Un muro de silencio ante investigación del Congreso sobre las Leyes 20 y 22

 

Que Puerto Rico es un paraíso tropical es una verdad indebatible. Pero, ¿se habrá convertido también en un atractivo “paraíso fiscal” para que empresarios multimillonarios, principalmente de Estados Unidos, escapen de sus obligaciones con el fisco federal? Eso es lo que pretende conocer a ciencia cierta el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos, el cual ha generado una pesquisa sobre las Leyes de Puerto Rico 20 y 22 del 2012, y sus posibles interacciones con el Código de Rentas Internas de Estados Unidos.

Sin embargo, dicha investigación avanza a cuenta gotas porque desde su inicio, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) se han tropezado con una nébula informativa. Hasta este momento se ha avanzado muy poco en la evaluación a fondo sobre el posible impacto de dichas leyes en los recaudos del sistema tributario de Estados Unidos, y si las mismas son efectivamente las herramientas beneficiosas para Puerto Rico y Estados Unidos que el gobierno de Puerto Rico ha querido proyectar, o si, por el contrario, son canales indirectos de evasión de impuestos al Tesoro federal.

En un informe rendido por el IRS al Comité de Apropiaciones del Congreso, sobre el curso de su investigación de las Leyes 20 y 22 hasta ahora realizada, se narran las dificultades encontradas por el ente fiscal federal para tener acceso a la información completa y detallada que le permita cumplir con la encomienda del Congreso. Este quiere conocer el posible impacto de las Leyes 20 y 22 sobre la sección 933 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos. Esta es la sección que establece los términos y condiciones para las exenciones contributivas al sistema federal sobre ingresos obtenidos de fuentes en Puerto Rico. Específicamente, en el Congreso existía, y aún existe, la preocupación de que dichas leyes de Puerto Rico puedan contravenir estatutos federales contra la evasión contributiva.

Por eso, y como parte de la Ley de Apropiaciones Consolidadas del Congreso de Estados Unidos del año 2020 (Ley Pública 116-93), aprobada el 20 de diciembre de 2019, se incluyó la determinación del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de realizar una investigación sobre las referidas leyes de Puerto Rico y se instruyó al Servicio de Rentas Internas Federal (IRS, por sus siglas en inglés) a comenzar dicho trabajo. El IRS tendría que investigar la cantidad total de individuos y negocios que se han relocalizado en Puerto Rico a partir del 2012, desde los 50 estados y el Distrito de Columbia, y que hayan recibido exenciones contributivas bajo las leyes 20 y 22. Dicho informe también debía incluir la cantidad en contribuciones federales pagadas por dichos individuos y negocios, y el tipo de contribución y jurisdicción de sus residencias anteriores, durante cada uno de los cinco años previos a su relocalización en Puerto Rico. El Comité instruyó al IRS, además, a publicar un informe sencillo y de fácil comprensión con opciones de posibles medidas para minimizar las pérdidas de ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial.

Al comenzar su trabajo en enero del 2020, el IRS se tropezó con una pared infranqueable: la nébula de información sobre las Leyes 20 y 22 que prevalece en el Gobierno de Puerto Rico. A pesar de haber recurrido a las dos agencias directamente concernidas, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento de Hacienda, hasta el momento en que presentó su informe, a mediados del año 2020, el IRS solo había obtenido información incompleta y fragmentada sobre los beneficiarios de dichas leyes en Puerto Rico. Se trata de la misma información pública que se encuentra en la página digital del DDEC, y que Hacienda le envió al IRS.

Sobre la Ley 20

De dicha lista pública se desprende que durante los años 2012 y 2019, Puerto Rico otorgó beneficios bajo la Ley 20 a 1,924 solicitantes, entre corporaciones, LLCs, sociedades, y otras personas jurídicas. Que si bien la movida empezó lenta, se ha visto una tendencia dramática de aumento a partir del 2018, tras el desastre provocado por el paso del huracán María. Mientras en el 2012 se otorgaron beneficios a 32 solicitantes, en el 2019 fueron 583 los beneficiados. Hacienda le proveyó al IRS los números de identificación patronal para 1,541 de dichas entidades, de las cuales 1,482 carecen de historial contributivo con el IRS, por lo que el ente fiscal federal presume que se crearon especialmente para hacer negocios en Puerto Rico.

