Una puesta al dia de PROMESA

 

CLARIDAD

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Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reafirma el poder de la Junta de Control Fiscal sobre el Gobierno de Puerto Rico, la designación de un representante de los fondos buitres a la Junta, presiones por parte de acreedores para que la juez Taylor Swain le imponga un calendario de negociación a la JCF y filtraciones de las reuniones de mediación son el marco que ciñe al pueblo de Puerto Rico frente a la Junta de Control Fiscal. 

Este cuadro se desprende de entrevista al licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez en el pódcast Temprano en la Tarde, de los profesores José Raúl Cepeda y Gary Gutiérrez por WPAB radio. El 6 de octubre, el Tribunal Supremo denegó una petición del Gobierno de Puerto Rico de revisar la opinión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que rechazó la intención del Gobierno de expandir su poder de gastos más allá de los niveles autorizados por la Junta de Control Fiscal. 

Emmanuelli Jiménez, experto en la ley PROMESA, explicó que la decisión del Tribunal en realidad no es una decisión en los méritos, aunque si tiene la consecuencia de que confirma lo que había resuelto el Tribunal Apelativo de que la Junta decide a su arbitrio y entera discreción qué es lo que va en el Plan Fiscal. Y lo que ellos pongan en ese plan es obligatorio para el Gobierno. En ese sentido dijo que el “No ha lugar” del tribunal a la petición de cerciorati que radicó el Gobierno tiene esa consecuencia práctica. 

Este pleito se originó el pasado año cuando la JCF le dio al entonces gobernador, Ricardo Rosselló, la oportunidad de que el Gobierno preparase el plan fiscal y luego, a partir de eso, es que se preparaba el presupuesto. Según la Ley PROMESA, se le da la primera oportunidad a la Legislatura, “pero si la Legislatura no entra por donde dice la Junta que tiene que entrar, la Junta aprueba su propio presupuesto. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora”. 

La ley PROMESA tiene una disposición que dice que la Junta le puede hacer recomendaciones al Gobierno central sobre políticas que puedan ayudar a restablecer las finanzas y que si el Ejecutivo rechaza la recomendación, tiene que hacer un informe y notificarlo al presidente de la Junta para que se enteren de por qué la rechaza. 

El licenciado Emmanuelli Jiménez resaltó: “Pero mira lo que hace la Junta. Primero hace una recomendación sobre presupuesto, y el Gobierno la rechaza. Entonces, la Junta lo que hizo fue que puso la recomendación en el Plan Fiscal. Entonces, el gobernador Rosselló dijo: ‘Eso es trampa’. Si es una recomendación, es una recomendación y yo puedo rechazarla. Entonces Rosselló demandó a la Junta diciendo que la Junta hizo trampa, en el sentido de que sometió en el Plan Fiscal una recomendación que él había rechazado, y que eso violaba los limitados poderes que tiene el Gobierno de P.R. ante la Junta”. 

Comentó, además, que desde que se radicó la demanda había dicho que el caso no iba a ningún lado porque no cuestionaba en términos sustantivos la constitucionalidad de la Ley PROMESA. La demanda lo que hizo fue cuestionar la interpretación que hace la Junta sobre la Ley. El Tribunal Supremo solo acepta el 1% de las peticiones que se les presenta, y emitió un no ha lugar. Es decir, no va a considerar el caso. El efecto que tiene es que se mantiene la decisión de la juez Swain y del Apelativo, que dice que la Junta tiene el poder de tomar una recomendación que el gobernador haya rechazado y hacerla obligatoria en un plan fiscal.

A juicio del licenciado, las consecuencias políticas de esa decisión son devastadoras. Agregó que hay falta de seriedad en los planteamientos que hace el Gobierno respecto a la ley PROMESA. Trajo a la atención que la gobernadora también ha radicado seis demandas relacionadas con el proceso de aprobación de unas leyes que en realidad son demandas frívolas porque lo que hacen es cuestionar unos poderes que están claros en la Ley. 

“Hay que tomar en cuenta que los abogados que la gobernadora tiene en este proceso es un bufete de Nueva York, de naturaleza global, que cobra más de $700 dólares la hora y que vive de las reestructuraciones municipales. Entonces, imagínate un bufete que vive de las reestructuraciones de deudas municipales, cuestionando la ley que le provee una parte sustancial de los ingresos del bufete en estos últimos años”. 

Señaló que considera que hay un potencial conflicto de intereses que tal vez ha impedido que estos abogados hagan recomendaciones más agresivas para defender los intereses del pueblo de Puerto Rico. Incluso reveló que en conversaciones que ha tenido con algunos de ellos, estos le han dicho que si cuestionan la constitucionalidad de PROMESA se cae la paralización automática de los casos y entonces, detrás de esa paralización, vienen las demandas. Su respuesta es que comoquiera es un proceso donde el Gobierno tiene sus defensas, por lo que hay que dejar que vengan las demandas y se defiendan los casos en los tribunales. Pero de ser así, el Congreso tendría que proveer si es bajo el esquema colonial una alternativa a la ley Promesa.

El experto en casos de quiebra dijo que La ley Promesa, en términos de sus objetivos, no necesita una JCF y que por ejemplo, las corporaciones municipales de los estados tienen el Capítulo 9, pero no tienen una JCF. “Así que el andamiaje ultracolonial que impone la JCF es una medida adicional para dirigir todos los asuntos del Gobierno, pero no es necesaria para la restructuración de la deuda, que es el problema principal”.

El nuevo miembro de la Junta

“Han sembrado en esa Junta un tipo que tiene el corazón, la voluntad y la acción comprometida con los acreedores, así que de esa persona no podemos esperar nada bueno”, expresó sobre el nombramiento de Justin Peterson a la JCF. Emmanuelli Jiménez denunció que como oficial ejecutivo de una empresa de relaciones públicas (DCI Group), que tiene entre sus clientes a grupos de acreedores de bonos del Gobierno de Puerto Rico, Peterson viene a manejar la controversia de cómo lograr darles el máximo a los acreedores y mantener tal vez una opinión pública favorable a esa transacción. 

La presión de los bonistas

El nombramiento de Peterson se dio el mismo día (seis de octubre) en que el grupo de acreedores que integran la llamada Coalición de Deuda Legitima (CDI) y otros bonistas radicaron una moción ante la juez Taylor Swain, solicitando que le fije términos a la JCF para establecer y confirmar el plan de ajuste de deuda del Gobierno central. El licenciado dijo creer que el Plan Fiscal, como está construido, presenta un problema para la reestructuración de la deuda, ya que van cuatro años sin que se haya podido resolver el problema de la quiebra y los planes que hay hasta el momento no ofrecen una solución. Ahora el asunto se va complicando al aumentar la presión de los acreedores sobre la Junta. 

Se dice, dependiendo de quién sea la fuente, que lo peor del proceso de reestructuración en el Tribunal es que ya se han gastado $650 millones del pueblo de Puerto Rico. Otros dicen que se han gastado $1,000 millones en una reestructuración que no ha traído ningún resultado por todas estas complejidades. 

“No hay voluntad política del Gobierno para tratar que PROMESA se derogue, se enmiende sustancialmente para corregir estos vicios que estamos mencionando. La Ley no provee las herramientas para que el proceso de reestructuración sea lo más fácil posible”. 

Emmanuelli Jiménez resaltó que según ha estado señalando desde que se discutía la Ley, como está diseñada la ley Promesa, en un sistema colonial y de economía de enclave colonial, donde la economía está dirigida a extraer la riqueza del país nada más, esta no es viable. No va a poder lograr los cuatro presupuestos balanceados que deben ser consecutivos para el consecuente acceso a los mercados a un costo razonable y para que la Junta se vaya. A su parecer, si eso no se logra, lo que implicaría es que la JCF se quedaría indefinidamente. 

“El mejor estimado de cuándo se podría ir la Junta, si todo sale perfecto, es de aquí a 6 años. Entonces ya estaríamos entrando en el próximo cuatrienio. O sea, Puerto Rico va aguantar la indignidad de estar sujeto a una junta no electa que está controlando por disposición judicial todos los aspectos de la política pública”. Reveló que aunque no sale en la prensa, la Junta escribe cartas casi todos los días regañado, apercibiendo, amenazando a las agencias de gobierno. 

Para completar el cuadro, también trajo a la luz que en sesiones de mediación sobre la reestructuración se está dando lo que se conoce como “revelación de información privilegiada” (insider trading). Se discute información bien sensitiva que podría ser explosiva en términos de los mercados y, a la luz de esa información, los que participan de esas negociaciones escogen vender o comprar bonos. Esa situación está prohibida por ley y puede ser objeto de investigación por la Comisión de Valores, el FBI y los secretarios de justicia de los diferentes Estados, en particular el de Nueva York. 

En agosto del año en curso, CLARIDAD publicó un artículo sobre este particular. 

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