Un proyecto nefasto para el estudiantado con necesidades especiale

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

ccotto@claridadpuertorico.com

Mientras la Junta de Control Fiscal (JCF) y el secretario del Departamento de Educación (DE) mantienen una controversia pública sobre a quién corresponde buscar el dinero que requiere la Secretaría de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos (SAEE), lo que se conoce como la Secretaría de Educación Especial, la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se empecinan en aprobar un proyecto para una nueva ley que afectaría de manera directa las estipulaciones en el caso Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación. 

El PC 1945 pasó al Senado luego de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes esta semana pasada. Jeanette Morales, portavoz del Comité de la Niñez y Educación Pública (CNEP), denunció a CLARIDAD que el proyecto fue aprobado sin vistas públicas, bajo el argumento de que ya se ha habían celebrado vistas públicas en el proyecto anterior. Y en efecto, en la sesión pasada, la Legislatura aprobó este mismo proyecto bajo el número PC 1484, el cual fue vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló.

“Todas las organizaciones de padres y madres de esta población de estudiantes, están opuestos al proyecto”, expresó Morales, por lo que una vez más están solicitando una reunión con la actual gobernadora para presentarle sus argumentos.

Morales atribuyó la insistencia en volver a presentar y aprobar el proyecto a que este responde a los intereses de la contratista Martha Díaz, dueña de Complain & Rsearch, quien al ganar el PNP presentó una propuesta al DE de un millón de dólares y no se la aprobaron. “Entiendo que hay unos intereses económicos y de control de los fondos de Educación Especial”. 

Agregó que el representante Rafael June Rivera, impulsor de la medida lo que tiene es “un interés político donde él quedaría como el superhéroe de la educación especial”. Respecto a la postura del secretario del DE, Eligio Hernández, la activista censuró que el secretario lo que haya hecho es decirle a los padres que no hay dinero para la educación especial.

El proyecto

La insistencia de la Legislatura por aprobar la medida va en contra hasta de la postura de la JCF y la Oficina de Gerencia Presupuesto (OGP), quienes se opusieron al proyecto la primera vez que fue presentado bajo el preciso argumento de que no hay dinero para sufragarlo.

Se afirma el hecho, además, de que todas las organizaciones de padres y madres de los estudiantes de diversidad funcional o necesidad de educación especial se oponen a la medida. Entidades como la Alianza de Autismo de Puerto Rico (AAPR), abogados que prestan servicios a esta población de manera reiterada, se han expresado en contra del proyecto. 

Entre las muchas fallas que han denunciado presenta la medida destacaron el que excluye a los recién nacidos e infantes entre las edades de 0 a 3 años de vida. Es decir, que de aprobarse la medida, los infantes quedarían desprovistos de los servicios de intervención temprana, debido a que el proyecto de ley los excluye. En su lugar, se propone que la Asamblea Legislativa legisle de manera separada para ese grupo de edad, lo cual arriesgaría los servicios que recibe dicha población tan pronto se apruebe el proyecto.

La medida además incorpora plazos que afectan términos de la Sentencia por Estipulación en el caso Rosa Lydia Vélez vs. DE, que resultan más beneficiosos para los estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial. También perjudica el acceso a la justicia, ya que prohíbe a los padres la solicitud de reconsideración de las decisiones que toman los jueces administrativos. 

Según expusieron las organizaciones, el Artículo 11(6) del P. de la C. 1945 impide la solicitud de reconsideración en el Foro Administrativo, por lo cual la parte querellante, de perder el caso, tendría que recurrir a un nuevo juicio en el tribunal federal o estatal. Ello encarecerá los procesos de litigación y le pone trabas al acceso a la justicia.

Entre otros señalamientos, denunciaron que el proyecto politiza la designación de jueces administrativos al establecer que serían designados por el gobernador. En la actualidad, los jueces y juezas son designados por el DE, mediante contrato. Esto representa un riesgo de incremento en los costos.

