Un política pública con doble vara

Por Giancarlo Vázquez/CLARIDAD 

gvazquez@claridadpuertorico.com

A medida que se han cerrado escuelas durante los pasados 3 años, el Departamento de transportación y Obras Públicas (DTOP) ya ha entregado 23 contratos de arrendamiento de escuelas por $1.00 a entidades como Fountain Christian Bilingual School, del pastor Otoniel Font. 

Aunque el 9 de mayo de 2017 se firmó la Orden Ejecutiva 2017-032 para crear un Subcomité Interagencial encargado de evaluar el traspaso de escuelas en desuso, es el DTOP la agencia encargada de los planteles y quien tiene la última palabra sobre los contratos de arrendamiento. 

El organismo, adscrito al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, está integrado por un funcionario del DTOP, el Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad para Alianzas Público-Privadas y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico.

Dicho subcomité se creó bajo las expectativas de traspasar los planteles a municipios y entidades que promuevan el desarrollo comunitario y económico de la Isla. Al menos, así fue como se le vendió a los medios y, por ende, al pueblo. 

En una nota publicada el 9 de mayo, el diario Metro cita a Ricardo Rosselló, de declaraciones escritas:

“La política pública del Gobierno es que se establezcan centros de atención para personas sin hogar, albergues para animales abandonados, centros de rescate y tratamiento para personas drogodependientes, talleres de terapias o tutorías para niños y jóvenes, refugios para mujeres, niños o ancianos víctimas de maltrato, e incubadoras de microempresas comunitarias, entre otros proyectos de apoyo para la comunidad”.

Es preciso recordar que el papel aguanta lo que sea.

Dentro de este contexto, tan recientemente como el martes de la semana pasada, se denegó la transferencia del Teatro Paradise, ubicado en la avenida Ponce de León, a la Junta Comunitaria de Río Piedras (JC). 

En abril del 2017, el representante Juan Oscar Morales presentó la Resolución Conjunta 148 para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluar la transferencia del Teatro Paradise a la JC por el precio nominal de $1.00. Esto luego de una ardua lucha que comenzó en 2001, cuando el teatro se vio amenazado por la construcción del Tren Urbano.

Desde entonces, la comunidad ha intentado rescatar el Paradise. Por aquellos días la organización sin fines de lucro recibió el apoyo del DTOP, que se comprometió con ella a restaurar el espacio; pero “el proyecto se hizo sal y agua y el dinero que le fue asignado a Obras Públicas desapareció”, según dijo a CLARIDAD Zenia E. González Clemente, presidenta de la Junta Comunitaria. 

En el mismo artículo, publicado a principios del año en curso, González añadió que posteriormente acudieron a la Autoridad de Carreteras (AC) para presentarles el proyecto. La respuesta por parte de la agencia/corporación fue que “las estructuras de las corporaciones públicas no se podían dar, no se podían ceder”.

(Puede ver el artículo antes citado: “A rescatar el cine Paradise en la versión web de Claridad)

En 2015, el Cambridge Technical Institute (CTI) se ubicó en el edificio que está junto al Paradise. La escuela técnica abrió una pared del teatro contigua a su edificio para utilizar el espacio de estacionamiento. A pesar de las multas que le ha impuesto la administración municipal, CTI continúa usándolo hasta el día de hoy. 

La AC llegó a un acuerdo con el CTI para que pagara $400 mensuales. Sin embargo, se desconoce la existencia de los permisos otorgados al CTI para hacer uso legal del espacio y del supuesto contrato otorgado por el DTOP. 

“Las veces que hemos solicitado los documentos, no aparecen o están en otro lado. Yo por lo menos no los he visto”, dijo Ricardo Cobián.

“Les están alquilando por $400, violando la reglamentación vigente para hacer un estacionamiento”, añadió refiriéndose al DTOP y cuestionando las acciones de esta agencia. 

La presidenta de la JC, cuestionó en El Nuevo Día: “¿Por qué la negativa a (dar) una propiedad en ruinas, que lleva más de 30 años cerrada, y que la comunidad quiere convertirlo en algo bueno?

La Resolución Conjunta de transferencia del cine Paradise a la comunidad fue aprobada por decisión unánime el pasado 3 de febrero, pero fue denegada por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles el 1 de marzo. La razón ofrecida por el comité evaluador fue que “lo solicitado en la resolución va en contra de la política pública establecida en la Ley 26”. 

En el Artículo 5.07, la ley exige que la disposición de bienes se haga por su justo valor en el mercado. El estatuto establece que ese comité también puede disponer de los bienes inmuebles “velando por la utilización de la propiedad para el beneficio del interés público”.

Cobián rechazó estas razones y las describió como banales y frívolas, considerando, entre otras cosas, que las mismas contrastan con los contratos que el DTOP ha otorgado a entidades privadas, como lo es el caso de Cambridge. 

Considerando estos argumentos, que la RC avaló por decisión unánime, y a base de las prioridades que tiene la actual administración, surge la sospecha de que haya intereses influyendo en la transferencia del Paradise o la posibilidad de que se estén dando negociaciones para la compra del lugar por parte del CTI. 

En una reunión que sostuvieron la Junta Comunitaria y el Fideicomiso para el Desarrollo de  Río Piedras (FDRP) se acordó continuar insistiendo y denunciándolo públicamente. Los legisladores y JC ya han pedido al comité evaluador reconsiderar el proyecto. 

Otra opción sería someter la RC a través del FDRP. En ese caso, una de las razones por la que el comité evaluador podría reconsiderar el proyecto es que por ser el Fideicomiso una entidad creada por ley, está autorizado a recibir propiedades del gobierno sin tener que pagar por el inmueble. 

Pero aun así, de pasar el proyecto a través del FDRP, queda sobre la mesa la pregunta de qué pasará en el caso de las comunidades que quieran emprender proyectos similares, pero no cuenten con un fideicomiso, ¿no se les  cederá ninguna propiedad del Gobierno por un dólar o libre de costo? ¿Es esa la política pública que busca apoyar a las comunidades?