Una Constitución que fortalezca la democracia

 

Por Cándida Cotto/CLARIDAD

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Aun cuando la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que declaró ilegal la juramentación como gobernador de Pedro Pierluisi Urrutia, fue la correcta desde el punto de vista constitucional, el momento histórico que vive el País obliga a reflexionar sobre los límites de la Constitución vigente, señaló el Presidente del Colegio de Abogadas y Abogados (CAPR).

En entrevista el licenciado Edgardo Román Espada reiteró que la determinación del TSPR es un reconocimiento firme al ordenamiento constitucional que protege a la ciudadanía de los caprichos políticos o personales, fortalece la doctrina de separación de poderes e implementa el orden público contemplado por la Constitución para la sucesión de un gobernador renunciante, que en este caso fue destituído por el Pueblo y que la decisión unánime, aporta una certeza necesaria en el proceso político y jurídico que vive el País.

No obstante puntualizó que el momento histórico que vive el país obliga a reflexionar sobre los límites de la Constitución vigente, la cual-denunció- “nos ha condenado al regreso de la época del gobernador no electo, con el agravante de que los siete miembros de la Junta de Control Fiscal tampoco cuentan con el aval de los votos”.

Para el CAPR es evidente la necesidad de nuevos desarrollos constitucionales que propendan a soluciones democráticas para situaciones similares, por lo que favorece que se adopten enmiendas constitucionales para garantizar que la democracia participativa sea el mecanismo de selección a un gobernante sustituto. “La idea de que los escaños pertenecen a los partidos es un anacronismo que atenta contra el poder de la ciudadanía a escoger a sus dirigentes. Puerto Rico no merece menos.”, reclamó Román Espada.

En esa dirección afirmó que si los reclamos ciudadanos de cambio estructural no son escuchados por la clase política del País, el CAPR estará presente en la calle una vez más para asistir a las organizaciones profesionales, comunitarias, sociales y académicas.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también propuso cambios constitucionales dirigidos a una mayor participación del pueblo. Este seis de agosto el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón, presentó una resolución concurrente (RC 108) dirigida a que se permita celebrar una elección especial para elegir un nuevo gobernador en caso de muerte, renuncia, destitución, incapacidad total o permanente, establecer el referéndum revocatorio y la celebración de una segunda vuelta en las elecciones generales. Además de las enmiendas constitucionales el PIP ha propuesto la celebración de una de una asamblea de pueblo para generar una nueva constitución con todos los derechos humanos y en segundo lugar buscar mecanismos a través de esa asamblea para una nueva relación con Estados Unidos. La Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) sería convocada por votación directa “que garantice la participación de los más amplios sectores de la sociedad”.

En cuanto a la crisis provocada por el PNP y la decisión del TSPR, Márquez Lebrón, reconoció que la decisión del tribunal fue la correcta, el resto, “lo que he llamado la jauría del PNP, primero cuando el país estaba en la calle que reclamaba la salida Pedro Rosselló, el PNP arrastraba los pies, en ese asunto particular la Legislatura no para buscar lo mejor que le convenía al país sino los intereses de ellos el asunto se demuestra por segundad ocasión con Pedro Pierluisi y luego con el nombramiento de Wanda Vázquez que no es otra cosa que el modelo de sucesión que establece la Constitución”.

Por otra parte para el veterano defensor de los derechos ambientales, licenciado Pedro Saadé Lloréns, expresó que sí se podía estar satisfecho con la decisión unánime del TSPR ya que en esta prevaleció la interpretación y lectura de las disposiciones constitucionales más sensata y apegada a la representatividad democrática, aunque fuere por la pobrísima vía indirecta de aprobaciones de la Cámara y el Senado a un designado Secretario de Estado.

“Con esta decisión, se forzó la salida del penúltimo ocupante de la Fortaleza en pocos días. Del primero en salir, Ricardo Rosselló, el Pueblo se ocupó en forma directa al obligarlo a renunciar. Del segundo, he ahí la decisión del Tribunal Supremo. Y cómo van las cosas, de la próxima ocupante de la Fortaleza, la licenciada Wanda Vázquez, a pesar de estar acompañada de toda legitimidad formal, parece que se encargará el Senador Rivera Schatz y los que deciden el destino político del PNP”, manifestó.

En cuanto a la decisión del TSPR Saadé Lloréns señaló, la participación del pueblo con sus manifestaciones. “Creo debemos preguntarnos: ¿puede esa decisión aquilatarse como un mero hecho jurídico aislado, no empece su carácter histórico, o acaso no es obligatorio también tomar en cuenta la contundencia de las demostraciones públicas de un Pueblo que se dio a respetar? Yo pienso que esas demostraciones, con sus geniales características y espíritu de que ya no querer tolerar más abusos, sirven de trasfondo obligatorio a los desarrollos en el País, incluyendo los jurídicos”.

En ese sentido cuestionó si el resultado neto de la decisión de invalidar un abuso de poder (se refiere a la juramentación de Pierluisi) no era más cónsono con los reclamos de las miles y miles de personas que descubrieron lo que pueden lograr “Yo pienso que sí. Fue un resultado judicial consistente, aunque indirecto, como un mantra, por lo marchado. Y también esto lo saben los que deciden día a día cual será su próxima movida” democrática. Todo ese millón de pies ( incluyendo sus bastones y sillas de ruedas) caminaron y caminaron para exigir respeto y el sentido de valía que algunos sectores , en el fondo, odian y quisieran olvidar. Nuestros pies velan. Velan el quita y pon. Velan lo que pasa. Son pies benditos .¡Qué bien!”