Una Comisión Estatal de Elecciones desacertada

CLARIDAD

A no ser que la Legislatura actúe o que los tribunales hagan su parte, las próximas elecciones del 2024 quedarán totalmente en manos de una Comisión Estatal de Elecciones dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Si en este proceso electoral que acaba de pasar hubo irregularidades que han puesto en duda los resultados, solo hay que imaginar qué podrá pasar en las elecciones del 2024.

Ese es el manto que arroja la decisión del presidente de la CEE, el juez Francisco Colomer, de dejar sin efecto en la Comisión la presencia de los comisionados electorales de los partidos Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD). La decisión de Colomer, notificada el cinco de enero, fue el regalo de Reyes, tanto para los comisionados de los tres partidos como para los miles de partidarios. Con esta decisión, en los próximos cuatro años en la CEE solo tendrán plena representación con comisionados electorales el PNP y el PPD.

En entrevista, el comisionado electoral del MVC, licenciado Olvin Valentín, indicó que esperaban acudir al Tribunal en los próximos días a impugnar la decisión del presidente de la CEE.  Dio a entender que la determinación les tomó por sorpresa debido a que en noviembre el comisionado electoral del PIP le cursó una carta a Colomer en la cual establecía que todos los partidos que quedaron inscritos tras las elecciones deberían mantener representación plena en la Comisión y que sería inconstitucional el dejar fuera a los partidos a base de las reglas nuevas del Código Electoral.

Narró que tras la carta, el Presidente les dio 48 horas a los comisionados para que presentaran sus posiciones por escrito. “Finalmente, Colomer acogió parte de los argumentos, en el sentido de que no les iba aplicar los requisitos de inscripción retrospectivamente porque es lo correcto a base de la Constitución y la ley, y dejó inscritos a todos los partidos. Hasta ahí estamos bien”.

El problema, denunció Valentín, es que el presidente se amparó en lo que dice el nuevo código electoral de que la composición de la Comisión se basa en los partidos principales, que son los que ocupan el 25% de los votos o más, en lugar de hacer la misma interpretación que hizo para la inscripción de los partidos ya inscritos.

Desde el punto de vista del MVC, hay dos errores en la interpretación de Colomer. El primero, señaló, es que el que el presidente dice que se está basando en el nuevo código, pero aun así está mal su interpretación porque el Código también dice que cuando la composición de la CEE es de dos comisionados propietarios, solo para evitarlo, hay que buscar el tercer comisionado dentro de los partidos estatales que más votos sacó. En esta ocasión, reclamó Valentín, es el MVC.

“Colomer no hizo esa ecuación y comoquiera interpretó erróneamente. Además de eso, a rasgos mayores, el MVC sigue pensando que es inconstitucional y antidemocrático que se deje fuera a los otros tres partidos que han sido claves en la fiscalización de todo este proceso y que tienen representación en la Asamblea Legislativa”, declaró.

Señaló que la acción del Presidente es un claro ejemplo de cómo posponer las cosas y continuar el bipartidismo desde la Comisión.

La decisión de Colomer arroja dudas respecto al trabajo de recuento electoral y de investigaciones en proceso sobre el evento electoral que todavía queda pendiente en la CEE. Valentín añadió que la determinación del presidente se supone que tiene vigencia después de 10 días de su notificación,  el mismo término que tienen los partidos para recurrir al tribunal.

“Habrá que ver, en el sentido de que técnicamente el día 15 estaríamos fuera de la CEE. El sentido común nos dice que no deberíamos estar haciendo ningún movimiento antes, pero no se sabe si la CEE nos solicite que nos vayamos desde ya”.

Valentín adelantó que Victoria Ciudadana también acudirá al tribunal, pero observó que eso  no exime a los legisladores y legisladoras de hagan su parte para una verdadera reforma electoral, se revoque el actual código y que “realmente se trabaje con todos los sectores y se promueva un proceso electoral transparente”.

En entrevista por separado, el comisionado electoral del PIP, licenciado Roberto Iván Aponte Berríos, narró que a su carta del 9 de noviembre  planteando la situación, Colomer le dijo que no se iba a tomar decisión en ese momento porque la situación era  prematura, que, si acaso, cuando se certificara, quien no estuviera de acuerdo fuera a los tribunales.

El Presidente tuvo entonces que  retomar el asunto luego de que el partido Proyecto Dignidad  (PD) acudiera al tribunal a finales de diciembre planteando la inconstitucionalidad  del asunto, al igual que el PIP. En ese momento, la juez Rebecca León, del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en San Juan, dijo que el caso no estaba maduro y que la CEE debía reunirse para determinar. Tras la decisión de la jueza se dio la reunión en la cual cuatro de los cinco partidos estuvieron de acuerdo con el planteamiento del PIP. Solo el PNP estuvo en contra. Al no haber unanimidad, Colomer no decidió ese día y esperó hasta el 5 de enero para emitir la resolución.