Reclaman atención las Escuelas Montessori

La comunidad de estudiantes del Programa de las Escuelas Montessori también denunció la falta de atención por parte del secretario, Eligio Hernández, a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori (SAEM). Un nutrido grupo de padres, madres y estudiantes de las escuelas Montessori llevó a cabo una manifestación la semana pasada frente a la Fortaleza en reclamo de atención por parte de la gobernadora.

Daliana Suárez, una de las portavoces, indicó a CLARIDAD que lograron reunirse con la ayudante de la gobernadora Maricarmen Bosh. En la reunión el grupo fue muy enfático en presentar el destacado rol que tuvo la SAEM desde que se creó mediante carta circular en el 2014, que aumentó de 25 a 53 escuelas en la actualidad bajo este modelo educativo. 

Hasta la llegada de Hernández como secretario del DE, contaban con una directora en propiedad y cuatro maestros en destaque, cada uno especialista en los distintos niveles del modelo Montessori. Este verano el Secretario envió de vuelta a las escuelas a las cuatro maestras y desde entonces está sólo la secretaria.

La portavoz añadió que los padres y madres atendieron primero la necesidad de la falta de contratos de maestros de los salones de clases y luego estuvieron agotando la diplomacia, solicitando una reunión al Secretario para atender la falta de su equipo de trabajo de la Secretaría. “Esa reunión nunca se ha dado. En ningún momento ha accedido a reunirse con nosotros. Le escribimos una carta pública dándole un plazo de dos semanas para que revirtiera la decisión de devolver a los maestros”.

Suárez dijo que el grupo no recibió ninguna contestación, ni explicación por parte del secretario respecto a su determinación y no fue hasta la manifestación frente a la Fortaleza que Hernández les contestó. En tono indignado Suárez reveló que la reacción del Secretario fue decir que fue una “imprudencia” la manifestación, que había que celebrar que por primera vez se tenían todos los maestros en sus puestos y que dado a que las escuelas Montessori tienen una población alta de estudiantes de Educación Especial iba atender las necesidades de EE y que todo lo que era administrativo pasaba a un segundo plano y se atendería en una segunda fase. 

La educadora ereconoció que sí es correcto que las escuelas Montessori tienen una población alta de estudiantes de EE: “Es por una razón: porque les va muy bien ahí”. Añadió que las escuelas Montessori “no corren con piloto automático, no se convierten en Montessori de un día para otro, cada una está en un momento distinto de su transición, es un proceso paulatino que requiere que se vayan formando a los maestros, preparando los salones, adiestrando el personal administrativo, y eso es parte primordial del equipo de la Secretaría, que es adiestrar desde directores hasta el personal de la escuela, velar porque se cumpla el currículo, que estén los materiales en su lugar para atender las situaciones de día a día de las escuelas”.

Ante la falta del equipo de trabajo denunció que ahora la Secretaría está sumida en las capas de la burocracia del Departamento que no conoce el método y apuntó que por eso fue que se creó la SAEM, porque se vio que era más efectivo que el programa se coordinara desde una secretaría aparte.

Suárez, quien tiene tres hijos en la Escuela Juan Ponce de León, en la comunidad Juan Domingo, en Guaynabo, indicó que las 53 escuelas Montessori se reparten en 28 municipios con 15 mil estudiantes. “Somos una comunidad sumamente activa y militante que no vamos aceptar ese retroceso en el funcionamiento de nuestro proyecto”, afirmó.

El año pasado las comunidades de las escuelas Montessori lograron detener el cierre de 15 de sus escuelas que el DE pretendía convertir en escuelas chárter. “Yo quisiera pensar que esa batalla ya la ganamos. Tuvimos que luchar como comunidad, lanzarnos a la calle cuando la Secretaría se rehusaba a reabrir las escuelas que ya estaban rehabilitadas, y que estuvieron un mes cerradas”, reclamó Suárez.

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