Sobre la Ley 22

Según datos publicados por el DDEC e informados por Hacienda al IRS, durante los años 2012-2019, el DDEC otorgó los beneficios de la Ley 22 a 2,331 individuos que habían establecido residencia en Puerto Rico. Entre estos también continúa la tendencia de aumento gradual en el número de beneficiarios. Solamente durante los años 2018 y 2019 se otorgaron beneficios por Ley 22 a 1,055 individuos, prácticamente la mitad del total en solo veinticuatro meses.

Hacienda también le proveyó al IRS información adicional sobre cerca del 25% de dichos beneficiarios, lo cual facilitó su búsqueda en la base de datos del IRS para determinar el monto en contribuciones federales que los actuales beneficiarios de la Ley 22 habían pagado al Tesoro federal en los cinco años previos a que el DDEC les extendiera los beneficios de la nueva ley. Para el cómputo, el IRS utilizó las direcciones previas de dichos individuos que aparecían en sus planillas federales, y así determinó el estado o la jurisdicción de la cual provenían antes de mudarse a Puerto Rico. De ese modo, alcanzó a conseguir información previa de 647 beneficiarios de la Ley 22, quienes en los 5 años antes de relocalizarse en Puerto Rico, dichos 647 individuos, procedentes de diferentes estados de EEUU, habían pagado $557,978, 112 en contribuciones federales. Hay otros datos interesantes que se desprenden de la limitada investigación del IRS, como por ejemplo, que la procedencia es variada y comprende cerca de 37 estados y jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. También hay 223 individuos de procedencia desconocida, dato que aparenta constatar que un buen número de los beneficiarios de la Ley 22 proceden de otros lugares que no son Estados Unidos.

 

¿Próximos pasos?

En conclusión, el informe del IRS indica que la investigación ha avanzado poco. Solo se ha obtenido información muy escasa y esquemática que no permite trazar patrones específicos y mucho menos evaluar el alcance, impacto e implicaciones a largo plazo de estas leyes. Tampoco contiene datos suficientes como para poder proveerle al Congreso el historial contributivo de dichos individuos y negocios, ni mucho menos, del movimiento de sus operaciones previo a su relocalización en Puerto Rico. Tampoco el informe abunda qué gestiones adicionales o recursos utilizó el IRS para obtener información.

Un dato importante se desprende de una nota del informe del IRS al Congreso. La misma indica que cuando el Departamento de Hacienda solicitó al DDEC, a pedido del IRS, la información de trasfondo de las solicitudes aprobadas de las Leyes 20 y 22, la respuesta negativa fue tajante. El DDEC admitió tener la información completa, pero se negó a proveerla a menos que se le obligara legalmente mediante “subpoena”. El IRS advierte que tiene limitaciones legales para poder obligar al DDEC a proveer la información, pero señala que el Congreso sí tendría la fuerza legal para obtener la información que el DDEC niega. Para ello puede usar cualquiera de tres mecanismos, una citación al DDEC para una investigación congresional oficial, una solicitud directa a la Junta de Control Fiscal (JCF), al amparo de la Ley PROMESA, o mediante solicitud directa a la Oficina de Contabilidad Federal (GAO).

El IRS afirma que, aunque puede coordinar con Hacienda para expandir la información entre ambas dependencias y obtener la lista de contribuyentes nuevos que anualmente reclaman residencia en Puerto Rico y obtienen beneficios contributivos, es el Congreso, en coordinación con la Oficina de Políticas Contributivas del Departamento del Tesoro Federal, quien tendría la potestad para romper el cerco de silencio del DDEC sobre las Leyes 20 y 22. La bola está en la cancha del Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos para que esta pesquisa crucial pueda seguir adelante.

 

 

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