El licenciado Aponte Berríos reiteró que al PIP le está claro que si se aplica el nuevo código electoral, que dispone que aparte de los dos partidos que saquen más del 25% de los votos, el partido queda inscrito. Pero el código además dice, en el inciso C del artículo 3.1, que se añade un tercer comisionado del partido que cumpla con dos requisitos: uno, el estar inscrito y dos, el haber tenido el 50% de candidatos en las papeletas.

“En este caso, esos dos requisitos los cumple el PIP, no los cumple el PD ni el MVC”. Pero el PIP fue más allá y planteó que en caso de que Colomer decidiera aplicar el código electoral, aunque en un mismo ciclo electoral no se puedan crear limitaciones a un partido político peores que las que tenía al momento en que se inscribió (lo que ocurrió con el nuevo código electoral), debía aplicar la ley anterior que decía que con 3% de candidatura a la gobernación el partido quedaba inscrito y tenía comisionado electoral.  “Así que nosotros entendemos que los cinco partidos tienen derecho a tener comisionado en la CEE”.

El comisionado electoral del PIP resaltó, además, que en la resolución, el presidente de la CEE básicamente lo que  hizo fue presentar los  planteamientos del PNP y no citó el  inciso 3 del artículo 3.1. “Decidió por sí solo que son dos partidos políticos”.

La sombra de la Junta de Control Fiscal

La determinación de Colomer, expuso Aponte Berríos, aunque deja inscritos a los tres partidos dice que estos tendrán un comisionado electoral adicional, pero no explica qué significa. El comisionado del PIP dijo que según el Código, lo que dice de ese comisionado es que este sería invitado a partir del 1 de julio 2023, que se le daría una dieta y que participaría en reuniones para hablar solo del tema electoral.

“Esa resolución tiene muy mala leche. La manera en que está escrita, porque no cita el 3.1C, lo que es adicional. No es cierto que el ciclo electoral sea a partir del 1 de julio de 2023. La razón es obvia: es calcado a favor del plan fiscal de austeridad de la Junta de Control Fiscal.  En todo momento está pensando en dónde cortar gastos sin afectar a los del PNP”, denunció.

¿Cómo es posible que los cinco comisionados seleccionarán al presidente de la Comisión y ahora él vota a tres?

“La realidad es que el presidente, después del 3 de noviembre en adelante, sus posturas han sido alineadas al PNP completamente. Algo que él escribe en la resolución es que esa decisión la toma por el tema económico. ¿Cómo tu vas a plantear hacerle el trabajo a la JCF? ¿Cómo vas a sopesar que el factor económico sea más importante que el derecho del elector y de una agrupación de los ciudadanos a participar en las elecciones? Me parece que siendo el juez, comete un error grave y demuestra cuál es su favoritismo político”.

El comisionado electoral del PIP también confirmó que todavía en la CEE queda trabajo por hacer en relación con el escrutinio, investigaciones sobre el trabajo de la Junta Administrativa del Voto Ausente (JAVA) y  la controversia sobre la alcaldía de Guánica. Además de que siempre, luego de unas elecciones generales, se pone al día el registro electoral y persona que no votó se inactiva. Todo ese proceso va a estar en manos de PNP y PPD. “Ahí puede haber trampa otra vez en el escrutinio, por el Código Electoral. La desproporción entre personal del PNP, incluyendo al PPD, fue abismal y por eso hubo tanta cosa extraña en ese Coliseo Roberto Clemente. Tenían cientos en destaque de todas las agencias, por eso es tan peligroso. El Código Electoral se aprobó en junio y en cuatro a cinco meses hicieron todas las barbaridades que hicieron. ¡Votaron empleados de los cinco partidos, imagínate en cinco meses más!”, declaró.

Este lunes el PIP anunció que acudirá al tribunal a impugnar la decisión del presidente de la CEE. Además, la delegación del PIP en la Legislatura ya presentó legislación dirigida a atender el tema de la representatividad en la CEE.

Aponte Berríos entiende que según la decisión de Colomer, se supone que no haya nadie,  ninguno de los funcionarios de los tres partidos, los que cobraban y los que no. El nuevo Código aplica una medida similar para las Juntas de Inscripción Permanente (JIP): solo habrá funcionarios del PNP y PPD. La intención, denunció, es ir eliminándolas.

Related Articles

Traducir»
%d bloggers like this: