Una oportunidad para rectificar

Por Rafael Bernabe/Especial para CLARIDAD

La memoria corta y la confusión son armas de los que nos quieren pasar gato por liebre. Con tanta noticia entrando cada día es fácil lograr lo primero. Con tanta información contradictoria, incompleta y mal digerida circulando es fácil generar lo segundo. Conviene recordar algunas cosas y poner un poco de orden en las ideas. 

El gobierno de Puerto Rico (el gobierno central, incluyendo mecanismos como COFINA y las corporaciones públicas) tiene una deuda insostenible. No se puede pagar sin someter al país a una pobreza extrema y sin perpetuar su parálisis económica durante muchas décadas. Y lo más probable es que aun así no pueda pagarse. 

En enero de 2018, hace año y medio, tres prestigiosos economistas, incluyendo a Joseph E. Stiglitz, ganador del llamado premio Nobel en economía, publicaron un estudio en el que demostraban que era necesario cancelar al menos 46% y quizás hasta 72% de la deuda de $51 mil millones que entra en los cálculos de la Junta de Control. De otro modo, Puerto Rico no tendría recursos para una mínima recuperación económica. Si se tomaba en cuenta la deuda total de $72 mil millones, la reducción debía ser al menos del 60% y podría tener que alcanzar el 80%. Es decir, habría que reducirla a $14 mil millones. Antes de que Mayra Montero o Gustavo Vélez salgan a denunciar que estas son locuras de vagos revoltosos o independentistas quedaos, es bueno aclarar que estos señores no son ni marxistas, ni revolucionarios. Son antiguos oficiales del Banco Mundial y profesores de la Universidad de Columbia. Pero tienen lo que carecen nuestros críticos de derecha: un poco de realismo.

Al publicar su estudio indicaron que lo habían completado antes del huracán María, cuyo impacto exigiría ajustar sus hallazgos. Como se sabe, los daños se estimaron en $90 mil millones. En abril de 2018, Martín Guzmán, uno de los tres autores, publicó una columna y envió una carta a la Junta de Control en las que planteaba su propuesta de ajuste: la deuda existente tendría que cancelarse en su totalidad. Nada más y nada menos. De hecho, un poco antes, en noviembre de 2017 el economista Juan Lara, igualmente libre de sospechas de vínculos con la extrema izquierda y los que “nos oponemos a todo”, también reconoció, que lo que entonces llamó “la vieja deuda” tendría que cancelarse. No permitamos que la memoria corta nos haga olvidar estos diagnósticos. Son tan válidos hoy como lo eran hace poco más de un año.

¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los acuerdos que se barajan con los bonistas son inaceptables: son injustos socialmente y contraproducentes económicamente. Prolongarán el estancamiento económico e, irónicamente, conducirán a una nueva quiebra, cuando el país no pueda cumplir con los nuevos acuerdos. ¿Será que la Junta es tonta? No, la Junta adopta el punto de vista de los bonistas. Los bonistas quieren cobrar lo más que puedan. Que haya que cancelar la deuda no les cabe en la cabeza. No lo pueden entender porque no les conviene entenderlo. Su perspectiva no tiene que ver con la realidad sino con sus intereses. Si de ellos depende, nos llevarán de la mano de la austeridad por décadas, sumidos en el estancamiento y el despoblamiento y dando tumbos de renegociación en renegociación de planes de pago con los que no se pudo cumplir. Los detalles son importantes, pero no hay que perderse en ellos: ese es el significado de los ajustes y acuerdos que se nos están imponiendo.

El acuerdo en la Autoridad de Energía Eléctrica es buen ejemplo. Los bonos actuales se pagan luego de cumplirse con los costos de la operación de la agencia. Los nuevos bonos tendrán prioridad de pago. Si los ingresos de la AEE no bastan, para seguir operando luego de pagar a los bonistas habrá que aumentar el costo de la electricidad y que aumentar el impuesto a iniciativas de energía renovable. Se golpea al consumidor, se golpea a las empresas, se golpea al ambiente. Se limita la posibilidad de recuperación económica. Por décadas. Todo para pagar a los bonistas.

Se podría extender este ejemplo con los planes de retiro, los presupuestos de las agencias de gobierno, el empleo público. En el caso de la UPR, la ruta es hacia la desacreditación por la Middle States Association. Si la pierde, perderá las aportaciones federales, incluyendo las becas. Se le condena a la casi desaparición. Y las becas federales emigrarán a instituciones privadas.

