Una legislación cosmética

 

Por Cándida Cotto/CLARIDD

ccotto@claridadpuertorico.com

La política pública establecida por la Legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su primer año de este cuatrienio -dos reformas laborales dirigidas a desmantelar el gobierno; el trastoque al sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR); encaminar la privatización de los servicios públicos como la energía eléctrica, la educación y el agua; iniciativas económicas dirigidas a favorecer a los grandes intereses en contra de los menos privilegiados; una Legislatura complaciente con la Junta de Control Fiscal (JCF)- está haciendo mella en estos momentos frente a la epidemia del coronavirus (COVID-19).

Este fue el cuadro en el que los legisladores por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, en entrevista con CLARIDAD, enmarcaron la actual gestión legislativa.

“Cuando se compara con esta primera sesión el nombramiento de Keleher, la creación del departamento de seguridad pública, cuando se ve ahora parece ser que han pasado cien años, pero es poco tiempo. Después vino María y el desastre de las cuatro mil muertes que estuvieron negando, vimos el arresto de Keleher, vinieron los temblores y ahora estamos en una pandemia en una sesión que realmente ha resultado ser absolutamente cosmética y sometida completamente a la Junta de Control Fiscal”, manifestó el senador Dalmau Ramírez.

“Aquellas lluvias trajeron estos lodos”, agregó. Aunque reparó en que la tendencia a privatizar servicios esenciales viene tanto de gobiernos PNP como populares (Partido Popular Democrático, PPD), señaló que en particular el PNP ha tenido una ofensiva muy dura, y en el actual contexto después de dos cuatrienios -dijo- el equipo del PIP ha podido ocupar espacios y servir de contrapeso a esa política pública. “Lo que nosotros anticipamos desafortunadamente es lo que está sufriendo el país”.

En esa dirección los legisladores del PIP reclamaron que el trabajo en equipo les ha permitido denunciar la reforma laboral, presentar legislación dirigida a proteger el ambiente, relacionada con el depósito de cenizas, protección de costas, de transparencia gubernamental en situaciones de emergencias, en educación, diversidad funcional, en la cultura, entre otros, “un abultado expediente de trabajo que de haberse aprobado serían hoy instrumentos para enfrentar la crisis económica social, y de salud que vive Puerto Rico en estos momentos”, reclamaron.

El representante en la Cámara, Márquez Lebrón, trajo por ejemplo que previo al huracán María radicó un proyecto que es uno de los planteamientos por años del PIP, de un plan universal de salud. “En términos de la discusión pública el proyecto ha quedado soslayado, yo he seguido insistiendo en el tema cuya vigencia destaca ahora con la crisis de salud”.

Esta política de privatización -observó Márquez Lebrón- “es parte de una ideología de ese capitalismo que con apellidos coloniales empeora la situación y además de que toda esa legislación está planteada dentro de la ironía del sistema colonial. Esta Legislatura ha tenido que asumir un rol tímido sometido a la Junta, en muchas ocasiones torpe, proyectos mal diseñados, pero han tenido que asumir un rol del estado para hacer unos mínimos de protección al país en diversos sentidos tratando de buscar un respiro porque en una crisis como la de la pandemia, con una crisis económica, con una crisis de tantos años en recesión económica el modelo económico quebrado por ese capitalismo arrasa con todo el país, por lo tanto ese planteamiento de décadas del PIP del socialismo democrático nosotros lo estamos reafirmando en la necesidad de una transformación económica y social en el país unido obviamente a la condición colonial”.

Los legisladores del PIP se refirieron a que toda la legislación aprobada para atender la emergencia de la epidemia del COVID -19 fue sometida por la JCF. De ahí que Dalmau Ramírez denuncie que el trabajo de la Legislatura ha sido uno cosmético.

“La Legislatura en lugar de enfrentarse a esa realidad de impugnar y confrontar esos abusos, decidió ser complaciente y ha legislado conforme a lo que fue la petición de la Junta de Control Fiscal. Denis y yo hemos insistido en primer lugar que hay millones de dólares todavía en las cuentas de ahorro que estableció la JCF del gobierno que están dirigidas a pagar una deuda impagable y que el gobierno de Puerto Rico debe reclamar de inmediato acceso a esos fondos para enfrentar la crisis de la pandemia y para inyectar el dinero a una economía que ya tiene años de depresión económica y que cuando ya estemos saliendo de la epidemia enfrentaremos una crisis económica mucho mayor”.

En esa línea Dalmau Ramírez expresó sentir frustración al ver que la mayoría legislativa se plegó a la legislación predeterminada que decidió la JCF, y no permitió enmiendas como las presentadas por el PIP. Como por ejemplo que otros trabajadores que están en la primera línea de respuesta de salud también recibieran asistencia económica, como las enfermeras per diem, técnicos de laboratorios, farmacéuticos, médicos internos, que son los estudiantes de medicina y están trabajando en la emergencia, los trabajadores de la limpieza, etc. “Hay una serie de profesionales que quedaron excluidos y se le dio un énfasis desproporcionado a la Policía, sin embargo muchos otros vinculados al tema de salud o se les ignoró completamente o se les incluyó de una manera muy nominal, sin hacerles justicia, en el caso de los maestros por ejemplo que ahora están recibiendo readiestramiento han quedado al margen, es en lo que nosotros hubiésemos insistido y no tuvimos oportunidad”.

