CLARIDAD
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Ahora, la Junta de Retiro y el Fideicomiso de la Universidad de Puerto Rico se convierten en un ente con personalidad jurídica independiente de la UPR con la potestad y responsabilidad de proteger los beneficios de los participantes, entiéndase empleados activos y pensionados.
Tras la decisión, el pasado 1 de octubre, el Tribunal de Apelaciones confirió a la Junta de Retiro de la UPR la autoridad para administrar y decidir los asuntos fiscales sobre el Plan de Retiro de la Universidad. Luis Vicenty Santini, electo presidente de la Junta de Retiro-UPR el pasado 9 de octubre, explicó que la fiducia es el ejercicio de la responsabilidad fiscal y legal sobre el dinero que hay en el Fideicomiso de Retiro para pagar las pensiones y los beneficios de los jubilados.
Se trata de una sentencia histórica que responsabiliza a la Junta de Retiro de la UPR en el manejo de esos activos, a la vez que le otorga la facultad de proteger el Plan de Retiro y de tomar decisiones sobre el mismo. “Nos da la responsabilidad directa de hacer los reclamos a la Universidad sobre cualquier menoscabo que se esté realizando al Sistema de Retiro”, dijo.
Por años, la Universidad, o la Junta de Gobierno de la UPR (JG-UPR), como fiduciario no pagó lo que le requería el actuario, lo que fue generando un menoscabo en el Sistema de Retiro UPR similar a lo que sucedió con los sistemas de retiro del Gobierno central. Actualmente, esos sistemas no están pagando las pensiones, quien lo está haciendo es el Gobierno de Puerto Rico, del Fondo General.
Sin embargo, el Sistema de Retiro UPR pagó sus pensiones de su cuenta de inversiones, un fondo de de $1.5 billones, “lo bastante robusto como para pagar todas las pensiones”, señaló Vicenty.
“Pero tú no deberías estar comiéndote las ganancias de esa cuenta de inversiones en un momento en que alguien te debe dinero. Deberías estar rellenando esa ganancia de inversiones por si acaso en el futuro hay una situación en la que no se pueda pagar las pensiones. Mientras más grande la cuenta de inversiones en momentos de crisis, más tiempo que tú puedes aguantar”, añadió.
Se pretendía cambiar el Plan de Beneficios Definidos a un Plan de Contribución Definida, bajo las premisas de que el Sistema de Retiro no estaba solvente, que tenía problemas de cash flow y que la Universidad no podía pagar.
“Este año, la Universidad hizo una aportación de $160 millones cuando las aportaciones previas de los últimos cinco años no pasaban de $80 millones y no cumplieron con ellas. El Sistema estaba pagando pensiones, lo que quiere decir que estaba solvente. El otro asunto es que la compañía BDO decía que el Sistema tenía un problema de cash flow”, expuso.
Sobre las aportaciones, Vicenty añadió que el acumulado de esas deficiencias se recoge en un estudio actuarial y en un estado financiero. De eso sale a relucir que como producto de esa inacción, de no haber pagado en esos años, tenían que pagar $160 millones. Al final del año fiscal 2019-20, que terminó el 30 de junio de 2020, la JG-UPR hizo una aportación de $160 millones. La aportación de este año que le establecen la Junta de Control Fiscal y el actuario también es de $160 millones.
“Este año, después de que ellos hicieron la aportación de $160 millones, nosotros no hemos tenido ni que vender ganancias de inversiones para poder pagar las pensiones […] Ahora mismo no hay problema de cash flow, porque, obviamente, si tú me debes y no me pagas, yo no puedo pagar mis obligaciones. Pero si tú me debes y me empiezas a pagar, yo puedo correr toda mi operación bien”, sostuvo Vicenty.
El Tribunal de Apelacionesle quitó la fiducia a la JG-UPR porque todas las acciones previas desde el 2015 demostraban que ellos fueron negligentes en esa operación.
Tras esa decisión, el nuevo presidente de la Junta de Retiro UPR explicó que lo primero es comenzar a dar los pasos para advenir a la fiducia mediante un proceso ordenado. Por tal razón, se encuentran gestionando unas reuniones con el presidente de la universidad y la JG-UPR para ver cómo se va a llevar a cabo el proceso de transición.
Vicenty enfatizó en que deben ser prudentes en ese ejercicio porque la parte demandada, entiéndase, la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Gobierno como ente rector, tienen hasta el 31 de octubre para llevar a cabo una reconsideración al Tribunal de Apelaciones. Por otra parte, pueden hacer una apelación producto de un certiorati al Tribunal Supremo. Ese recurso es bastante difícil porque requiere que la JG-UPR pruebe que se le hace un daño irreparable al Sistema de Retiro al otorgarle la fiducia a la Junta de Retiro de la UPR.
“Esto es una sentencia histórica, una vindicación para los trabajadores universitarios en su lucha por mantener su Sistema de Retiro de Beneficios Definidos. Aquí ha quedado demostrada la irresponsabilidad de la Junta de Gobierno para con el Sistema de Retiro en distintos aspectos, que siempre quisimos conversar con ellos en búsqueda de alternativas y soluciones. Han sido las acciones de Zoraida Buxó y Walter Alomar las que han llevado la situación a este punto. ¿Qué pide la comunidad universitaria en estos momentos? Que se detenga el ataque en contra de nuestro Sistema de Beneficios Definidos y que los trabajadores puedan obtener aquello por lo que han luchado y por lo que han trabajado toda una vida, máxime en el momento más importante, que es el momento de su vejez”, concluyó