En un mundo lógico y racional, el gobierno de Puerto Rico estaría a la cabeza de la resistencia a todo esto. Esgrimiendo los estudios indicados y otros materiales estaría en el Congreso, en los tribunales, en la ONU exigiendo la revocación de PROMESA, objetando acuerdos abusivos y repudiando la deuda, que hace tiempo hubiese auditado para determinar qué parte es inconstitucional, ilegal, odiosa e ilegítima.

 

Pero el mundo en que vivimos no está regido por la lógica, ni la razón sino por los intereses de clase y nuestro gobierno está comprometido con las clases privilegiadas, que son incapaces de enfrentarse a sus hermanos mayores de Wall Street y los fondos buitres. Como buenos politiqueros, de vez en cuando hacen dos o tres maraqueos contra la Junta, pero luego se allanan a sus exigencias.

La resistencia depende de nosotros y nosotras. Aquí la autocrítica tiene que ser severa. Si nuestros enemigos actúan en defensa de sus intereses, nosotros y nosotras no actuamos efectivamente en defensa de los nuestros. Todos los sindicatos, todos los grupos de izquierda, todos los grupos ambientales y de mujeres, todas las organizaciones magisteriales, absolutamente todos nos vemos afectados negativamente por las políticas señaladas. Todos nos oponemos a esas políticas. Pero no hemos sido capaces de reunirnos para luchar juntos contra el enemigo común. Esa es la realidad. La Coordinadora contra la Junta no funcionó y murió. Pueblo Unido sobrevivió cojeando. No Mas Promesas agrupa a unos sectores, pero otros no se sienten convocados. Los sindicatos organizan Primeros de mayo paralelos, con básicamente las mismas consignas. ¿Quién puede sorprenderse de que nuestros enemigos sigan triunfando y avanzando e imponiéndose? ¿Dónde está nuestra mínima coordinación? ¿Dónde nuestro programa mínimo compartido? ¿Dónde nuestra agenda mínima de acciones conjuntas? No existe. No es agradable decirlo, pero hay que decirlo. 

Se muy bien que hay grandes diferencias entre nosotros sobre muchos temas, desde la ley 45 hasta el uso de las capuchas, desde la participación electoral hasta las estrategias legales, sobre cuando hacer un paro nacional o hasta las simpatías o antipatías por Carmen Yulín. Lejos estoy de negarlas. Yo tengo mis posiciones tomadas sobre muchos de esos temas. No voy a renunciar a ellas. Pero la pregunta es si podemos movilizarnos juntos a pesar de esas diferencias. Más vale que sí, o nuestros enemigos seguirán triunfando.

Lo grande empieza pequeño. La UTIER ha indicado que el acuerdo propuesto con los bonistas es un desastre para Puerto Rico: para los trabajadores, para los consumidores, para los empresarios, para el ambiente. Hay que movilizarse para detenerlo. En julio la jueza Taylor Swain tendrá el acuerdo ante su consideración. Vamos todos y todas a unirnos a las movilizaciones que se están convocando para detenerlo. Convirtamos esa jornada en una victoria y construyamos a partir de esa victoria.

En otros escritos hemos presentado algunos elementos generales de un posible programa mínimo, que resumo para concluir:

Auditoría y anulación de la deuda bajo la doctrina de cambio de circunstancia y estado de necesidad.

Aportación federal significativa para la reconstrucción. Sería justa compensación por una relación colonial de cuyo impacto (pobreza, desempleo masivo, sobreendeudamiento, etc.) el Congreso es responsable, y por medidas (como la reciente reforma contributiva federal) que nos afectan negativamente. Esto debe incluir fondos para la rápida transición a la energía renovable.

Reforma contributiva que recupere la riqueza que hoy se fuga y la que se acumula en pocas manos y se invierte especulativa o improductivamente.

Un plan de reconstrucción asentado en los fondos liberados por la anulación de la deuda, aportaciones federales, recuperación de ganancias que se fugan y nuevas inversiones externas sujetas a prioridades que convengan a nuestro desarrollo.

No a la privatización y reforma gubernamental con participación laboral y ciudadana. El problema no es la propiedad pública, es la mala y corrupta administración de lo público.

Fin a las injustas y contraproducentes medidas de austeridad, incluyendo la defensa de los planes de retiro y a la UPR.

 

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