¿En algún momento los presidentes de los cuerpos pidieron alguna orientación de profesionales de la salud sobre cómo abordar la situación de la epidemia?

Por parte de la Cámara, Márquez Lebrón, narró sobre la vista pública que citó la Comisión de Salud de dicho cuerpo en febrero, en aquel momento al todavía secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado y a la epidemióloga del estado, Carmen Deseda. En la vista se le preguntó a los funcionarios cuál era la preparación del Departamento de Salud (DS), a lo que ambos contestaron en el sentido de que “aquí no iba a pasar nada y que todo estaba bajo control”.

En esa vista salió a relucir que la legislación del DS que tiene que ver con epidemias y enfermedades contagiosas data de 1936. Márquez Lebrón, atribuyó a la luz de lo revelado en la vista el que por eso muchas de las acciones del DS son improvisadas. Agregó que en otra reciente vista la entonces secretaria del DS, Sánchez Longo, reconoció que uno de los problemas que tiene el DS para atender la pandemia por más que haga es que el 90% del sistema de salud está privatizado y aunque el Departamento tenga un protocolo no hay fuerza de ley en estos momentos que obligue a los hospitales a adoptarlo.

“Todo esto está dentro del marco de un sistema económico que permite que el derecho humano de salud sea parte del mercado, seamos nosotros una parte del negocio, lo reconoció el comisionado de seguros que analizó el seguro médico como un seguro más y cómo puede ganar el plan médico dando menos y eso lo vivimos todos los días en la pandemia”, denunció.

Por parte del Senado, Dalmau Ramírez afirmó que no han tenido contacto, ni comparecencia de figuras de la salud para tocar de alguna manera el tema de la pandemia. El único caso que se acerca fue atender la nominación de Lorenzo González como secretario de salud. Nombramiento al cual dijo se opuso por entender que la Gobernadora pretendía chantajear a la Legislatura nombrando un tercer secretario en medio de la crisis sin dar ella una explicación.

Entre tanto Dalmau Ramírez, señaló que, a nivel legislativo no se puede hacer la abstracción de que se está en tiempo de una primaria y la mayoría de los legisladores en ambos cuerpos apoyan a Pedro Pierluisi, pero la gobernadora es Wanda Vázquez. “Eso genera una dinámica que cuando un proyecto sale del Senado y llega a la Cámara, la Cámara quiere hacer su versión para poder decir que no están siguiendo instrucciones de la gobernadora, sino que ellos tienen opiniones distintas o mejores para poder servir de un contrapeso de Pierluisi, esa dinámica ha obstaculizado y ha creado problemas para la respuesta legislativa sea más efectiva”.

El escándalo de las pruebas

Es Márquez Lebrón quien atiende las vistas públicas de la Comisión de Salud, sobre la fallida compra de pruebas del COVID-19 del Departamento de Salud. “Es terrible verlo de primera mano, ver los testigos, ver la prueba, independiente de los intereses del PNP”, expresó sobre las referidas vistas y denuncias de algunos miembros del PNP de que la investigación es una faena contra la gobernadora.

Márquez Lebrón reconoció que el presidente de la Comisión, Juan Oscar Morales  ha tenido deferencia para con él para hacer su interrogatorio y aseguró estar convencido de que hubo un esquema que hay que seguir.

Por su parte, en relación con estas alegaciones, Dalmau Ramírez indicó que el hecho de que la investigación esté animada por una campaña primarista no elimina la veracidad de los hechos que se están develando.

 

Elementos principales del esquema

  1. Se escoge una compañía que ofrece las pruebas tres veces más caras que otras compañías.
  2. Se escoge una compañía que no sabe nada de servicios médicos vende el equipo médico.
  3. El producto a comprar por el gobierno no está aprobado.
  4. El que firma el contrato de un documento público dice que no lo firmó.
  5. La empresa australiana alegadamente envuelta en la venta dice que no conoce a la compañía compradora.
  6. La secretaria auxiliar de Salud reconoce públicamente que se puso de acuerdo con el Rector de Ciencias Médicas para escoger la compañía.
  7. En menos de ocho horas nombran a una funcionaria que viene de la Comisión Estatal de Elecciones -y que solo lleva cuatro meses en el DS- y la escogen de manera directa para que trabaje el contrato, ella no sabe nada de nada y no se utilizan a los compradores de carrera del DS.
  8. Cinco agencias de gobierno aprueban el documento y el director del Negociado de Emergencia lo firma y punto.