Una Nación dividida que debe luchar junta

Por Manuel de J. González/CLARIDAD

“Puerto Rico es una nación latinoamericana con cuatro y medio millones de nacionales, de los cuales 2,700,000 viven en la isla y el resto (más de una tercera parte) se concentra en Nueva York y otros lugares de Estados Unidos.” Así comienza la Declaración General aprobada en la octava asamblea del Movimiento Pro Independencia (MPI) en noviembre de 1971. A continuación, la Declaración afirma que “esa dispersión geográfica de una parte sustancial de nuestro pueblo a través del territorio norteamericano”, junto a otros factores, “ha trasformado sustancialmente la realidad puertorriqueña.”

Más adelante, refiriéndose a la “porción de la nación puertorriqueña que vive dentro de Estados Unidos” la Declaración General proclama “el reconocimiento del derecho que tienen los puertorriqueños todos –no importa donde residan– a integrarse al proceso revolucionario de su patria” y “el derecho del pueblo puertorriqueño residente en Estados Unidos a mantener su identidad, cultivar su patrimonio cultural y utilizar su idioma vernáculo en la educación, trabajos y todo tipo de comunicación”. De igual forma, se reclamaba “el derecho a iguales oportunidades de empleo, condiciones de vida, de trabajo, políticas, educativas y de acceso a la cultura –en su idioma– con relación a los demás integrantes de la sociedad norteamericana”.

Esa posición del MPI y del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) (que nació en aquella asamblea de 1971) representó un cambio importante para una organización política en Puerto Rico. Hasta ese momento, a los emigrados no se les reconocía ninguna función en la política isleña ni voz en el debate sobre el futuro del país. Su participación era marginal, circunscrita a un apoyo lejano, casi siempre monetario, a una actividad política que se hacía a distancia.

En la nueva concepción del MPI los boricuas viviendo en Estados Unidos, que entonces representaban una tercera parte del total (aproximadamente un millón ochocientos mil personas) se reconocían como parte integral de la nación puertorriqueña con todos los derechos y las obligaciones que esa condición implica. El haber emigrado o el hecho de nacer en el país a donde fueron sus padres no conlleva la pérdida de la condición de “nacional” de Puerto Rico.

Fiel a esa concepción, el MPI-PSP comenzó a organizarse en Estados Unidos con la misma intensidad con que lo hacía en Puerto Rico creando una estructura que no sólo apoyaba la lucha que se hacía desde acá, sino que también impulsaba las reivindicaciones de aquellas comunidades en sus condiciones de trabajo, educación y frente al persistente discrimen. La lucha de esa “porción de la nación puertorriqueña”, desarrollada en lo que José Martí llamó “las entrañas del monstruo”, se consideraba como un elemento de valor estratégico para que nuestro país pudiera superar su condición colonial, encaminándose hacia una opción soberana. El desarrollo organizativo llegó a ser de tal magnitud que en octubre de 1974 los boricuas llenaron a capacidad en histórico Madison Square Garden reclamando la independencia de Puerto Rico. Para ese momento ya se publicaba en Nueva York una edición de CLARIDAD que, en formato bilingüe, circulaba en la mayoría de las comunidades puertorriqueñas del amplio territorio estadounidense.

Aquella concepción política desarrollada por el MPI-PSP, que le reconocía los mismos derechos y obligaciones a los boricuas no importa donde residieran, y que visualizaba la nación puertorriqueña como una dividida en dos grandes porciones, fue correcta entonces y lo es mucho más en estos momentos cuando la realidad demográfica es muy distinta. Según un reciente estudio publicado por Pew Research Center, entidad con sede en Washington, en 2017, antes del éxodo provocado por el huracán María, en Estados Unidos residían 5.6 millones de personas que se definían a sí mismos como puertorriqueños. A diferencia de 1971, cuando todavía la mayoría (casi dos terceras partes) de los integrantes de la nación puertorriqueña residían en la Isla, ahora la balanza se inclina de manera significativa hacia los que viven fuera de los confines isleños. En estos momentos, tras el impulso reciente a la emigración, los boricuas residentes en Estados Unidos rondan en los 6 millones, mientras 3.4 millones viven en su patria.

Según el estudio, la emigración boricua hacia Estados Unidos tomó impulso con el nuevo milenio. A partir de 2000 creció en alrededor de un 65 por ciento y la mayoría de los actuales residentes allá, 3.4 millones, nacieron en Puerto Rico. Otro gran cambio se ha producido en el patrón de asentamiento porque ahora el estado de Florida acoge una proporción similar a la que se concentra en Nueva York, 20 porciento en cada estado. El otro 60 por ciento se dispersa por todo el territorio estadounidense. En cuanto a los males sociales, no ha habido mucho cambio: mientras el 19 por ciento de todos los hispanos se consideraba en “condición de pobreza” en 2017, entre los boricuas los pobres representaban el 24 por ciento.

Cuando se publicó la Declaración General del MPI-PSP en 1971 se consideró extraordinario que un país tuviera una tercera parte de sus nacionales residiendo fuera de su territorio nacional. Dada esa realidad numérica y, además, por el hecho de que viven en las propias entrañas de la metrópolis que mantiene a su patria en condición colonial, se catalogó de importancia “estratégica” a la organización y movilización de esa enrome población. Ahora, 48 años después, cuando la proporción se ha invertido y dos terceras partes de los nacionales puertorriqueños residen en Estados Unidos, su importancia se ha multiplicado. Ahora más que nunca la lucha por la descolonización de Puerto Rico tiene que darse en Nueva York y Florida tanto como en la Isla.