Un respiro pasajero

Por Giancarlo Vázquez López/CLARIDAD

gvazquez@claridadpuertorico.com

Poco antes de que terminara el mes de junio trascendió en los medios que la Middle States Commission on Higher Education había sacado de probatoria a los 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Pero esto solo sería un “respiro pasajero”, pues el problema fundamental prevalece ante todo. 

Ese corto aliento duraría tan solo ocho años, tiempo por el que la Middle State extendió la acreditación. Sin embargo, el plan fiscal UPR mantiene los recortes al presupuesto y los aumentos en la matrícula. También, la congelación de plazas, incluyendo la de aquellos empleados que trabajarían en el proceso de entregar los estados financieros. Precisamente fue tras la entrega de los estados correspondientes al año fiscal 2017-2018, que la agencia acreditadora retiró la probatoria el pasado 28 de junio. 

En ese sentido, las consideraciones en el plan fiscal UPR mencionadas arriba, entre otras, mantendrían las dudas sobre la estabilidad financiera de la Universidad y su capacidad para seguir operando. Una de las razones por la cual la Middle State decidió poner a la UPR en probatoria en mayo de 2017. 

La representante subgraduada ante la Junta de Gobierno de la UPR, Naomy Rivera Rodríguez, señaló que “todos los golpes de pecho que se ha dado la Administración Universitaria luego de que la Middle State retirara la probatoria de los 11 recintos son simbólicos. Al final del día todas las políticas y recortes presupuestarios proyectados en el plan fiscal de la UPR demuestran cómo la Junta de Gobierno de la Universidad cede a las exigencias de la Junta de Control Fiscal (JCF). La realidad del asunto (de la probatoria) es que se trata de un respiro pasajero”. 

El pasado lunes, 8 de julio, se llevaron a cabo 3 reuniones de Comités de la Junta de Gobierno en las que se discutió la elección del nuevo Director Ejecutivo del Sistema de Retiro de la UPR; la remodelación del primer piso de Administración Central y la nueva política de ayudas económicas para los estudiantes de la UPR. 

Ante los cuestionamientos que surgieron sobre esta última política de ayudas económicas que sustituiría las exenciones de matrícula, se sostuvo una reunión con representantes de los distintos Consejos de Estudiantes y el vicepresidente de asuntos estudiantiles. Allí se acordó que el sector estudiantil no acogería ninguna propuesta hasta que Administración Central asegurara que los fondos propuestos en dicho plan de ayudas económicas existen.

También se determinó que cada Consejo iba a emitir su decisión sobre si apoyaba o no dicha política. Por el momento Bayamón, Cayey, Aguadilla y Rio Piedras no la apoyan. 

Rivera, enfatizó que lo importante no es simplemente que el dinero esté o no, sino la forma en que se implemente y las distribuciones que se están proyectando en cuanto a las exenciones. No se están considerando unos factores muy importantes para que realmente impacten la mayor cantidad de estudiantes.

“Esta política de ayudas económicas para los estudiantes se hace ante la exigencia de la JCF para eliminar las exenciones de matrícula. Para poder cumplir con eso se crea esta política que en su esencia puede sonar justa, sin embargo, se debe puntualizar el hecho de que toma en cuenta solamente como necesidad económica los costos de matrícula”, explicó. 

O sea, obvia los costos de cuota, laboratorio o tecnología, entre otros. Tampoco toma en cuenta el costo de vida de los estudiantes: hospedaje, alimentación, transportación, etcétera. 

“Entonces, ¿la necesidad económica que toma en cuenta esta política es real?”, cuestionó. 

Además, la representante estudiantil criticó que la matemática que hicieron para decir que esto ayuda al 70% de los estudiantes es la cantidad total de las exenciones de matrícula que se otorgaron el pasado año académico. 

El año pasado solo se otorgó el 50% de las exenciones de matrícula. En ese sentido, no se está tomando en consideración la totalidad de los estudiantes elegibles a exenciones. 

“Esta política no ha sido estudiada y los pagos de matrícula comienzan en tres semanas. Si se aprueba esto será a la ligera y no sabemos si el sistema está preparado y va a funcionar pues no hay un plan de trabajo para implementar esta política”, sentenció Rivera. 

Por otra parte, Jannelle Santana, presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No-Docentes (HEEND), comparó el asunto de la política de ayudas económicas para estudiantes con la negociación de las exenciones en el Convenio Colectivo –que cobijan a los empleados y sus dependientes– para cerrar el año académico 2018-2019. Al igual que con la política de ayudas económicas para estudiantes, “tampoco hay garantía de dónde provienen los fondos”. 

“Nos están diciendo que mientras dure este periodo de negociación las exenciones quedan eliminadas y que entonces va a entrar a funcionar el programa de ayudas económicas pero todavía ellos no han definido como este programa va a funcionar, solo unos borradores”, dijo. 

Santana, mencionó que si bien le devolvieron la acreditación a la UPR, eso va sujeto a ciertos estándares que, a su vez, dependen la sostenibilidad y la gobernanza universitaria. Por lo tanto, los recortes presupuestarios que se están llevando a cabo no ponen a la Universidad en una buena posición. 

En los últimos estados financieros que ha entregado la universidad a la Middle State hay una nota de Ernest & Young en la cual la firma auditora le comenta a la administración universitaria que tienen una seria preocupación respecto a la habilidad que va a tener la institución para subsistir a los recortes económicos que se están ejecutando. 

“Al recortar constantemente el presupuesto de la Universidad está en duda su capacidad para operar. Además, el concepto de la universidad pública debe garantizar la accesibilidad a los estudiantes, eso no será posible si continuan los aumentos en el costo de la matrícula”, concluyó Santana. 

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