penurias. El estudio está fechado “Julio, 2017” y es suscrito por un grupo de cuatro investigadores que encabeza la economista Lara Merling.
“Si Puerto Rico fuera un país soberano”, concluye el estudio del CEPR, “puede reducir la carga que representa la deuda pública mediante negociaciones con sus acreedores o mediante el ‘default’ si éstas fracasan. Entonces le sería posible empezar de nuevo y también comenzar a reestructurar su economía adoptando políticas que le ayuden a ser competitivo en la economía global del siglo XXI…” Pero Puerto Rico no es un país soberano y, por tanto, el control externo sobre su economía es, particularmente en este momento (con PROMESA), más fuerte y mucho más destructivo que el que imponen las autoridades europeas sobre países más vulnerables de la eurozona. Para evitar que los niveles de vida sigan deteriorándose y seguir perdiendo población, o cambian las políticas que se imponen desde afuera o Puerto Rico tendrá que cambiar su estatus político.”
Plantea el estudio que el declive económico de Puerto Rico comenzó en la década del ’90. Entonces teníamos una economía orientada hacia la exportación con la manufactura (farmacéuticas, maquinaria, procesamiento de alimentos…) como motor principal. El continuado declive económico que se manifestó en aquella década es muy común al que sufrieron otros países y regiones que no pudieron adaptarse a los efectos de la globalización, en particular, a los grandes cambios tecnológicos y al rediseño de las reglas que gobiernan el comercio mundial.
Desde principios de la antes mencionada década, dice el CEPR, la economía de Puerto Rico sufrió una serie de “negative shocks” como resultado de la serie de tratados comerciales que Estados Unidos negoció y que estuvieron absolutamente fuera del control de los puertorriqueños (NAFTA, etc.). A los tratados se añadió la creación de la Organización Mundial de Comercio (WTE), de la que nacieron nuevas reglamentaciones que, entre otras cosas, facilitaron la entrada de productos farmacéuticos a Estados Unidos y sus territorios. La posterior incorporación de China a la WTE (2001) facilitó que se trasladaran a ese país muchas operaciones farmacéuticas. A todo esto se unió la legislación del Congreso estadounidense que en 1996 eliminó la Sección 936 que beneficiaba, sobre todo, a la manufactura.
Estos desarrollos, totalmente ajenos al posible control de los puertorriqueños, redujeron la competitividad del vital sector manufacturero. (El estudio del CEPR apunta, citando otro trabajo investigativo, que la pérdida de la Sección 936, que le daba beneficios contributivos a las empresas manufactureras estadounidenses que se establecían aquí, no fue el más importante de los cambios.) Desde que comenzó el declive económico a mitad de la década del ’90 hasta el presente el País ha perdido el 55% de los empleos en la manufactura. “Los datos reflejan con claridad que Puerto Rico fue uno de varios países y regiones que sufrieron cuando las reglas del comercio mundial fueron reescritas haciendo sus economías menos competitivas”, dice el estudio.
Según el análisis del CEPR, esta caída económica es lo que explica la crisis de la deuda porque al reducirse sus ingresos el gobierno recurrió a préstamos para mantener el nivel de gasto público. “Hubo mala administración y corrupción, pero la causa primaria fue el declive económico, combinado con el status político híbrido y disfuncional que de Puerto Rico” afirma. “Si Puerto Rico fuera un país independiente” añade, “potencialmente tendría mayor espacio para responder a estos cambios decididos en Estados Unidos o negociados en tratados internacionales.”
En 2016, según datos del FMI citados por CEPR, la economía de Puerto Rico era 13% más pequeña que en 2005 como resultado de una caída anual promedio de 1%. Se trata, por tanto, de una década completa totalmente perdida durante la cual el nivel de vida de la población se ha reducido. El empleo ha sido el renglón más afectado, no sólo por la alta tasa de desempleo, sino por la baja participación laboral que en los datos analizados por el CEPR era de 42%. (Recientemente se anunció que a julio de 2017 esa tasa –que cuantifica a las personas empleadas o activamente buscando empleo– era 39%, lo que evidencia que la caída del último año ha sido más pronunciada.)
Según el estudio del CEPR, y como han afirmado casi todos los economistas serios, la receta impuesta por la Junta de Control Fiscal de creación estadounidense agravará la crisis, provocando una caída mayor de la economía. Y como a corto o mediano plazo no se vislumbra un cambio de estatus político, Puerto Rico con toda probabilidad tendrá otra década perdida y, al cabo de ésta, salvo que aparezca algún “rescate” salvador, nada cambiará.
